Opinión

La Compañía Federal de Electricidad (CFE) ha estado en la palestra nacional de manera aguda en los últimos años, por asumir los servicios que prestaba la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), los señalamientos internacionales y nacionales sobre la corrupción en los que se han visto involucrados sus funcionarios, y por el aumento, en muchos casos desmedidos, de las tarifas de consumo eléctrico.  En este último caso, ha generado afectaciones severas a los consumidores finales del servicio eléctrico del país.

Por todo ello, la CFE ha sido cuestionada en su pertinencia operativa y la calidad del servicio que presta. Esto último en un ambiente oficial en el que se le festina como una “Empresa de Clase Mundial”.

El pasado 16 de noviembre, la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores citó a Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la CFE, a una reunión ordinaria para abordar, además de explicar las causas y consecuencias del apagón ocurrido el pasado 6 de septiembre en Baja California, “La revisión de las causas de los cobros excesivos que se han ido realizando a los consumidores de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad en todo el país, particularmente en la zona centro, después de la extinción de la empresa Luz y Fuerza, por el Decreto Presidencial, del pasado 11 de octubre del 2009.”

En este contexto, el director de la CFE reconoció que la empresa había recibido hasta 6.8 millones de llamadas telefónicas, sin poder precisar cuántas fueron sobre reclamos de los consumidores por habérseles elevado el monto de la facturación bimestral.  Al respecto, un senador indicó, según versión estenográfica, que “de acuerdo a las estadísticas de la Comisión, de cada mil personas se inconforman 4.51 de ellas, lo cual se traduce que en un año se quejan más de 4560 mil personas […]”.

Por esta razón, el volumen de reclamos sobre facturación ha hecho que la CFE cree grupos especiales de atención a los consumidores, de acuerdo a lo señalado por el propio director general.  A pesar de ello, el problema de inconformidad de los consumidores parece no menguar, especialmente en la zona central del país, que anteriormente era atendida por LyFC.

La solución inicial al problema es el cobro mensual
del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente consumido (…) Algo simple y sencillo
que, sin ser de clase mundial, si es de la clase de sentido común, que tanta falta hace a nuestra burocracia ilustrada.

Por otro lado, leer un recibo de luz es casi un esfuerzo intelectual de ciencia de cohetes, a pesar de que ya han sido simplificados, por lo que se ha comprometido Vivanco Casamadrid a tratar de hacer el recibo mucho más “amistoso” (friendly) y claro, según indicó ante los miembros de la Comisión de Energía del Senado.

Entre otros problemas sobre la información y transparencia de los recibos de luz, uno de los que resulta más importante es que la CFE cobra bimestralmente a los usuarios de acuerdo al promedio de consumo de los últimos meses. Esta práctica de cobro hace que la factura no corresponda necesariamente al consumo real que se efectúa. En todo caso, asumiendo una acertada medición del consumo, lo que hace la CFE es penalizar muy a posteriori el mayor consumo de energía en el que se hubiese incurrido.

Otro problema, en el mismo sentido, es la determinación de los niveles de consumo asociados a las tarifas de cobro establecidas, que pueden ser arbitrarias, según el consumidor.

Hasta donde se entiende, hay cuotas mensuales de cobro que van de la “A” a la “F”, que varían según sea verano o invierno y que a su vez tienen tres niveles: básico, intermedio y excedente. Ello, independientemente de que hay tarifas específicas, dentro de las que la CFE identifica las domésticas y las domésticas de alto consumo.

Ante tan variada gama de alternativas de posible cobro, todo indica que sustentar un reclamo sobre el mismo por el consumidor doméstico es casi una misión imposible. Este tipo de consumidor constituye 30 millones de clientes, que representan el 88% de los usuarios, y que facturan el 21% del total de ingresos de la CFE. Por ello, en los últimos dos años se ha agudizado el reclamo de la ciudadanía sobre las altas tarifas que les impone la paraestatal.

Tal situación ha llegado a un descontento social permanentemente difundido, inclusive, en medios de comunicación. Para miles de hogares la factura de energía eléctrica, identificada como “recibo de la luz” en México, ha llegado a pasar de cientos a miles de pesos, particularmente en la zona metropolitana.

La solución inicial al problema es el cobro mensual del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente consumido. Esto ajustado a niveles escalonados de consumo, con lo que el precio o tarifa del consumo unitario sería mayor conforme se consuma más energía eléctrica. Algo simple y sencillo que, sin ser de clase mundial, si es de la clase de sentido común, que tanta falta hace a nuestra burocracia ilustrada.

Otro tema de queja es el cálculo arbitrario del nivel de consumo por descomposturas de medidores o de tardía instalación de los mismos, cuya consecuencia son los cortes del servicio eléctrico, sobre todo en días “sensibles”, como los de antes de vacaciones o festividades, que más pareciera orientarse hacia un “castigo ejemplar” para el consumidor, finalmente indefenso, que a una simple relación comercial convencional.

