Con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se coincidió en que hubo impedimentos debido a la alteración de vestigios y en el lugar donde se cometió el delito.
Ciudad de México (Notimex).- El Grupo de Trabajo para Coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, entregó su informe final, con lo cual cumple y concluye sus funciones.
Después de aprobar el documento, éste se remitió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que lo programe para darlo a conocer al pleno camaral.
Al terminar la reunión que encabezó la coordinadora del Grupo de Trabajo, la perredista Elena Tapia Fonllem, el integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Fidel Pacheco, reconoció el profesionalismo con que se dirigió ese grupo.
Leyó un párrafo inicial de ese informe en el que da a conocer que el documento se presentará en su momento a los órganos de gobierno de la Cámara, y se verá modificado por las consideraciones que hizo ese grupo plural de trabajo.
En el documento se precisa que nada de lo asentado en el presente informe deberá interpretarse en el sentido de afirmar o negar la responsabilidad penal o administrativa de cualquier otra índole de las personas sujetas o no a proceso penal, víctimas directas o indirectas, servidores públicos o cualquiera otras.
“Su contenido corresponde exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del grupo y al ejercicio de las atribuciones de sus integrantes en tanto integrantes de la Cámara de Diputados….”
Apuntó que lo antes señalado es un párrafo que expresa estrictamente con el mandato que les dio la Cámara en este asunto tan trascendente para el país.
Posteriormente en conferencia de prensa, la coordinadora de dicho grupo de trabajo, Elena Tapia, leyó ante los representantes de los medios de comunicación algunas de las conclusiones que contiene el informe.
En ellas se destaca que el esclarecimiento de los hechos debe tener como consecuencia necesaria acciones y proyectos del Estado en su conjunto para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las conductas violatorias de los derechos humanos.
Lo anterior incluye políticas públicas y reformas legislativas sobre diversos temas en lo particular, y la adopción de medidas para que se apliquen las normas ya existentes y que presuntamente se violaron en el caso Tlatlaya.
Las conclusiones fueron leídas por las diputadas Elena Tapia y Loretta Ortiz Ahlf, integrantes del grupo de diputados de Morena, quienes precisaron que se trata de 39 puntos y que durante el tiempo que emplearon para investigar encontraron resistencia de brindar información.
Se expresa en las conclusiones que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se tuvieron impedimentos debido a la alteración de vestigios y en el lugar donde se cometió el delito.
También se puntualiza que hubo deficiencia en la recolección de pruebas, preservación de la escena, en la cadena de custodia, análisis pericial y participación de funcionarios del Estado de México.
Se describió que fue un caso de violación grave de los derechos humanos, como lo reclasificó la CNDH, y puntualizaron también la falta de información y documentos de las autoridades mexiquenses que les solicitaron los diputados de este grupo.
De acuerdo con los legisladores, la recomendación de la CNDH aún está en proceso de solventar, y las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de México (PGJEM) deberán valorar elementos que les abone el ombudsman nacional, y se deberá cumplir la recomendación.
También indican que se deben atender las medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Resalta que en este caso hubo un ilegal, excesivo y desproporcionado uso de la fuerza de efectivos militares.
Consideró necesario que se deseche la versión de que fue un enfrentamiento, y urge a que el Congreso de la Unión emita la legislación sobre uso legítimo de la fuerza, sobre la reforma en el tema de tortura y ejecución extrajudicial.
En el marco de la reforma en seguridad y justicia, deberá haber un diálogo entre poderes para lograr un acuerdo amplio sobre retiro racional y paulatino de fuerzas armadas de tareas de seguridad pública.
Considera que con la aceptación de la recomendación de la CNDH por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se reconoce violación a derechos como el de la vida y acceso a justicia.
El informe sugiere a dicha dependencia que corrija fallas en la actuación de sus elementos y tenga un control estricto de actos de sus superiores, así como de protocolos de actuación en casos con civiles involucrados y se ofrezca la ruta para evitar que se repita un caso similar.
Que se esclarezcan responsabilidades penales administrativas de los elementos militares detenidos extendiendo a mandos jerárquicos o los que tenían responsabilidad de estos elementos.
El informe plantea solicitar que la PGR dé a conocer avances sobre la investigación de los militares detenidos y aclare públicamente si inició investigación penal o administrativa por dilación en el inicio de la averiguación.
Además, que la Secretaría de Gobernación (Segob) continúe con la implementación de las medidas cautelares emitidas por la CIDH, y confió en que esta dependencia federal dará seguimiento a la recomendación de la CNDH.
Asimismo, que dicte medidas administrativas para evitar la repetición de los hechos y siga en el esfuerzo para dar seguimiento a víctimas de esos hechos.
El documento exhorta a las autoridades para que víctimas indirectas contacten a la autoridad para hacer valer sus derechos y que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigue a funcionarios que pudieron incurrir en irregularidades y considere sanciones.
Que también la PGJEM aclare por qué no investigó manipulación de la escena, que los peritos llegaron seis horas tarde de haber ocurrido los hechos y que informe sobre los avances en procesos penales a funcionarios locales y que brinde atención a las víctimas para reparar daños.