Opinión

Desde hace muchos años los mexicanos han clamado reiterativamente por la reforma política. Como un reflejo vivo del devenir de la sociedad, la esencia de tal reforma ha ido cambiando, no sin antes haberse logrado ciertos avances, así como el levantamiento de nuevos muros para impedir la participación libre de los ciudadanos en la rex publica –la cosa pública-, dicho así porque no puede haber algo más público que la política y el poder que emana de él.

Tales avances y muros han sido finalmente el resultado legislativo de acuerdos y convenios establecidos entre los propios actores del sistema político imperante; algunas veces dominado por un solo partido, a veces más simétrico en razón de resultados electorales y otras por coaliciones no explícitas. Pero, en esencia, los partidos políticos nacionales han convenido acuerdos y leyes que en general, por una parte, han faltado a las preferencias de la población y, por la otra, han terminado por afectar los niveles generales de vida de la población.

Ejemplo de ello fue el aumento del IVA y la socialización del costo del Fobaproa durante la administración zedillista; la fallida investigación de la guerra sucia en el sexenio de Vicente Fox; la frustrada investigación de los vínculos del narcotráfico con el poder económico y político y, recientemente, la deseada “reforma política”  de la actual administración. Tales ejemplos sirven para tener presentes temas que seguirán en la aspiración nacional por mucho tiempo.

Pareciera ser que en México los partidos políticos actúan más allá de los intereses ciudadanos y de los compromisos que políticamente asumen durante las campañas electorales. Aún más, tal como será evidente en la próxima campaña política, se forjan alianzas entre supuestos partidos antagónicos y miembros relevantes de los mismos que indistintamente cambian de un partido a otro, sin importarles la contradicción doctrinaria de las posiciones y declaraciones políticas que hayan asumido anteriormente.

¿Por qué los partidos políticos mexicanos actúan sin consideración a las aspiraciones y preferencias ciudadanas? ¿Por qué los gobernantes incumplen de manera abierta los compromisos que previa y públicamente asumieron con el electorado?

La respuesta a tales interrogantes radica en mucho en la naturaleza del sistema de partidos que caracteriza a la democracia mexicana, más para mal que para bien, siendo este sistema el que seguirá gobernando al país y sofocando, las aspiraciones ciudadana. Tal sistema es esencialmente partidocrático.

El concepto de partidocracia fue utilizado en Europa hasta los 70 para caracterizar el predominio político de las masas sobre la preferencia individual y el completo control de los partidos políticos sobre la sociedad.  Así, “La partidocracia significa…, más que (el) gobierno de los partidos, un dominio verdadero y propio de éstos o una expansión de sus ambiciones de dominio” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1988).

Hoy el concepto de la partidocracia es usado para identificar un sistema político en el que las exigencias sociales del cambio son encarceladas o secuestradas por los partidos políticos, encausándolas por la vía institucionalmente establecida por ellos mismos, al extremo de no dejar espacio a la sociedad civil y dar paso a las verdaderas necesidades de las masas (Pasquino, 1988).

Para explicar la moderna partidocracia, se afirma que ésta es posible gracias al financiamiento público de los partidos y a la atribución de cargos públicos sobre criterios eminentemente políticos (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1988).  Así, la partidocracia vía el financiamiento público permite que un grupo social de “profesionales” involucrado activamente en la “cosa” (res) pública viva de la política y no para la política (Weber, 1981).

Todo deja indicar que hoy México vive claramente una partidocracia.  Por una parte, los partidos políticos no necesariamente responden a los intereses de la sociedad, ni responden a las ofertas políticas hechas durante las campañas electorales.

El financiamiento para los partidos políticos, normalmente sin control ni transparencia pública, por medio de su ejercicio de gasto permite que el interés de las burocracias políticas termine por capturar a otros sectores de la población, especialmente a los medios de comunicación.  De esta forma, los medios y sus contenidos terminan por orientar a la población hacia determinadas posiciones políticas, no como resultado de la oferta política, sino en virtud del interés propio de los medios, y de una propaganda moderna dirigida a controlar a las masas.

