Organizaciones campesinas exigen consulta para revocar leyes energéticas

Organizaciones campesinas afirman que la aprobación de la ley secundaria en materia de hidrocarburos en la Cámara de diputados va en perjuicio de productores del campo medianos y pequeños propietarios de la tierra en México.

Ciudad de México.- Los integrantes de organizaciones campesinas, Héctor Yescas de Unidad Democrática Nacional y José Narro Céspedes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, señalaron en conferencia de prensa que la aprobación de la ley secundaria en materia de hidrocarburos en la Cámara de diputados va en perjuicio de productores del campo medianos y pequeños propietarios de la tierra en México

Yescas calificó a las leyes secundarias en materia energética como “leyes de mala fe” porque perjudican gravemente al sector campesino y lastiman de manera directa a la población que vive de este sector, porque será despojada de sus tierras para dar paso a la extracción de gas o hidrocarburos con el término de ocupación temporal, que es un disfraz en la ley para permitir el despojo de las tierras.

Narro enfatizó que con la reforma energética y sus leyes secundarias se ha conformado un atraco a la nación, porque cuando plantean que la producción de energía, hidrocarburos y minas son actividades de interés público y tienen preferencia y conservan un interés social y de orden público; se dan las condiciones legales en la ley para permitir la expropiación de las tierras a los propietarios rurales.

Señaló que esta ley no es retroactiva y se tienen que respetar los derechos de los ejidatarios y pequeñas comunidades rurales del país, subrayó que se dará la lucha por el respeto de estos ante la Corte Nacional y las Cortes internacionales.

Agregó que las organizaciones campesinas apoyarán al PRD en impulsar e informar en toda la República Mexicana lo importante y fundamental que es llevar a cabo la consulta popular, para revocar estas reformas en materia energética.

Indicó también que las organizaciones campesinas han planteado que la producción de alimentos y soberanía alimentaria sea considerada una actividad preferente y de interés social, en lugar de la producción de energéticos, porque México importa el 40 por ciento de los alimentos que consumimos y dependemos del exterior para cubrir la demanda interna.

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