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   Industria cementera México   

Revive investigación vs.
Cemex y Apasco


Cementeras mexicanas ponen a prueba la aplicación de las leyes en torno a la libre competencia, aquí las razones de empresa y autoridad.

En momentos controvertidos que vive la autoridad de competencia de México, la industria cementera mexicana, parece reabrir el debate sobre las razones que permiten la aplicación de la Ley que regulan a los competidores de este negocio que algunos han llamado el “oro gris”.

Después de cinco años de investigación, la Comisión Federal de Competencia (CFC), decidió cerrar el caso por presuntas prácticas monopólicas contra Cemex, Holcim Apasco, Cruz Azul y Moctezuma. Pero las microempresas que denunciaron la colusión de precios, decidieron interponer un recurso de reconsideración, con lo cual el caso revive.

La resolución de la CFC “se encuentra indebidamente fundada y motivada, violando así mismo los principios de exhaustividad y congruencia que debía respetar, y por tanto, procede que esa H. Comisión revoque la referida resolución, a efecto de dictar una nueva debidamente apegada a derecho”, señala parte del recurso de reconsideración que solicitaron recientemente las empresas que denunciaron en agosto de 2006 la presunta colusión de precios y segmentación de mercado al fallo emitido en octubre del año pasado por el ente antimonopolios de México.

Aunque más allá del recurso de reconsideración que podría revertir el fallo de la CFC o bien ratificarlo, para algunos expertos consultados, el caso de las denunciantes es un caso paradigmático sobre la aplicación de las leyes mexicanas para conseguir la libre competencia en el país. Pero además refleja la carencia de una política industrial y la falta de una autonomía real en el regulador antimonopólico.

Hasta ahora las cuatro cementeras que controlan poco más del 90% de las ventas de cemento en México, las cuales oscilan en alrededor de 5,000 millones de dólares al año, ganaron la primer batalla legal después de cinco años de litigios.

En el caso de la industria cementera en México, las tres microempresas Irkon Holdings; Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM), y la firma “Maquinaria, Carros y Camiones”, mismas que en 2006 denunciaron la fijación de precios y repartición del mercado (prácticas monopólicas absolutas) por parte de las seis empresas que producen cemento en México, aunque más tarde la investigación sólo se centró contra  Cemex, Holcim Apasco, Cruz Azul y Moctezuma, quedando excluidas Grupo Cementos Chihuahua y la unidad en México de la francesa Lafarge.

En octubre del año pasado, la CFC emitió su veredicto que advierte "no se acredita la comisión de las prácticas monopólicas absolutas previstas (...) a 1) Cemex México, 2) Holcim Apasco, 3) Cooperativa La Cruz Azul y 4) Corporación Moctezuma, en el mercado de la producción, distribución y comercialización de cemento, al no existir dentro del expediente elementos suficientes para acreditar la responsabilidad”.

Además advirtió “se decreta el cierre del expediente al rubro citado como asunto totalmente concluido”, ya que también argumentó que de acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) la dependencia solo tenía facultades para investigar hechos a partir del 25 de agosto de 2001, es decir cinco años antes al inicio de la investigación.

 

POLÍTICA INDUSTRIAL

El mercado es otra razón de peso. México es uno de los 20 mayores productores de cemento en el mundo, donde la mayor economía cementera en el planeta es China, seguido de India y en la tercera posición global es el vecino país del norte: Estados Unidos.

Para tener una idea del tamaño de los mercados, basta comentar que en 2010 por cada tonelada de cemento que se fabricó en México en Estados Unidos se produjeron dos, en la India seis y en China 53 toneladas.

En ese sentido, un experto consultado comenta que en el caso de la India, el gobierno de la mano de su parlamento tiene una política industrial orientada al apoyo de la industria para el fomento del consumo interno. Para ello, La Cámara Alta (senado) impulsa el uso de la nanotecnología en la producción del cemento, además que para evitar constantes incrementos de precios en el producto, hay una coordinación entre ministerios, para por ejemplo promover la inversión en infraestructura ferroviaria para el transporte del “oro gris”.