La partidocracia no sólo asegura que la distribución de cargos públicos se haga en virtud de la afiliación política, sino también posibilita que la burocracia pública ayude y dispense preferencias a grupos de interés vinculados a los partidos políticos. Tal es el caso especialmente de empresarios, ya sea como individuos o como “gremios”. En esta situación se esperaría que ciertos grupos de interés, especialmente económico, presionaran a la burocracia pública y a los gobernantes a través de los partidos de oposición para obtener ciertas canonjías y prebendas para el buen éxito de sus negocios. Así, en una partidocracia los institutos políticos, por medio del control y presión sobre los cargos públicos, terminan por participar activamente en el “control” sobre la esfera económica de la sociedad.

Algunos de los grupos de interés pueden correr transversalmente en los partidos instituidos y en el gobierno, hasta el punto de llegar a estar presentes burocráticamente en las esferas del poder Ejecutivo, independientemente de cuál sea el partido en el poder. La partidocracia considera, además, a los poderes fácticos con los que finalmente cada partido aspira y desea gobernar, por lo que éstos terminan afablemente siendo capturados.

Un instrumento de la partidocracia, tradicionalmente no considerado, es el control “colegiado” de las reglas para la participación política institucional (the rules of the game), más asociado al concepto anglosajón de la gobernanza (governance). Con el control y la definición de las reglas del juego político institucional los partidos vigentes, especialmente aquellos con mayor peso relativo, definen las reglas a las que deben someterse los que deseen estar en el club electoral, y las reglas de comportamiento para asegurar su permanencia. La propiapartidocracia define la mera existencia de las organizaciones políticas que le dan vida y sustento final.

De esta forma, el control al juego político de los partidos dominantes les asegura la definición “legal y jurídica” de nuevas organizaciones y partidos políticos. De igual manera, les permite establecer las normas y la forma en que se distribuyen los respectivos recursos públicos. Más importante aún, la partidocracia asegura para sí también el control del espacio y los canales institucionales con los que cuenta la sociedad para expresar políticamente sus aspiraciones, preferencias y verdaderas necesidades (Reyes, 2004).

Así, la ciudadanía termina viendo enajenados sus derechos de participación dentro de un sistema político gobernado y controlado por los propios partidos políticos que ella dio origen y razón de ser, aún y cuando con ello estrictamente se le cancele derechos consagrados constitucionalmente. La partidocracia, en una suerte de evento circular, termina por segregar a la sociedad de la participación política, al tiempo que actúa en nombre de ella para justificar al mismo sistema imperante y a sus participantes.

Hoy el concepto de partidocracia es usado para identificar un sistema político en el que las exigencias sociales del cambio son encarceladas o secuestradas por los partidos políticos, encausándolas por la vía institucionalmente establecida por ellos mismos.  

Todo deja indicar que hoy México vive claramente una partidocracia.  Por una parte, los partidos políticos no necesariamente responden a los intereses de la sociedad, ni responden a las ofertas políticas hechas durante las campañas electorales. Por otra parte, éstos se han constituido en una “corporación” que no sólo dicta las reglas de su operación y las normas de la democracia, sino también define la existencia legal y jurídica de sus miembros.

Esta partidocracia ha terminado por actuar de acuerdo a los propios intereses de quienes institucionalmente la integran.  En general, sus miembros destacados, sean del signo ideológico que sean, sean el Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, luchan por convenir y negociar sobre la base de sus propios y particulares intereses, siempre en un afán de permanecer viviendo de la política, más que para la política.

Lo que importa primordialmente a los partidos dominantes es convenir y negociar entre ellos sus intereses, en tanto el responder a los cambios que demanda la sociedad y cumplir las promesas de campaña se tornan en asuntos de segundo orden político. Al fin, que los cambios que la sociedad Mexicana reclama sólo podrán tener cause cuando sean aceptados por la partidocracia a través de las vías que ella misma establezca.

Ante esta realidad se ha enfrentado una vez más “la reforma política” que después de 16 meses llegó del Senado a la Cámara de Diputados; misma que fue votada en cuatro meses. Formalmente fueron aceptadas las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, habiendo sido rechazadas las propuestas de reelección y de revocación de mandato, entre otras.

Una vez más “la reforma política” votada regresará a los senadores para que colegislativamente sea ratificada o de nuevo modificada. Al fin que su aplicación podría darse posiblemente para 2015. Para entonces, sin duda, quedarán menos partidos políticos dentro del club partidocrático, como resultado de una reforma previa, y no se contará con los instrumentos legales y electorales equitativos para hacer valedera la participación democrática de la ciudadanía. Todo ello, si antes no acontece un cambio sustancial de la rex publica, hecho que parece sólo ser posible gracias a los propios ciudadanos.