El pasado 16 de mayo del 2020 entró en vigor la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional” (la “Política”). Su objetivo principal consiste en continuar estableciendo las bases y criterios para garantizar la operación continua, eficiente y segura del Sistema Eléctrico Nacional. Sin embargo, dicha Política contiene diversas repercusiones para los participantes de la industria eléctrica.
La Política establece que la Comisión Reguladora de Energía (la “CRE”) y el Centro Nacional de Control de Energía (el “CENACE”) serán las autoridades encargadas de desarrollar, emitir e implementar los lineamientos generales y modificar las reglas del mercado para incluir los criterios establecidos en la Política, mismos que serán obligatorios para los participantes en la industria. Asimismo, se imponen nuevas cargas regulatorias, obligaciones y, en algunos casos, sobre costos.
Uno de los puntos más relevantes de la Política es que le atribuyen ciertas facultades a la Comisión Federal de Electricidad (la “CFE”) de opinar sobre el desarrollo de los planes del sector eléctrico y decisión sobre la interconexión de centrales al Mercado Eléctrico Mayorista. Asimismo, se proponen proyectos estratégicos para la instalación y retiro de centrales eléctricas, su modernización, así como proyectos relacionados con las redes eléctricas de distribución y transmisión. Para tales efectos, la Secretaría de Energía tendrá la facultad de señalar los proyectos que considere estratégicos, mismos que tendrán preferencia sobre cualquier otro proyecto que requiera interconectarse en el mismo punto.
Consideramos que estas medidas podrían generar incertidumbre para los inversionistas del sector, dado que la CFE tiene ciertas facultades y, simultáneamente, un papel preponderante en el mercado. Esto, con independencia de que la transmisión y distribución sean un monopolio natural del Estado. En este sentido, consideramos que existe la posibilidad de que se presenten claras condiciones de desventaja para los inversionistas en muchos proyectos.
Por lo tanto, consideramos que podrían existir múltiples elementos que se podrían considerar como violaciones directas a la Constitución Mexicana, Acuerdos Internacionales y a la regulación aplicable para dicho sector. En este sentido, existirán casos que podrán ser materia de controversias a resolver en los tribunales mexicanos o arbitrajes de inversión.
Esta nota informativa fue elaborada conjuntamente por Guillermo Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), Max Ernesto Hernández Ernult (mhernandez@sanchezdevanny.com), José Rodolfo Pérez Argüello (jperez@sanchezdevanny.com), y Eduardo Barreira-Reynoso Monterrubio (ebreynoso@sanchezdevanny.com)
Su comentario sobre la nueva política del sector eléctrico, aunque es interesante, creo que tiene un sesgo que favorece a los productores independientes d energía eléctrica y no considera su efecto sobre el interés nacional. Da la impresión que, para los responsables del artículo, es más importante la opinión e imagen que tendrían los inversionistas privados que sus efectos en la mayoría de la mexicana. ¨poderoso caballero es don dinero”