A esta situación de afectación del servicio directo al consumidor final, se agrega la disrupción que la CFE genera de otros servicios colaterales, como son el alumbrado público; el servicio de agua potable, proporcionado por empresas municipales o estatales; los servicios de carácter público suministrados por entidades privadas, como el servicio médico, entre otros más.  Este tipo de disrupción también ha generado tensión entre la CFE y sus clientes no domésticos, particularmente por el cobro excesivo de sus servicios.

En una situación y apreciación de baja eficiencia y de elevadas tarifas, el consumidor queda indefenso en el ámbito monopolístico de una empresa pública, que le obliga a pagar previamente la factura impugnada antes de iniciar revisión alguna.

En una situación y apreciación de baja eficiencia y de elevadas tarifas, el consumidor queda indefenso en el ámbito monopolístico de una empresa pública, que le obliga a pagar previamente la factura impugnada antes de iniciar revisión alguna.

Frente a la capacidad ociosa de generación, es decir de mayor oferta que demanda, cualquiera se pregunta por qué no se deja operar relativamente al mercado, para que, en bien del consumidor las tarifas y costo unitario de energía eléctrica, los productores sean beneficiados.

En contraste, ante el cuestionamiento de la eficiencia operativa de la CFE y su compra de energía, su director general pondera la pretensión cada vez más modernizada de cobro del servicio. Ojalá que con esa misma prestancia de factible innovación fuese la calidad de los servicios que brinda la paraestatal, especialmente en bien del consumidor. Ojalá también así cuidara la CFE su patrimonio, que tanto es menguado por el apetito de sus funcionarios.

El hecho de “cortar la luz” a un ciudadano es un acto vandálico. Y el consumidor en ese ámbito monopolístico se exhibe en brutal indefensión. Y sin el “fluido eléctrico”, ni aparatos médicos en función ni la existencia de infantes o familia de tercera edad, le tocan el corazón a la CFE. ¡Supuestamente se iba a terminar con esta brutal práctica!

Ante tantas posibilidades para sustentar un reclamo ciudadano de cobro y ser realmente eficientes y justos con el consumidor, la solución es el cobro mensual del consumo de energía eléctrica de acuerdo a lo realmente incurrido. Y si por razones económicas no le es factible cubrir la factura, acercarse a que tome las medidas prudentes que le permitan existir. La luz no es como el servicio telefónico, incluso ni como el agua. Simplemente hoy, sin ella, en la urbe, es imposible habitar. ¿Qué está haciendo el Congreso para enfrentar este tema de tan magna trascendencia?

El miércoles de esta semana, Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo (BCE) cumplió su ofrecimiento, hecho el pasado 8 de diciembre, de que los bancos europeos podrían acceder directamente a recursos casi ilimitados, a bajas tasas y a plazos mayores a los convencionales fondeados por esa institución comunitaria.  Este ofrecimiento fue, en general y originalmente, mal interpretado, asociándosele a que el BCE compraría de manera masiva bonos de España e Italia, casi bajo el carácter prestamista de última instancia (lender of last resort).

En primer lugar, la consecuencia lógica del anuncio de tal acción fue la expectativa de reducción de la tasa de los bonos soberanos de esos países, tal como aconteció pero sólo de manera inicial.  En segundo lugar, era de esperarse que las bolsas reaccionaran positivamente ante la caída de la prima de riesgo de la deuda soberana, especialmente de la zona del euro; efecto que no aconteció.

Tales resultados cuestionan, una vez más, la pertinencia de las medidas que se siguen implementando para afrontar la crisis financiera y bancaria europea, sin negar que con ellas se gana tiempo para lograr una solución sostenible y duradera, al menos de mediano plazo.

En efecto, el miércoles pasado el BCE en subasta prestó € 489,000 millones a 523 bancos de manera extraordinaria, a una tasa de 1% en el primer año de un período de tres, para quitarle presión al sistema financiero de la zona euro ante la crisis de la deuda soberana.  Esta ha sido la mayor inyección de recursos proporcionados por el BCE en toda la historia del euro, sobrepasando los € 442 mil millones otorgados en 2009, para paliar los efectos globales adversos de la quiebra de Lehman Brothers.

Con la primera de dos subastas extraordinarias del BCE –la segunda la realizará en el mes de febrero- se beneficiaron prácticamente el 100% de los bancos que componen el Eurosistema, sobrepasando toda expectativa de requerimientos de fondos por parte de los bancos, por lo que se estima que accedieron a tales recursos inclusive bancos que no los requerían.  Esto porque la diferencia entre la tasa de cobro del BCE sería de 1% el primer año, frente a una tasa de los bonos soberanos mayor, con lo que el negocio para las instituciones beneficiadas está plenamente garantizada.

