Bien por engrandecer la celebración del
aniversario de la Revolución mexicana.
López Obrador ganó la elección presidencial en medio de una emergencia nacional, generada por la crisis de nulo crecimiento económico per cápita durante décadas, y por la crisis de inseguridad pública. La dificultad mayor para afrontar tales crisis era (es) la fragilidad institucional del Estado, corroído por la corrupción, y su abismal distanciamiento de la sociedad.
Era obligado cambiar de política y de estrategias, y fortalecer al Estado. Lo primero tenía que ser el combate a la corrupción en sus adherencias entre toda clase de autoridades y entre poderosos grupos económicos. También se hacía necesario deslindar el poder político del económico.
En cuanto a la inseguridad pública, no se ha querido seguir con la guerra letal a los cárteles, que sólo empeoró la violencia durante los dos sexenios anteriores. Para mantener esa postura, el gobierno tiene que resistir las presiones de Trump y su “ayuda” porque según él, “éste es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una GUERRA contra los carteles de la droga y los desaparezca”; es momento para “limpiar de la faz de la tierra a los carteles”, tuiteo el presidente estadounidense.
No faltará quien considere que la ayuda estadounidense es lo mejor que nos puede pasar para hacer la guerra, en nuestro territorio, matando connacionales, sin ver que el fin principal que perseguiría es asegurar el control del negocio, como lo hace la Drug Administration Agency, la DEA, frente a la cual, la droga está en las calles de cualquier ciudad estadounidense sin ningún problema.
Tales son las dos enormes piedras con las que podría tropezar la 4T, y caer, si no tienen al menos trazas de solución pronto.
La crisis económica de bajo crecimiento por bajas inversiones privadas y públicas en infraestructura, parece estar a punto de entrar en una fase de recuperación.
Tres datos documentan el optimismo que hay que tener para ver oportunidades en las crisis; uno es la puesta en marcha del Plan Nacional de Infraestructura, consistente en unos 1,600 proyectos a realizar a lo largo del sexenio, con una inversión total estimada en 424 mil 149 millones de dólares de la cual, el 56 por ciento sería empresarial y el 44 por ciento pública.
El martes 26 de noviembre se darán a conocer los primeros contratos de obras con empresas privadas, lo que deberá revertir el comportamiento negativo de la inversión pública, que cayó en 14.4 por ciento en términos reales durante los primeros nueve meses del 2019, haciendo caer a la inversión privada.
Otro dato positivo es el crecimiento en 7.8 por ciento de la inversión extranjera directa durante los primeros nueve meses del año, con respecto al mismo periodo del último año de Peña Nieto. Esa inversión no es “golondrina”, se trata de reinversiones y nuevas inversiones en diversos sectores productivos.
Como tercer dato, considérese que si se revierte el bajo crecimiento y las finanzas de Pemex empiezan a mejorar, como lo está haciendo en extracción y refinación, no hay motivo para que el país pierda su calificación crediticia del grado de inversión, a pesar de que analistas de las calificadoras Morgan Stanley, de UBS Group, de Société Générale, de Moody’s Investors Service y de S&P Global Ratings se han puesto de acuerdo en difundir perspectivas negativas para el crédito soberano de México.
Las principales economías del mundo están en desaceleración económica desde hace décadas, lo que hace que el frente externo no sea un factor de mayor estímulo, razón de más para movilizar los recursos internos.
Más difícil de roer es el hueso de la violencia criminal, desatada por vacíos institucionales que el Estado aún no tiene capacidad para recuperar.