Cuando la política y la administración pública se armonizan,
es posible aspirar al bienestar integral de la sociedad.
El autor.
En esta última reflexión sobre el perfil de liderazgo, me referiré al desarrollo social y cultural, probablemente la evidencia más clara de la eficacia de cualquier gobierno. Los denominadores comunes en la materia son: salud, economía, educación, acceso a las oportunidades y medio ambiente, tanto el natural como el consecuente a las relaciones humanas, parte esencial de la responsabilidad del Estado.
Es comprensible la importancia de la sinergia que la Secretaría de Bienestar puede establecer con sus análogas de Educación Pública, de Cultura, de Salud, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La importancia de la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL) radica en concretar una política pública incremental cuyos antecedentes se remontan hasta siete décadas atrás. Sin embargo, ha sido insuficiente para resolver los rezagos que todavía aquejan a gran parte de la población. Es preciso transitar del asistencialismo a la inducción de cambios en las actitudes de los individuos: de la pasividad hacia actividades productivas que les lleven a integrarse a una dinámica de sostenibilidad.
Esta dependencia es encabezada por una mujer; en las subsecretarías encontramos un hombre y una mujer, respectivamente; su edad promedio es de 44 años; el 40% estudió en escuelas públicas y se infiere que por su experiencia están relacionados con las necesidades de los grupos más vulnerables, toda vez que provienen de los estados de Chiapas, Guerrero y Tabasco, caracterizados por una marginalidad y pobreza relativas, con respecto a otras entidades federativas.
La educación está incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un instrumento primordial para el desarrollo de las capacidades individuales, la formación de valores para la convivencia; un recurso para la movilidad social.
A la Secretaría de Educación Pública le corresponde la creación y sostenimiento de condiciones que permitan el acceso a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que se requiera y en el lugar donde se demande.
La SEP cuenta con un liderazgo masculino: el Secretario y los tres subsecretarios; su edad promedio es de 59 años y son egresados de escuelas públicas. Esta dependencia es la más grande de todas por la circunstancia de contar con cientos de miles de maestros.
La SEP habrá de dirimir la problemática que deviene de la cancelación de la reforma educativa con un replanteamiento integral entre la educación básica, la media superior y la superior para proteger los derechos de los maestros, mantener actualizados los contenidos y lograr una educación de calidad, con la participación comprometida de alumnos y padres de familia.
La educación tecnológica y el sector privado han acordado fortalecer el modelo de educación dual (empresa-escuela) lo cual exigirá un notable esfuerzo de coordinación. La creación de cien universidades en este sexenio representa una tarea formidable tan sólo por la inversión que se requiere en aspectos físicos, sumada a la que demanda la formación y cualificación docente y, por supuesto, la atención al alumnado.
El sistema educativo público afronta una prevalencia de conflictos político–laborales al tener que equilibrar el cumplimiento de sus atribuciones con las demandas de un sindicato nacional muy poderoso y de una coordinadora de trabajadores que ha encontrado espacios en un tercio de los estados del centro y del sur de la República.
La cultura es un elemento de cohesión e identidad nacional en estrecha vinculación con la materia educativa. La Secretaría de Cultura, con tres años de existencia, ratificada por el nuevo Ejecutivo, habrá de promover y difundir las expresiones artísticas y culturales de México, así como proyectarlas en el extranjero; impulsar la educación, la creación y la investigación artística; dotar de espacios y servicios a la infraestructura; preservar el patrimonio y la diversidad; apoyar el desarrollo de las industrias creativas; aprovechar la tecnología digital para facilitar el acceso universal a la cultura.
Al frente de esta Secretaría se encuentran 2 mujeres y 1 hombre, con edad promedio de 50 años; dos egresados de escuelas públicas y uno de privada.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado integral de bienestar físico, mental y social que debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado. Es imprescindible mantener y profundizar las políticas que han propiciado los avances de México en esta materia y extender la cobertura hacia la población que aún permanece al margen de los servicios.
El nuevo gobierno se ha propuesto homologar un sistema nacional de salud universal, que conduzca a abatir las diferencias provocadas por la parcelación en diversas instituciones. Posibilitar la equidad, integralidad, sustentabilidad y calidad mediante el fortalecimiento de la rectoría de la Secretaría de Salud y la intersectorialidad, son responsabilidad que recae en esa dependencia, encabezada por 5 hombres y 2 mujeres; con edad promedio de 67 años y egresados en un 60% de escuelas públicas y 40% de planteles privados.
Toda sociedad requiere de un ámbito donde se realicen las interacciones individuales y colectivas necesarias para su existencia. La organización y distribución del espacio físico da origen al concepto de “territorio”, que conforme a su uso y densidad de población se ha distinguido entre “rural y urbano”. La gestión de esta problemática es competencia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con las atribuciones de proyectar, generar, coordinar, administrar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de ordenamiento territorial; propiciar la edificación de vivienda digna en espacios que permitan un manejo directo por parte de sus habitantes; un desarrollo urbano y rural equilibrado, así como otorgar certeza jurídica a la propiedad agraria; prevenir los asentamientos humanos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de desastres causados por fenómenos naturales para su atención inmediata. La SEDATU está dirigida por tres hombres, con edad promedio de 45 años; dos egresados de escuelas públicas y uno de privada.
Es indispensable imprimir racionalidad a toda actividad humana; efectuar acciones impulsadas por la preocupación de proteger y conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales, en una relación armónica entre el ser humano y su entorno.
Al conformar una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sostenible, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la responsabilidad de establecer criterios e instrumentos que aseguren la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, con la participación de los sectores público, social y privado. Esta dependencia está liderada por 2 mujeres, con edad promedio de 53 años; una proviene de escuela pública y la otra de institución privada.
En estos tres artículos he intentado dar cuenta de la inmensa complejidad que implica organizar al gobierno, tan sólo en una de sus ramas del poder público.
En una sucinta numeralia, que incluye al Presidente de la República, a la Oficina de la Presidencia y a las diecinueve secretarías de Estado, la edad promedio de nuestro gabinete asciende a 56 años (experiencia probada e ímpetu de cambio); el 38% de la titularidad de las secretarías está a cargo de mujeres (inclusión y capacidad). En el nivel inmediato inferior se observa que el género femenino alcanza el 18%. La formación profesional se distribuye en un 80% proveniente del sistema educativo público (sensibilidad sociopolítica) y un 20% del sistema privado (agregar para avanzar).
Quienes han recibido la confianza del Primer Mandatario reconocen y asumen una grave responsabilidad. A este conjunto de servidores públicos habrá de sumarse la sociedad organizada, en la inteligencia de que todos debemos considerar que la disponibilidad o ausencia de condiciones propicias al desarrollo son determinantes de la estabilidad política y la paz social.
La desigualdad que persiste en el país vuelve indispensable que el Estado reasuma su papel de equilibrio socioeconómico mediante el ejercicio de su autoridad como una instancia conciliadora y democrática, para hacer realidad el desarrollo individual y social tan anunciado como deseado.