Senado pide conmemorar los movimientos estudiantiles y buscar expedientes de la FEMOSPP

Senadores piden que se reabran los expedientes producidos por la Fiscalía especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP); y una placa conmemorativa por el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968.

Ciudad de México (elsemanario.com).-El Senado publicó un boletín en que se hacía público un dictamen en que se contempla dar seguimiento a la Fiscalía especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual fue creada durante el sexenio del expresidente Vicente Fox y extinta durante la era de su sucesor Felipe Calderón, sin haber conseguido ningún castigo a los responsables. El logro de Ignacio Carrillo Prieto, quien encabezó esta fiscalía, fue el de lograr que se dictara orden de aprehensión contra el expresidente Luís Echeverría, pero que bajo el recurso de prisión preventiva nunca vio el interior de una cárcel. A casi siete años de su desaparición, los senadores solicitan que se les entreguen las investigaciones y procesos penales que la FEMOSPP había logrado.

Dentro de este punto, en el dictamen también se solicita la colocación de una placa en conmemoración del movimiento estudiantil del 68. Este fue uno de los temas centrales que tenía por objeto investigar la FEMOSPP, sin fruto alguno. ¿Acaso a falta de justicia y castigo a los responsables se ofrece un mero reconocimiento en forma de recuerdo? ¿Podrán llegar más lejos con los expedientes de la FEMOSPP que Carrillo Prieto?

En febrero de este año, Carrillo Prieto durante una entrevista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que la desaparición de la fiscalía fue un mensaje claro: la pervivencia de la impunidad tanto de los delitos políticos de los años 70 como los que se cometerían en el futuro. “Fue un mensaje para decir ‘no importan las desapariciones y no se castigará nada’. Eso fue uno de lso resultados dañinos, tremendos del poco escrúpulo que tuvo el gobierno panista para cerrar en falso la fiscalía”, afirmó durante la entrevista.

El punto central del dictamen reza sobre la petición a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y a las legislaturas estatales que acepten e incorporen a sus leyes la Ley general de Víctimas. Anuncian en dicho documento que “es necesario que las entidades armonicen su legislación con este marco jurídico, a fin de contar con las herramientas que permitan garantizar la protección de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos […] permitirá contar con los mecanismos de asistencia, así como la implementación de medidas como el registro de víctimas, comisiones ejecutivas de atención a víctimas locales, fondos de ayuda, asistencia, así como centros de asesoría jurídica”.

Un elemento específico que se busca con esta petición es el de crear un grupo plural que mantenga vigilancia en refugios, albergues y casas de transición; propuesta hecha inicialmente por el ejecutivo. Esto de alguna manera hace eco al discurso del ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos, Juan Manuel Estrada, quien el pasado viernes resaltó que otra legislación a favor de los derechos humanos, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, también sólo había sido aprobada a nivel estatal, siendo necesaria su aplicación a nivel nacional. De igual forma, Estrada enfatizó en la necesidad que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tuviera mayor presencia y seguimiento en su labor.

No obstante, la composición de este grupo plural no contempla la participación de miembros de la CNDH. En el dictamen exponen que “será integrado por personal de la Secretaría de Gobernación, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y por legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión.” Los resultados de la supervisión de este grupo, se espera que echen luz sobre los problemas que pueblan estas instituciones de atención y buscar los mecanismos de regulación para garantizar los derechos personales.

Como último punto, el Senado solicitó a la CNDH que diera a conocer el resultado de sus investigaciones sobre el derrame de químicos en los ríos Bacanuchi y Sonora.

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