Con el fondeo del BCE se espera estimular el crédito, particularmente a las empresas, en un entorno en el que se piensa que la zona euro sufrirá en los primeros meses de 2012 al menos una recesión leve.  Así, el objetivo último del BCE ha sido inyectar liquidez al sistema bancario para que fluya el crédito y se atempere la presión de la deuda soberana, primordialmente con la baja de su prima de riesgo.  Este objetivo sobradamente podría haberse logrado si se hubiera aceptado que el BCE asumiera su papel de prestamista de última estancia y emitiera eurobonos que garantizaran la deuda soberana.

Pero como Draghi ha insistido en la últimas semana, el BCE nunca haría ninguna acción a la que se opusiera Alemania, por lo que no compraría extensivamente deuda de España e Italia, ni financiaría directamente a ningún gobierno europeo (NYT, 22 de Diciembre de 2011).

A pesar de tal posición, con la inyección de liquidez, el BCE ha actuado indirectamente como garante de la deuda soberana, al aceptar como colateral sus bonos, así como deuda bancaria de las pequeñas y medianas empresas y deuda reestructurada de dudosa recuperación.

El mismo mecanismo de inyección de liquidez, asumido como artilugio para que Draghi honre su posición institucional y se apegue a los principios estatutarios del BCE, no garantiza necesaria y suficientemente el objetivo perseguido con la inyección de liquidez, ni ataca el fondo del problema bancario, que es el de su capitalización.

Así, los fondos de BCE servirán en una parte para el refinanciamiento de vencimientos, por lo que sólo el remanente de entre € 200 y 250,000 millones, podría destinarse a nuevos créditos.  De destinarse estos recursos a créditos, que necesariamente tendrían riesgo, obligaría a incrementar el capital con el que cuentan actualmente los bancos, al menos en un 8% por cada euro prestado.

En la misma línea de argumentación, los fondos del BCE podrían terminar siendo usados para comprar nueva deuda soberana, al menos por lo que hace al año que entra, con la ventaja de que teóricamente al no tener oficialmente riesgo no implicaría aumentar los requerimientos de capital de los bancos.

Esos mismos bonos soberanos podrían ser usados por los bancos una vez más para garantizar un nuevo fondeo vía el BCE, tantas veces como el propio banco central lo aceptara.  Por tal razón, es altamente probable que la inyección de liquidez del BCE termine siendo una vía para financiar deuda soberana, situación que no debe sorprender a nadie.

La inyección de liquidez no suple la necesidad de capitalización que enfrentan en el muy corto plazo los bancos, que se estima sea al menos de € 115 mil millones.  Tal monto de recursos no es fácil que sea aportado por los inversionistas o accionistas de los bancos, dado que en la actualidad el riesgo se ha incrementado, aumentando, por lo tanto, la aversión con respecto a los bancos (THE ASSOCIATED PRESS, 21 de diciembre, 2012).

Sin embargo, de ser los recursos del BCE usados por los bancos para adquirir deuda soberana y dado el diferencial de tasas de préstamo y de rendimiento, podrían en el período de los tres años del préstamo idealmente generar pingues utilidades que podrían ayudar a capitalizar a las instituciones crediticias.

Por lo que con la inyección de liquidez se habría ganado tiempo para la capitalización de los bancos, pero quedando pendiente aún el problema de los montos de deuda de los países de la zona euro y, más importante, el financiamiento para poner de nuevo en marcha la economía europea.  Retos, estos últimos, que se antojan, no insalvables, pero si difíciles de ser solventados en el corto plazo.

Bien ha dicho este jueves Sir Mervyn King, Vice Presidente del Consejo Europeo de Riesgo Sistémico y Gobernador del Banco de Inglaterra, que se debe urgir a los bancos a cumplir con estrictos requerimientos de capital, pagando menos en bonos a los gerentes y dividendos a los accionistas, en lugar de reducir los préstamos a la economía real, es decir la relacionada directamente con la producción y el empleo.  A esto se agrega la opinión de algunos analistas de que la acción del BCE salvó algunas de las dificultades del fondeo de los bancos, sin atender realmente la crisis de la deuda soberana que es la raíz de los problemas de liquidez.

Finalmente, a pesar de la enorme inyección de recursos por el BCE, los mercados reaccionaron sin entusiasmo y la prima de riesgo de España e Italia volvió a subir, en una ambiente en el que los Estados Unidos han emitido deuda con tasa de interés cero, a pesar de la amenaza de las calificadoras de degradar de nuevo su calificación, aunque no sea antes del 2013 (The Guardian, 21 de Diciembre de 2011).

La diferencia entre la UE y EU ha radicado en la oportunidad, profundidad y marco institucional vigente para atender la crisis bancaria, con confianza y seguridad al instrumentar nuevas ideas, nuevas visiones, con el menor costo fiscal posible.  Al final, a pesar del tiempo ganado, el BCE podría quedarse con bonos chatarra, hoy catalogados como soberanos, cuyos costos terminarían asumidos por la sociedad europea, ya de por sí gravemente castigada económica y moralmente.  Tales serían los costos de atacar los síntomas y no la enfermedad.

FELIZ NAVIDAD