El senador del PRD Isidro Pedraza, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Senado, anunció su iniciativa por establecer una legislación para que, cuando una comunidad indígena sea afectada por alguna decisión gubernamental, deberá ser consultada.
Ciudad de México (elsemanario.com).- El Senado, en comunicado de prensa, informó que el perredista Isidro Pedraza Chávez presentó la iniciativa de la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, la cual busca establecer la obligatoriedad del gobierno para consultar con las comunidades cuando se implementen medidas administrativas y legislativas que puedan atentar contra sus derechos.
Esta consulta se dará sobre el principio de la “buena fe” y estará encausada a la creación de acuerdos. Es decir, no se dará marcha atrás en estas medidas, sino que se negociarán las afectaciones a los derechos de los indígenas. La ley también contempla el derecho colectivo que funcione como garante de la unidad nacional en su composición pluricultural. Con dicha Ley el Estado estará obligado a informar sobre posibles riesgos a la salud y al medio ambiente que conlleve un plan de desarrollo o inversión.
Pedraza advierte que no existe hasta la fecha ninguna legislación que implemente una constante comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas, o hay regulación que contemple temas a estos pueblos en temas de gran impacto. Esto implica la permanencia de desigualdad entre los mexicanos, afirmó el senador.
También indicó que estas comunidades se encuentran especialmente expuestas a la voracidad de las empresas trasnacionales, las cuales buscan los recursos materiales que yacen en los territorios donde éstas se asientan. Reiteró en la necesidad de esta legislación para permitir que exista una comunicación igualitaria entre el gobierno y los pueblos indígenas aunque sólo sea en materia que los atañe directamente.
Esta iniciativa será sujeta a análisis y dictamen por la Comisión de Asuntos Indígenas. Pero habría que preguntarnos si esta ley de consulta no debería ser aplicada de una forma más general, que ayude a evitar sucesos como los de la lucha de los pobladores de San Salvador Atenco en contra de la construcción de un nuevo aeropuerto.
Esta propuesta indica que el derecho mexicano conserva amplios vacíos en materia indígena. El día de hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) anunció que se estableció que es necesario traducir y difundir los juicios que impliquen a personas de “los pueblos originarios” al idioma correspondiente, para que tengan conocimiento de las resoluciones que los involucren. El Tribunal estableció que “tanto la versión en español como el resumen en lengua materna, se difundan a través de los medios más idóneos y conocidos por la comunidad para transmitir información o mensajes de interés, primordialmente de manera fonética, con lo cual se garantiza la mayor transmisión del contenido de las resoluciones”.