Además modifican las tarifas arancelarias para importación de equipo de transporte férreo, generadoras de electricidad, entre otros bienes de capital y materias primas para la producción de cemento.

Incluso, el año pasada la Cámara Alta (Rajya Sabha) del parlamente indio, analizaba la creación de un órgano regulador de precios de cemento en el segundo país más poblado en el mundo.

Al respecto, el catedrático e investigador de la Universidad Anáhuac del Norte, Carlos Canfield, comenta que esa medidas en la India obedecen al impulso que tiene ese gobierno para impulsar su mercado interno.

Para ejemplificar lo anterior, basta señalar que el gobierno indio se preocupa por los incrementos de precios del cemento. En tanto, en México entre algunas de las motivaciones de la investigación por presuntas prácticas monopólicas en México fue que en el pasado se encontraron sobreprecios de hasta 250% respecto a lo que se vendía el producto en otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Es por ello el catedrático considera que el recurso de reconsideración que interpusieron las tres microempresas en contra del fallo de la CFC un problema de corte jurídica y político. Además de que México carece de una política industrial.

Por lo anterior, dice que estará atento a los planteamientos de la XIX Reunión Anual de Industriales que convocó la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) que se realizará del 19 al 21 de enero en Guadalajara.

“En Guadalajara se deberían plantear cosas importantes para definir una verdadera política industrial para el próximo sexenio”, comenta Canfield.

En la reunión anual de la Concamin, que agrupa 46 cámaras nacionales, 15 cámaras regionales, tres cámaras genéricas y 42 asociaciones de los distintos sectores productivos del país, además de la participación de diferentes secretarías del gobierno federal como Economía, Comunicaciones y Transportes y Energía, también estarán presentes los aspirantes presidencia de la República: Enrique Peña Nieto del PRI, Andrés Manuel López Obrador por parte de los partidos de izquierda, así como Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Creel Miranda del PAN.

 

ANTIMONOPOLIOS AUTONÓMO

En América Latina, por su alta concentración en la industria cementera predominan los monopolios y los oligopolios, y México no es la excepción. Más allá de esa característica, un factor radical es que las leyes antimonopolios no se aplican a cabalidad, lo cual agrava el problema.

Según el catedrático e investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Vicente Fernández Fernández, para el caso de México, además de las complicaciones estructurales que pueda tener la CFC por cuestiones de presupuesto y recursos humanos para monitorear la libre competencia, el problema es que el país requiere un ente regulador con verdadera autonomía como la del Banco de México (banco central).

“Se necesita que las entidades encargadas de supervisar y sancionar sean autónomas para que puedan actuar con toda libertad, fuera de presiones o de que reciban líneas. Un organismo autónomo no recibiría línea de un secretario de Estado ni de un presidente de la República”, dice Fernández, catedrático del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Es por ello que considera que tanto a la Comisión Federal de Competencia como a la Procuraduría General de la República (PGR), los poderes ejecutivo y legislativo, los deberían convertir en órganos constitucionales autónomos, como el caso de Banxico. Al respecto, basta señalar que en 2009 el entonces gobernador de Banxico, Guillermo Ortiz, provocó el enojo de Felipe Calderón porque en lugar de reducir las tasas de interés, el banco central las aumentó. Esto debido a la autonomía de la institución.

Fernández, también considera que los tiempos políticos también influyen en las decisiones de la CFC. Sin embargo, enfatiza que el gobierno federal desconoce que “la gente común y corriente no distingue si es una institución autónoma o si es desconcentrada o concentrada. Para la gente de a pie, el responsable es el gobierno quien hizo o dejo de hacer tal cosa”.

Las palabras de Fernández cobran fuerza, ya que algunas corredurías bursátiles consideran que en México el 50% de las ventas de cemento en el país es a través de las llamadas compras “hormiga”, que son personas que gradualmente a través de varios años van auto-construyendo su vivienda.

