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OPINIÓN
Por Dr. Antonio Reyes


México y los Organismos Financieros Internacionales: ¿Operaciones transparentes? 



Esta semana, la Cámara de Senadores aprobó dos iniciativas que autorizan al Presidente de la República para que amplíe México sus cuotas accionarias al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Tal autorización debería alegrar al país, pero se inscribe en medio de una turbulencia financiera internacional y una relativa opacidad de la relación operativa de México con los organismos financieros internacionales, especialmente con el BID y el Banco Mundial (BM). 

Según se entiende en la iniciativa respectiva, dada su poca claridad técnica, el Ejecutivo fue autorizado a realizar nuevas “aportaciones al Fondo Monetario Internacional por una cantidad de cinco mil doscientos ochenta y siete millones de derechos especiales de giro” (DEG), que es considerada la “moneda” del FMI.  Dado que cada DEG equivale aproximadamente a $1.57 dólares, el total adicional que México aportaría sería del orden de $ 8 300 millones de dólares.  Cifra nada despreciable a los ojos de cualquier lego.

Sin embargo, de acuerdo con la iniciativa aprobada, “el 25% del incremento de cuota se pagará en DEG o en monedas de libre uso, y el 75% restante en moneda nacional”.  Además, “l 25% del aumento de la cuota pagadero en divisas forma parte de las reservas internacionales del país, al constituirse lo que se conoce como “tramo de reserva”.  De esta manera, si bien se entiende, el gobierno mexicano depositaría el equivalente en pesos de aproximadamente $4, 648 millones de dólares en la cuenta del Banxico a favor del FMI.  En esencia en la iniciativa se enfatiza que “no disminuyen las reservas internacionales del Banco de México”. 

Con esta aportación autorizada, con total opacidad respecto de las cifras en dólares que implica según la lectura de la iniciativa oficial, México sube su peso relativo dentro del Organismo del “1.52 a 1.87%, lo que implica que la posición de México suba del lugar 16 al 14, así como que aumente su poder de voto de 1.47 a 1.80%”.  Cambiando de esta manera poder de voto de los países desarrollados hacia los países especialmente emergentes. 

Por otra parte, para modificar el Convenio accionario del FMI que ha dado origen a la ampliación de aportaciones para los países miembros, “se requiere que tres quintas partes de los países miembros, con un mínimo de 85% del total de votos, aprueben la enmienda relativa.”  Así, “esta Resolución fue respaldada por 168 de los 187 países que emitieron su voto, incluido México, con 95.32% del total de los votos en el Fondo Monetario Internacional”.

Se indica finalmente que “junto con un Directorio Ejecutivo más representativo, reforzará la credibilidad del Fondo Monetario Internacional, permitiéndole enfrentar de forma más eficiente los retos que han traído consigo la reciente crisis financiera y, en general, la transformación de la economía mundial en los últimos años”.  De esta forma, la reforma del FMI para aumentar las cuotas de los países miembros se contextualiza en un ambiente de alta incertidumbre financiera internacional, en el que sobreviven dos grandes paradigmas a la vista de todos, aunque no necesariamente vistos por nuestras autoridades financieras. 

Por una parte, existe el activismo económico gubernamental de Estados Unidos que les ha ido permitiendo salir de la crisis más profunda hasta ahora vivida desde la gran depresión de 1929.  Esta crisis obligó al gobierno a salvar a empresas como la Chrysler, General Motors, entre otras, con el principio de que los apoyos financieros implicados sean rembolsados al erario público, incluidos los proporcionados a las instituciones financieras.  Aún más, tal acción gubernamental ha significado que alrededor de 17 bancos de tamaño mundial sean demandados por el regulador por abusar de los consumidores, especialmente de aquellos que compraron hipotecas chatarra bursatilizadas.  Al respecto, cualquier posible semejanza con el rescate bancario mexicano es ilusoria o simplemente ciega y dogmática.

El otro paradigma hecho política ha sido el rescate financiero y bancario de algunos países de la Unión Europea, especialmente de la llamada Zona Euro, que ha terminado por transitar hacia una crisis generalizada de la deuda pública Europea, cuyas medidas de saneamiento han resultado finalmente en mayor desempleo y recesión.  Tales resultados, en un proceso de causa efecto, amenazan por sumir a la misma Alemania en una recesión, en la que ya cayó sorprendentemente Holanda, Bélgica y Austria, ya no digamos como todos sabemos Grecia, Portugal, Irlanda, España y más recientemente Italia.

