Un gobierno austero es y será confiable.
En el intento de profundizar en este tema, probablemente nos ayude referir a tres elementos que, a mi juicio, constituyen la base de la austeridad en el gobierno: la responsabilidad, la ética pública y la política.
La responsabilidad es un principio y una obligación constitucional, legalmente establecida en casi todo el mundo. En nuestro país aparece a mediados del siglo diecinueve. La responsabilidad social, política, administrativa y penal constituyen cada tipo, en su propio carácter, un deber ineludible desde el momento en que se asume la autoridad mediante elecciones libres, resueltas dentro de un proceso largamente consensuado y transparente, investido de legalidad y de legitimidad. Si no fuere así, carecería de validez y solamente cuestionable por las vías institucionales establecidas para el efecto.
La primera responsabilidad está vinculada a la estabilidad socioeconómica y política, con el fin de cerrar las brechas y, en algunos casos, los abismos de la desigualdad que globalmente nos destaca. Lo anterior va relacionado con la exigencia de disminuir la pobreza que a millones de nuestros compatriotas abruma y desespera; generar las condiciones idóneas para un bienestar integral sostenible e incluyente, efectivo. Ello implica destinar el gasto y las inversiones a la atención de necesidades y demandas legítimas de la población, a garantizar la seguridad estructural para el ejercicio pleno de las libertades, que se correlaciona con una justicia imparcial y expedita.
La segunda responsabilidad reside en la creación de un marco jurídico capaz de involucrar al ciudadano corresponsable en la toma de decisiones y su implementación socio gubernamental, con el fin de construir diques a la corrupción y no permitir la impunidad. Estructurar un sistema fluido y flexible que permita a la sociedad y al gobierno retroalimentarse para privilegiar el antiguo anhelo de contar con un buen gobierno que debe operar al estar sustentado en una sociedad sensible y demandante.
La tercera responsabilidad consiste en desarrollar una administración pública confiable por sus resultados, con rendición de cuentas clara y oportuna y sobre todo una calidad en los efectos positivos, en los hechos cotidianos como son la infraestructura educativa, la de salud, la de comunicaciones, la de movilidad, entre otras. Esto hace imperativo la puesta al día de la planeación, la dirección, la coordinación y el control de las instituciones públicas, de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes públicos y con la sociedad organizada en sus estratos múltiples.
Un gobierno responsable debe ser austero, debe ser capaz de identificar con precisión el gasto público productivo, necesario e indispensable. No debe incurrir en una propaganda y publicidad costosa y fugaz, debe evitar el culto a la personalidad que siempre desgasta al gobernante y atrofia la cultura política de la comunidad.
Esta tarea es enorme. Existe consciencia de que en nuestro sistema desde sus orígenes tiene tendencias, hiper presidencialistas no tan solo se depende de la voluntad del mandatario. Corresponde también a una acción colectiva. Es evidente que el presidente tiene sus propios límites. Es necesario comprender nuestro papel en el desarrollo nacional, sin estar sujetos excesivamente a los designios del poder.
La ética pública no se predica, se practica. No debe ser producto de una imposición. Debe compartirse entre ciudadanos y autoridades. No puede ser producto de consignas o de campañas demagógicas. Se trata de un involucramiento individual y social. Es cierto que aparece en los libros de texto, pero sólo las costumbres, las leyes y el ejemplo, pueden mover la conciencia pública hacia el al objetivo de asegurar un desempeño honesto y eficiente de su gobierno.
Este último tiene que abrir las instancias de opinión e intervención destinadas a prevenir conductas lesivas a un ejercicio limpio y profesional del poder que le ha conferido el electorado, pero a condición de que se aboque a servir al interés público.
La promoción de una conducta ética en las labores gubernamentales es parte de una actividad permanente de la función pública. Se trata de infundir la vocación de servicio público ―ahora denominada eufemísticamente como profesionalización, lo que desvirtúa su espíritu― para quienes trabajan en las instituciones gubernamentales, cualesquiera que sean sus objetivos.
El servicio público no tiene una vocación mística; tampoco una inclinación hacia el ejercicio del poder apoyada en catálogos de buenas intenciones. Tal vocación está inmersa en la conjugación de la libertad y la responsabilidad, lo que implica discernir entre querer servir y hacerlo conforme a derecho.
Al servidor público se le enseña, se le capacita, se le hace consciente de sus facultades y limitaciones. Es fundamental que comprenda la trascendencia de un trabajo en equipo, la de la eficiencia y la eficacia, que van juntas; las consecuencias de sus decisiones y actitudes, la seriedad que imprime a sus funciones, el compromiso con la población, el valor de la honradez, que va conjuntamente con el orgullo y la dignidad de servir, así como del delito que significa servirse de los recursos de todos o solo estar a la orden de intereses particulares. En síntesis, la austeridad gubernamental se vale de la ética pública en todo momento.
Para concluir conviene recordar que la brújula de la conducta gubernamental es la política. Al indicar la orientación de las instituciones obliga a trazar el rumbo o a modificarlo de acuerdo a las condiciones y circunstancias prevalentes, al ánimo y las capacidades de los servidores públicos, a la situación de los ciudadanos quienes han cumplido con sus obligaciones, entre tantas otras complejidades que forman parte de la responsabilidad de conducir o liderar.
Para asegurar la estabilidad, la política debe proponerse y ser integradora, justa, es decir equitativa y productiva. De otra manera pierde el equilibrio indispensable para fortalecer los avances del país.
El responsable de las instituciones nacionales debe estar alerta a las posibilidades del éxito o su fracaso de su programa de gobierno. Rebasa con mucho un principio de legado histórico. Debe estar atento a las celebraciones que fortifican la identidad y la pertenencia del proyecto nacional. El gobierno debe ser ejemplo de austeridad. Si fuere incapaz de dar el ejemplo, la austeridad brillaría por su ausencia.
En el próximo artículo abordaré la austeridad como disciplina.