El martes se anunció un “empujoncito” al crecimiento de las inversiones privadas y, por consecuencia, de la economía; se trata del publicitado “Acuerdo Nacional de inversión en infraestructura del sector privado”. Es la mejor, y quizás la última oportunidad que tiene la 4T para empujar la inversión privada a ocupar su lugar como motor del crecimiento de la economía.
Las inversiones privadas reaccionan a dos cosas: al estímulo de la demanda de los mercados y a ciertos factores intangibles que configuran lo que llaman “confianza”.
El caso es que el crecimiento ha estado frenado durante décadas porque no ha habido inversiones, primero debido al estancamiento del mercado interno y ahora, además, porque el cambio de régimen que representa la 4T ha generado expectación en cuanto al sentido y congruencia de los cambios.
El meollo del acuerdo anunciado el martes, es que la inversión en infraestructura física productiva, es decir, rentable (carreteras, electricidad, telecomunicaciones, agua, infraestructura ferroviaria, puertos y aeropuertos) corra mayoritariamente por cuenta de capitales privados, mientras que los recursos públicos se asignan prioritariamente a Pemex.
El objetivo del acuerdo es alcanzar una inversión anual en infraestructura equivalente a 5% del PIB, lo que implica remontar desde el 1.8% al que la dejó caer el gobierno de Peña en 2018; pero el esfuerzo sería privado, dado que la inversión pública que contempla el presupuesto de egresos bajaría a 1.3% del PIB en 2020, sin considerar a Pemex.
Si el empresariado cumple lo que acordó desde el primer trimestre del próximo año, se empezarían a trabajar las 72 obras calendarizadas para el 2020, con más de 431 mil millones de pesos de inversión privada y un tercio más, pública. Entre 2021 y 2024 se realizarían otros 75 proyectos. Serían en total, sólo para infraestructura, casi 860 mil millones de pesos empresariales y en enero se acordarían las inversiones, también de capital privado, en electricidad y petróleo.
Obviamente se trata de proyectos que pueden tener un retorno de inversión lucrativo, lo cual depende, en última instancia, de la demanda del mercado por el uso de aeropuertos, carreteras y demás, es decir, de la capacidad de compra de los consumidores.
Esa capacidad debe ir creciendo en el país; un mérito del gobierno, es haber roto la tendencia a la contención de los salarios y haber propiciado su aumento real, en favor de una mayor equidad de ingresos, por primera vez en décadas.
También fortalecen el consumo de los hogares las remesas de los trabajadores en Estados Unidos (35 mil millones de dólares este año) y programas como “Sembrando Vida” en el medio rural (que tiene fines productivos) y otros, muy cuantiosos, de carácter asistencial.
El otro factor clave de las inversiones conforme a los mercados, son las exportaciones, que por falta de visión estratégica se concentran hacia el sector manufacturero de Estados Unidos; crecieron durante 25 años, pero dejó de ser así porque ya no lo hace la industria estadounidense.
Las exportaciones fueron el motor principal del crecimiento económico (bajo) en el neoliberalismo, que se tendría que reemplazar por la integración de cadenas de valor en el mercado interno.
En cuanto a los factores de confianza que mueven las decisiones de inversiones empresariales, en el acuerdo de inversión privada al que nos hemos referido se compromete explícitamente el gobierno a seguir reglas y emitir “mensajes claros que generen confianza y estabilidad para invertir”, a eliminar barreras burocráticas, a preservar la estabilidad macroeconómica y a fortalecer el Estado de derecho.
¿Será mucho pedir que empresarios y gobierno cumplan lo acordado?