Senadores del PRD impulsan una ley que busca gestionar el problema de la obesidad en México a través del control del ambiente obesogénico en el que vivimos.
Ciudad de México (elsemanario.com).- 130 mil 264 millones de pesos es todo el dinero que se tiene para gastar en salud de acuerdo con las propias cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
Actualmente el sistema médico hospitalario del sector público trabaja bajo el plan de la espera -de que unos se enfermen y otros no- pues, en realidad, no podría costear el presupuesto de todos los habitantes bajo algún tipo de servicio médico o de cuidado.
Dado que el panorama de enfermedades y trastornos crónicos degenerativos -como la diabetes o el cáncer- no parece mejorar y, en cambio, se espera un aumento en su incidencia para el 2030, el gobierno simplemente no puede esperar a que el problema se desborde sin que se intente aplicar algún tipo de medida de control, no solo porque la enfermedad repercutiría en una crisis en el sistema de salud, sino porque también afectaría ampliamente la economía del país.
Como parte de una estrategia nacional, se ha propuesto poner en práctica una legislación que ya ha sido aprobada en países como Chile y Perú pero que aquí aún esta en proceso de trámites y discusiones. La Ley General Para la Prevención y Control de la Obesidad en México. Esta busca luchar contra el entorno obesogénico que existe, y que se promueve, como factor dominante del estilo de vida moderna. Esta ley está interesada en regular un ambiente que propicia la obesidad y que incita indiscriminadamente a las personas a consumir productos de los cuales se desconocen su valor nutricional, que los engañan con la etiqueta o que prometen atributos que no tienen.
Para conocer un poco mas a fondo sobre las pretensiones y los posibles alcances de esta ley, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, en entrevista con elsemanario.com nos respondió:
– ¿Qué es la Ley General para la Prevención y Control de la Obesidad en México?
AC: Es una iniciativa que trata de generar un marco jurídico superior para enfrentar el mayor problema de salud pública. Este pone en riesgo la viabilidad de bienestar del país en términos financieros sobre todo, pues rebasa las capacidades de atención con las que se cuentan para atender enfermedades cardiovasculares y diabetes.
Esta ley evita que cada administración que llegue al poder haga lo que quiera en materia de salud. Se pide que quede establecida un área política superior, un consejo o comité que revise la política y los criterios de cualquier nueva intervención. De esta forma se busca evitar el fracaso que han tenido todas las estrategias de prevención hasta el momento.
Actualmente el encargado de estas regulaciones es Cofepris, sin embargo ellos no establecen sus criterios bajo estatutos de salud, lo hacen bajo los de la industria. Es curioso que aún cuando se han puesto cuotas, y existen muchos productos con impuestos (por valores nutricionales dudosos), estos igual llegan a obtener el sello que pone la Secretaría de Salud a los mejores productos del mercado ¿cómo es posible que inflijan la ley y la “cumplan“ al mismo tiempo? Lo que se busca es una ley que obligue a la coordinación de las diversas instancias encargadas y se realice una política de Estado que sobrepase el sexenio.
– ¿Esta ley significa una presencia más profunda del Estado en la prevención y medidas de acción contra la obesidad?
AC: Sí, cuando existe un 70 por ciento de la población con sobrepeso, ya no se habla de la suma de malas decisiones personales, tiene que ver ya con un entorno obesogénico, esto es, todas las condiciones de nuestro ambiente promueven el sobrepeso: publicidad omnipresente de productos, etiquetados que mienten o que la gente no distingue, el no enseñar a leer las etiquetas, etiquetados poco claros, cero regulación de publicidad, la no garantización de alimentos saludables y bebidas no azucaradas en las escuelas.
La comida chatarra es de lo poco que ha empezado a cambiar aunque no es generalizado. La labor del Estado es muy importante, existen muchas investigaciones a nivel nacional que demuestran que educar en una buena alimentación no tiene resultados significativos, y que la aceptación de esto no sirve de nada, si no cambias el entorno y pones a su disposición alimentos saludables.
– ¿Cuál puede llega a ser su alcance?
AC: Esta legislación podría llegar a hacer políticas de Estado construidas por la sociedad. Ya se presentó en el Congreso y se tiene la intensión de que comience a ser difundida. Sabemos que no va a ser sencillo, pues existen intereses en contra por parte de organizaciones. Existe una ley similar en Chile y otra en Perú que sufrieron por las mismas razones, estas políticas de cambio se enfrentan a intereses superiores. Por ejemplo, aún cuando las leyes en otros países ya fueron aprobadas, no han establecido criterios. En el caso de Chile tardaron casi tres años de oposición ante el sello negro -sello que ahora se pone a todos los productos con altos contenidos de azúcar, grasa o sodio.
Esta ley aprende de la experiencia de sus antecesoras, se ha consultado con expertos en el área de nutrición, de salud pública y en materia constitucional para mejorar los errores que las otras presentaron. La semana pasada ante una ley similar, los argumentos para su negativa en la sección de diputados fueron que esta ley resultaba discriminatoria para las otras enfermedades (algo del tipo ¿por que tendríamos que hacerlo por la obesidad y no por el cáncer?). Pareciera que la Secretaría de Salud y la Cofepris están actuando a la par y de la mano para la licitación de comida chatarra y bebidas azucaradas, porque siguen sosteniendo a estas empresas.
4. ¿Esta ley es suficiente para comenzar a reducir los altos indices de obesidad en México? ¿Representa un control efectivo?
AC: Esa ley sería un paso muy importante, un proceso hacia la reducción de la obesidad. Gracias a su consejo esta ley podrá evaluar y adaptar la estrategia nacional existente, la cual cuenta con profundas contradicciones y hará de las políticas públicas y el consejo establecido, juez y parte de todos los procesos realizados en materia de prevención y salud.
5. ¿A quién protege esta ley y de qué forma?
AC: Garantiza el derecho a la salud, protege a la población, especialmente los derechos a la infancia y el derecho de la información de los consumidores. Busca que estos puedan cumplir con su derecho a la información clara de productos, etiquetados verdaderos; este rápido acceso al conocimiento de aquello que estas comiendo protege sobre todo la vulnerabilidad de los niños como consumidores.
6. Existe una tendencia que aumenta en el consumo de alimentos como modulador social, control de ansiedad, antidepresivo. ¿Cómo puede esta ley solventar un problema cuya raíz es mucho mas profunda de lo que se piensa?
AC: Sí, estoy de acuerdo en que el consumo de estos productos tiene muchas causas: una la omnipresencia del producto principalmente, la publicidad, el sentido de pertenencia que como personas desarrollamos hacia cierto tipo de producto, también se puede hablar de que como país cuya mitad de la población vive en pobreza, la gente no tiene acceso a la información. Existen productos como Coca-Cola que te hacen feliz, y cuando nos preguntamos por qué la comida chatarra nos proporciona placer, tenemos que remitirnos inmediatamente a que la combinación de azúcar, sal y grasa genera niveles de adicción muy potentes, incluso mas que algunas drogas fuertes. Es un elemento que tiene que irse separando de la sociedad y una vez que se regule ese entorno y los niveles del consumo de azúcar, grasas y sodio disminuyan, comenzará a evitarse estos patrones de conducta desde edades muy tempranas y el uso del alimento como gestor de bienestar desaparecerá casi por completo pues se evitaran las adicciones desde la infancia.