Las organizaciones han registrado 209 casos de agresiones en contra de periodistas durante la administración de Peña Nieto, que van desde agresiones físicas e intimidación psicológica, hasta acoso legal y ataques cibernéticos.
Ciudad de México.- La administración de Peña Nieto se ha caracterizado por un aumento de agresiones a periodistas y un creciente desprecio a la libertad de prensa, no sólo por parte de grupos criminales, sino también por autoridades policiales, militares y actores políticos, sociales y empresariales, indican Freedom House y el Centro Internacional para Periodistas (CIJ).
El último registrado fue el asesinato del periodista de Veracruz Moisés Sánchez Cerezo, secuestrado el dos de enero por un grupo armado. La madrugada de este sábado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) informó que su cuerpo fue encontrado sin vida y que los testimonios apuntan hacia el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, como presunto responsable. Este caso no está incluido en el mapa, pero se suma a la larga y penosa lista de homicidios de periodistas en ese estado.
Las organizaciones de periodistas con sede en Washington D.C., reportaron 209 casos de agresiones en contra de periodistas de diciembre de 2012 a diciembre de 2014, clasificadas en cuatro categorías: agresiones físicas, amenazas o intimidación psicológica, acoso legal, censura y ataques cibernéticos; las cuales representaron en un mapa interactivo de Google Maps que se encuentra en la página web de Periodistas en Riesgo.
“Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión, los principales agresores de medios de comunicación han sido cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, particularmente las policías locales (estatales o municipales)”, señalan.
“El mismo día que arrancó el actual sexenio se documentaron tan solo 15 agresiones físicas en contra de periodistas que cubrían las protestas realizadas en la Ciudad de México contra la toma de posesión de Peña Nieto, por parte de policías del Distrito Federal, elementos del Estado Mayor Presidencial o los mismos activistas que tomaban parte de las manifestaciones”, sostienen.
Las organizaciones reportaron 143 casos de agresiones físicas en contra de periodistas, que van desde golpizas y robo o destrucción de equipo, hasta ataque armado, tortura, secuestro y homicidio. De estos, 64 involucran a policías de los tres niveles de gobierno y a militares.
Destacan que el tipo de agresión más frecuente es la golpiza contra reporteros que cubren protestas callejeras, teniendo 46 casos, la mayoría de ellos en la Ciudad de México.
Asimismo, fueron reportados 27 casos de detenciones arbitrarias, no sólo durante coberturas, sino también en traslados desde o hacia su trabajo.
Refieren que han ocurrido 13 secuestros y el mismo número de homicidios en los últimos dos años. Los 13 homicidios se concentran en 9 estados, y subrayan que mientras que siete de ellos ocurrieron en los 17 meses entre diciembre de 2012 y abril de 2014, los otros seis se registraron en tan solo seis meses, entre mayo y octubre de 2014.
Explican que “En ocho de los 13 casos los periodistas asesinados fueron secuestrados y estuvieron varios días desaparecidos”, y añaden que tal fue “el caso de Gregorio Jiménez en Veracruz en febrero de 2014.”
Mencionan como preocupantes los casos de intimidación mediante allanamiento o robo, documentado en 4 ocasiones, como el robo a la vivienda del director de Article 19 en México, Darío Ramírez.
El mapa documenta también 14 agresiones digitales, que consisten en ataques de negación de servicio, “hackeo” de páginas web y la penetración de cuentas de correo electrónico o de redes sociales con fines de desprestigio.
Además, reporta un caso de “homicidio vinculado a actividad digital anónima”, el caso de María del Rosario Fuentes, quien desde la cuenta de Facebook “Valor por Tamaulipas” daba a conocer hechos de violencia en el estado. Las organizaciones apuntan que desde febrero de 2014 se advirtió sobre el riesgo a los blogueros anónimos luego de que comenzó una campaña de “volanteo” en la que se ofrecía dinero a cambio de información sobre los autores de las notas. Siete meses después Fuentes fue asesinada, y sus victimarios publicaron mensajes desde cu cuenta de Twitter.
CIJ y Freedom House aclaran que los casos documentados pueden referirse a incidentes que involucren a más de un periodista, y pueden comprender más de un tipo de agresión, es decir, que un mismo periodista sea golpeado, detenido arbitrariamente y agredido psicológicamente al mismo tiempo.
El reporte concluye anotando que es necesario los medios de comunicación cuenten con un protocolo de seguridad en coberturas y en la publicación de información delicada, así como medidas de protección física de sus instalaciones.
“Pero la labor más importante para los medios”, agregan, “es hacer frente común en la denuncia de las agresiones para acabar con la impunidad en los ataques contra periodistas.”