Michoacán ha visto una situación sin precedente. Grupos de ciudadanos, hartos del amago por parte del crimen organizado, decidieron tomar las armas para defender su patrimonio y su bienestar.
Un punto culminante en esta situación ocurrió la semana pasada, cuando el gobierno federal firmó un acuerdo con los denominados grupos de autodefensa, con la finalidad de que éstas sean reconocidas por la autoridad, así como para cooperar con las fuerzas armadas en la lucha contra criminales.
Para un análisis más completo del escenario actual, así como una perspectiva a futuro de esto, El Semanario Sin Límites conversó con el maestro Sergio Bárcena Juárez, Profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey.
-¿Qué perspectiva tiene de la reciente institucionalización de las autodefensas?
-De esta nueva etapa de la relación del gobierno federal y las autodefensas, es que las autoridades se percataron de que el desarme inmediato es algo totalmente inviable, por varias razones. La primera porque las autodefensas ya comenzaron a contar con cierta legitimidad dentro de Michoacán; hay mucha gente que ya las identifica como los cuerpos que ya pacificar la situación en la región.
Por otra parte, si el gobierno los hubiera querido desarmar de un día para otro, hubiera dejado muy vulnerable no sólo a los grupos de autodefensas, sino también a las comunidades que ellos protegen. Hay varios de estos grupos que son legítimos, que sí vienen de la sociedad civil, están organizados y tienen objetivos muy claros.
También hay que tener en cuenta que no todas las autodefensas son perfectamente legítimas; se ha documentado mucho cómo hay algunas que están incluso financiadas no sólo por empresas, sino hasta por miembros del crimen organizado para hacer daño a otros grupos de protección.
-En su opinión de experto, ¿cómo podría el gobierno federal discernir entre las autodefensas legítimas y las que tienen motivos ulteriores?
-La estrategia más común para que el gobierno se percate si es un grupo legítimo o ilegítimo es establecer pactos con ellos, pero reconociendo primero a los líderes de cada autodefensa, y tenerlos identificados.
La primera tarea que deben hacer las autoridades es de inteligencia e investigación, porque es casi imposible saber de buenas a primeras qué grupos están infiltrados, que responden a intereses; tienen que dejar que se siga desarrollando esta relación entre ambos, pero bajo un criterio de alta inteligencia, y de investigar a cada uno de los líderes, sobre todo.
“Si el gobierno los hubiera querido desarmar de un día para otro, hubiera dejado muy vulnerable no sólo a los grupos de autodefensas, sino también a las comunidades que ellos protegen”.
-Desde un aspecto legal, ¿cuál es la figura que estos grupos adoptarían, si es que no son policías municipales o comunitarios?
-Lo que sucede es que las policías comunitarias llegan a serlo cuando están avaladas por el gobierno, entonces los grupos de autodefensa se reconocen como tales porque actúan por fuera de lo gubernamentalmente permitido, es decir, no están reconocidos.
En el caso de las policías, quiere decir que este grupo de personas que trabajan bajo los lineamientos del gobierno han sido formalmente reconocidos. Simplemente sería una transformación de los grupos de facto, en este caso de las autodefensas, en grupo de jure, como las comunitarias. Y eso no sólo implica que se les reconozca jurídicamente, sino que van a tener que acatar reglas como qué tipo de armas pueden portar, que de hecho no pueden estar por encima a lo que todos los ciudadanos estamos sujetos, a no tener armas en nuestra posesión, y el tipo de relación que deberán tener con el gobierno es de coadyuvar, y no de que ellos ejerzan funciones de justicia y de investigación, como lo han hecho hasta ahora.
Se les van a quitar funciones, pero la idea es que le den también un esquema de gobernado, donde el Estado se valga de los recursos de inteligencia que estas autodefensas han desarrollado para ayudar a la detección y a la eliminación del crimen organizado.
“Los grupos de autodefensa se reconocen como tales porque actúan por fuera de lo gubernamentalmente permitido”.
-La aplicación de la ley pareciera ambigua en este caso. Por ejemplo, ¿qué pasa con los civiles que portan armas de uso exclusivo del ejército?
-En ese caso, el gobierno debe enviar el mensaje de que aun siendo sociedad civil organizada y siendo legítimas sus demandas, tiene que ser enérgico al no permitir el uso de estas armas, porque esto significaría darle a la población un mensaje dual. Por un lado tenemos un caos del crimen organizado, pero por otro lado también tenemos el riesgo de personas por las cuales nosotros no respondemos y que usan armas exclusivas del ejército.
