Los diputados revelaron que existe una línea de investigación distina que apunta que los autores intelectuales de las ejecuciones podrían haber sido civiles y no el grupo de militares.
Ciudad de México.- El Grupo de Trabajo plural conformado por diputados del PRI, PAN, PRD, MC, PT, PVEM y Nueva Alianza, para esclarecer el caso Tlatlaya presentó un informe preliminar que reveló la falta de disposición de las autoridades para entregar la información solicitada sobre los acontecimientos donde 22 civiles fueron ejecutados por elementos del Ejército.
El Grupo, coordinado por la diputada perredista Margarita Elena Tapia Fonllem, sostuvo reuniones con las distintas instituciones que se están involucradas en el caso, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR), la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para reunir información sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014.
Entre sus hallazgos “de carácter general”, destacan que no se cuenta con información completa sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Sedena y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los 8 elementos que realizaban el patrullaje.
Asimismo, agregan que existe una línea de investigación alterna, que ubica la autoría intelectual de los hechos en personas civiles, por lo que la cadena de mando podría no estar implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios.
En otro punto señalan que “existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza”, y refieren que “por lo tanto, las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal.”
Explican que la falta de una conclusión definitiva se debe a la alteración de la escena de los hechos y el desplazamiento de los cadáveres, fuera de su posición original.
Además de lo anterior, afirman que no se ha podido comprobar que entre los jóvenes ejecutados existieran víctimas de secuestro, pero agregan que algunos familiares señalaron que 8 de ellos habían sido amenazados y secuestrados antes de comenzar a cometer presuntos actos delictivos, “por lo que presuntamente habrían podido formar parte de una organización criminal en condiciones de explotación y coacción”, dicen.
Añaden que hasta el momento han sido consignados 7 elementos que habrían estado implicados en los hechos, pero aclaran que no se tiene conocimiento de otros procesos en contra de los militares que acudieron después del enfrentamiento y el aseguramiento de la bodega, y que según testimonios obtenidos por la CNDH habrían podido participar o presenciar las ejecuciones extrajudiciales.
Señalaron que las medidas de reparación integral de daños de la Ley General de Víctimas no han podido cumplirse por “motivos de carácter administrativo, material y de falta de aceptación o comunicación de las víctimas.”
Los diputados indicaron que el informe no ha podido ser concluyente debido a que algunas instituciones no han entregado la información documental solicitada. De la misma manera, informan que no pudieron reunirse ni con el entonces presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, ni con el gobierno del Estado de México.
Al respecto, en conferencia de prensa, la diputada Tapia Fonllem apuntó que han detectado “cerrazones” por parte de las autoridades para compartir información, pero recordó que “ya hay una orden del IFAI de que la información tiene que estar accesible”, y consideró que el hecho de que los militares se ampararan contra esta medida “fortaleció la idea de que la información no se soltaba.”
En tono similar, la diputada perredista Aleida Alavez opinó que la opacidad demostrada ante los requerimientos de información a las autoridades es lo que impide que se acredite justicia.
“En el caso de Ayotzinapa no se quiere abrir la línea de investigación al Ejército, en el caso de Tlatlaya se cierra la información para no poder tener un juicio más oportuno y esto es lo que impide el que como mexicanos tengamos este derecho a la información completamente respetado con la máxima publicidad de la información pública. Eso es lo que vamos a seguir denunciando, es lo único que nos queda”, dijo Alavez.
Asimismo, el Grupo de Trabajo destacó que ha reunido valoraciones distintas de los acontecimientos ocurridos en Tlatlaya, que varían desde considerarlos como “hechos delictivos desvinculados de una decisión de gobierno hasta la versión de que se trata de una acción de Estado, en vista del patrón sistemático y generalizado de las ejecuciones extrajudiciales”. Esta última versión es la que comparten los diputados en su informe.
El Grupo de Trabajo plural está integrado por los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI); Miriam Cárdenas Cantú (PRI); Alberto Díaz Trujillo (PAN); Margarita Elena Tapia Fonllem (PRD); Zuleyma Huidobro González (MC); Loretta Ortiz Ahlf (PT); René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza); Ernesto Núñez Aguilar (PVEM).