En las últimas semanas en México se han celebrado tres acontecimientos de enorme importancia para el futuro del país.
El domingo 5 de junio se efectuaron elecciones en 14 entidades federativas. En 12 de ellas se eligieron a gobernadores estatales. En esas elecciones, en cinco estados triunfó el candidato presentado por la coalición que encabezó el PRI, en tanto que en siete ganó el candidato del PAN o de la coalición liderada por ese partido. Fue un claro triunfo de Acción Nacional. En los últimos días se han publicado en los medios y se han comentado en los círculos académicos múltiples análisis e interpretaciones.
Para mi uno de los aspectos más destacables y positivos fue la muestra de civilidad y madurez que dio la sociedad civil. Buena parte del electorado salió a votar en el contexto de que varios de los gobernadores salientes son los peores que ha tenido el país en cuanto a su nivel de corrupción, irresponsabilidad, ineficacia e ineficiencia. Sin embargo, mucha gente salió a votar, no nada más las estructuras que controlan los partidos políticos. La gente salió a votar aunque varios de los candidatos triunfantes son impresentables e incluso un par de ellos con tan mala o peor fama pública que los pésimos gobernadores a los que van a sustituir.
La buena noticia es que un amplio sector de la sociedad mexicana sigue creyendo en la democracia y en la solución pacífica de los problemas a pesar del creciente desprestigio de la clase política, de los partidos y de las instituciones electorales. Fue una vez más una muestra de civilidad que espero que entiendan los políticos profesionales.
El otro evento de enorme relevancia fue la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. Con esta reforma se moderniza el sistema jurídico mexicano, se fortalece la noción del debido proceso y de la presunción de inocencia. Esta reforma se suma a otras que ha aprobado en los últimos años el Estado mexicano como las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos aprobadas en 2011.
Es claro que el objetivo es fortalecer los derechos del individuo frente al Estado y proteger a la persona en contra de la arbitrariedad y el abuso del poder. Es un paso más para la consolidación de un eficaz Estado de Derecho. Sin embargo, a juicio de numerosos analistas, el país no hizo la tarea para capacitar adecuadamente a los operadores de este nuevo marco jurídico en diversos ámbitos para asegurar el éxito de la reforma en materia de justicia penal. Esta situación podría ocasionar que en los primeros años de aplicación del nuevo sistema la sociedad sienta frustración frente a la posible ineficacia del mismo para sancionar a algunos criminales. Por eso urge redoblar esfuerzos para capacitar adecuadamente a todos los actores involucrados en el nuevo sistema de justicia penal.
El tercer evento de enorme importancia está relacionado con el combate a la corrupción y a la impunidad, problema ancestral y estructural del país. La lucha contra estos vicios es una sentida y profunda demanda de la sociedad civil. Se aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción. Así, el Congreso de la Unión aprobó cuatro nuevas leyes y reformó tres ordenamientos jurídicos para dar vida al nuevo sistema. Hay coincidencia de que se trata de un paso importante en la dirección correcta y aún de que es un relevante logro de la sociedad civil. Sin embargo, buena parte de los promotores no quedaron satisfechos. El tema es polémico, pero queda claro que aún falta mucho por hacer y entre varios sectores sociales se considera que los legisladores se quedaron cortos.
En suma, el aspecto positivo de estos tres eventos es que la sociedad civil en México es crecientemente fuerte y participativa, que se debe continuar organizando y presionando para lograr los cambios que el país requiere. Esa es la esperanza. México necesita consolidar un verdadero y eficaz Estado democrático de Derecho porque esa es una condición necesaria para el progreso del país.