-¿Cuál debe ser la posición gubernamental frente a la posibilidad de que la motivación de las autodefensas se desvirtúe y ocurra lo mismo que sucedió con los Caballeros Templarios?
-Yo no creo que esto sea un riesgo que esté el gobierno enfrentando, porque las autodefensas se crean con un objetivo coyuntural y que tienen una temporalidad limitada. No van a trascender más allá porque no tienen intereses de reivindicación.
Cuando los grupos armados tienden a durar más tiempo, es cuando traen dentro de su discurso y agenda elementos argumentativos contrarios al gobierno. Por ejemplo, el caso del País Vasco, el caso de Chiapas en nuestro país, son confrontaciones directas con el gobierno, y no es que estén supliendo las funciones de la autoridad. No es riesgo real o latente que ni siquiera se está previendo.
-Aunque el caso de Michoacán es particular, ¿qué otros estados de la República Mexicana tienen el riesgo de ver en su territorio el surgimiento de grupos de autodefensa?
-En los lugares con más cultivo, acceso y movimiento de drogas es donde más probable que se de el surgimiento de estas autodefensas. Podría pensar en el triángulo norte, Durango, Chihuahua, y en la zona sur, que es siempre la más vulnerable en términos de gobierno, y que tienen que ver con la producción, que son Guerrero y Oaxaca.
“Lo primero que debe definir el gobierno es que estas armas no pueden ser utilizadas por los grupo de autodefensa o comunitarios”.
-En que caso de que esto ocurriera, ¿qué estrategia debería poner en marcha el gobierno federal? ¿Tendría que ser la misma que aplicó en Michoacán?
-Yo diría que incluso se tardaron en actuar. Al gobierno federal le tomó mucho tiempo introducirse de manera directa a través del ejército y de los programas -que hemos estado viendo anunciados- de reconstrucción económica.
Lo ideal es que desde el momento en que se conocen los focos rojos, que desde luego tiene identificados y tiene claros, empezar a promover planes de regeneración social y económica antes de que fuera necesario meter al ejército.
La estrategia ideal es esa parte del desarrollo económico de Michoacán que intentan actualmente, y no sólo recuperación. Llevar a estos lugares sus políticas públicas enfocadas a reducir la desigualdad, a enfocar la inversión, reconocer y proteger los intereses de los empresarios y de la gente que mueve el dinero en el estado. Esto es lo que podría limitar y mitigar, en cierto sentido, el efecto del narcotráfico y después el efecto de los grupos organizados de autodefensa.
-Desde un aspecto jurídico, ¿esta situación marca algún precedente en torno a la defensa legítima que ciudadano puede ejercer?
-Esto sí va a marcar un precedente, porque el Estado, al pactar o establecer negociaciones con grupos que surgieron de la sociedad civil organizada, sí sienta un precedente.
En primer lugar, demuestra que la sociedad responde cuando está en necesidad; segunda, de que el gobierno no es suficiente para hacer frente a los problemas cotidianos y sobre todo extraordinarios, como los que estamos viendo; y en tercero, que el Estado debe tomar una posición flexible en torno a al uso y ejercicio de la fuerza propia de la sociedad.
“Al principio, a las autodefensas querían desarmarlas de un día a otro, pero creo que el gobierno hizo una medición de los riesgos políticos y con la sociedad, y se dieron cuenta de que no hubieras sido posible desarticular el grupo de un momento”.
-¿Hubiera resultado en una confrontación entre las autodefensas y las autoridades?
-No una confrontación necesariamente, sino que hubiera quedado completamente desprotegidos varios poblados y grupos. Son muy características las recientes declaraciones en Michoacán que recuerdan que el estado no son sólo las ciudades, sino también las zonas rurales que son las más vulnerables, donde más pesaría la ausencia tanto del gobierno como de las autodefensas.
-¿Qué lección nos deja, tanto a las autoridades como a la sociedad, lo que ha ocurrido en Michoacán?
-La primera es que la mejor estrategia contra el narcotráfico es la prevención, como ahora lo da a entender el gobierno, cuya estrategia para diferenciarse de la Felipe Calderón es la de introducir no sólo al ejército, sino también un plan de políticas públicas, porque la única forma de regenera el tejido socioeconómico, es a través de un desarrollo fortalecido e integral.
Que los polos de desarrollo del narcotráfico tienden a generarse en los lugares donde no hay oportunidades y hay una alta heterogeneidad en los ingresos. Además el gobierno local tiene ciertas debilidades administrativas y organizativas.
Por Gustavo E. Pérez Ramírez.