Por lo anterior, según otros expertos, es tal la importancia económica de los autoconstructores que firmas como la suiza Holcim Apasco y Cemex habrían utilizado sus programas “Mi Casa de Apasco” y “Construrama” para controlar a los distribuidores del polvo gris, esto como en su momento lo estableció la CFC en el Oficio de Presunta Responsabilidad (OPR).

 

REVIVE EL CASO

Apegados a las garantías constitucionales, las microempresas Irkon Holdings; Comercio para el Desarrollo Mexicano (CDM), y la firma “Maquinaria, Carros y Camiones”, mejor conocidas en México por el caso del Mary Nour (por otra investigación por presuntas prácticas monopólicas relativas), recientemente interpusieron el recurso de reconsideración contra el fallo de la CFC que cerró el caso por prácticas monopólicas absolutas.

Si bien, la CFC señaló que sólo podía investigar por hechos sucedidos desde agosto de 2001, los demandantes alegan que “por lo menos desde el año de 1997 hasta el 2006, las cementeras incurrieron en la conducta prevista en la fracción III del artículo 9º de LFCE, segmentación de mercados”.

La reconsideración señala que el OPR (documento legal para solicitar la comparencia de las cementeras) contenía la declaración de ex directivos de las empresas, así como el testimonial de distribuidores de cemento en el país.

“Es claro que la resolución que se impugna viola los requisitos de debida fundamentación y motivación, lo mismo que de congruencia, que está obligada a respetar y por tanto debe ser revocada para efectos de subsanar o anterior”, señala la apelación.

“Se denota la falta de investigación y análisis por parte de la Comisión (Federal de Competencia), pues se limita a transcribir los dichos de los denunciantes sin hacer un razonamiento lógico-jurídico en el que pueda sustentar los elementos para determinar la probable responsabilidad de Cruz Azul”, agrega.

Para el alegato, las microempresas demandantes exponen la jurisprudencia respectiva. Por ejemplo, citan que “en materia de competencia económica es difícil establecer con precisión cómo se ha concertado un acuerdo o llegado a un comportamiento anticompetitivo, dado el cuidado que los interesados ponen para velar u ocultar cualquier vestigio de ello, por lo cual es evidente que, en la mayoría de los casos, no puede encontrarse prueba directa de la conducta desplegada por el agente o agentes involucrados, ni de todos los detalles que, por obvias razones, se ocultan u oscurecen, para lo cual debe hacerse una labor de enlace o adminiculación de diversos hechos conocidos para extraer una presunción o hipótesis a partir de un indicio, y derivar inferencias basadas en la experiencia que lleven al conocimiento del hecho principal, sin que pueda exigirse un mayor rigor en el acreditamiento de circunstancias y móviles, dada su naturaleza.

“La prueba indirecta es idónea para acreditar, a través de indicios suficientes, adminiculados con enunciados generales, ciertos hechos o circunstancias a partir de lo que se conoce como la mejor información disponible”.

Respecto al comparativo de precios internacionales, donde el OPR señalaba diferencias de hasta 250%, los cuales la CFC desestimó, el recurso de reconsideración señala que esa determinación se fundamentó en copias simples (fotostáticas) de unos reportes de JP Morgan y de la consultora G&T.

Además de que para otros puntos desestimados, dicen que es “absolutamente inaceptable que la Comisión (Federal de Competencia) haya lanzado hipótesis sin soporte probatorio alguno, y mucho menos cuando existían toda una serie de pruebas directas, indirectas y presunciones que llevaban a otra conclusión“.

Lo anterior, es parte de expediente de más de 150 páginas donde los denunciantes argumentan uno a uno de los supuestos errores de la CFC.

Es por esto, que la CFC deberá emitir un veredicto en los próximos 60 días hábiles.

Por Tomas de la Rosa