Por ello, ante los exiguos resultados obtenidos por las autoridades europeas para solventar la crisis continental los grandes países como Estados Unidos y Japón, entre otros, se resisten a ampliar su cuota del FMI hasta que no quede claro cómo y cuando se espera que la UE enfrente con efectividad su crisis.  Una crisis que ha engullido más de un billón de dólares y parece no tener saciedad en su apetito en beneficio de grandes bancos y sus administradores.

La pregunta que surge es ¿por qué los países pobres, como México, deben aportar nuevos recursos al FMI, en tanto los ricos condicionan toda aportación? ¿Será que por presidir el G20 creemos que para ser corteses debemos ser valientes y asumir más riesgos que los ricos?

Por lo que hace al BID, la suscripción adicional de capital solicitada en la otra iniciativa aprobada por el Senado implica cuatrocientos un mil cincuenta y dos (401,052) acciones, que significa el equivalente a $4,838 millones de dólares.  Adicionalmente se autorizó el equivalente de $17.4 millones de dólares, para cubrir la “cuota de la contribución” de México al Fondo para Operaciones Especiales (“FOE”)”.  

De la suscripción de capital, sólo se deberá cubrir monetariamente por alrededor de 2%, siendo el resto solventado, como hasta ahora ha acontecido, con las propias utilidades del banco asignables a México, como socio que detenta casi 7% del total accionario.  Dado que las obligaciones monetarias reales se cubrirían en cinco años, se tendrá un pago comprometido anual de aproximadamente $27 millones de dólares, para hacer un total de $135 millones de dólares.

La autorización del Senado para que México amplíe su capital en el BID implica cifras que parecen representar un gran negocio, dado que con $135 millones de dólares se accede a un nuevo capital de $ 4,830 millones de dólares.  Sin embargo, la relación formal con el BID o el Banco Mundial, oscurece otra realidad, como es sabido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En primer lugar, lo lógico es que México hiciera este tipo de operaciones de ampliación de capital a un organismo financiero internacional a través de sus agentes financieros, con los que trata normalmente el BID.  En este caso Nafin o Banobras, y no a través del Banco Central de la Nación, que es una entidad autónoma.  Al respecto, en la iniciativa aprobada no se menciona si Banxico impondrá costo alguno a la operación en marras. 

Aunque la aportación líquida del gobierno federal es de un poco más de 2% del monto total comprometido, ello no deja de significar un pasivo contingente para el país, es decir una obligación, una deuda por un total de un poco más de $ 4830 millones de dólares, arriba de los $50 mil millones de pesos de más deuda pública en un solo año.  Se desconoce si esta deuda ha sido autorizada por el Congreso, en una circunstancia en el que la deuda pública real pasó de casi dos billones de pesos a un poco más de cinco billones.

Por otra parte, el manejo de nuestras operaciones con el BID y el Banco Mundial es totalmente atípico, de gran creatividad financiera y presupuestal nunca imaginada, que no tiene parangón en otros países. 

En general, los llamados préstamos del BID o del Banco Mundial no agregan recursos al presupuesto federal, es decir no incrementan la capacidad pública de gasto.  Lo que hace la SHCP normalmente es que el gasto ya contemplado en el presupuesto sea intercambiado por un crédito, terminando por dolarizar, así, el presupuesto federal, para crear reservas internacionales con la ampliación de deuda exterior. 

Por ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que no hay claridad en la aplicación de los financiamientos externos.  Es decir, los préstamos externos con las instituciones financieras internacionales no han estado asociados realmente a proyectos específicos y tangibles, a un incremento real en la capacidad de gasto público, que haya significado presupuestos adicionales a las dependencias federales.  En el mejor de los casos como ha sido vía el BID se han usado en los últimos años para rescatar sofoles hipotecarias.

Además, como estos financiamientos virtuales se hacen vía Nafin o Banobras se les paga comisiones y sobretasas, con lo que el propio gobierno infla artificialmente los resultados financieros de esas entidades públicas, abultando las necesidades netas de recursos.  Nos prestan a bajos intereses y nos cobramos nosotros mismos caro.

Sería deseable que se aprovechara lo que puede brindar el BID como banca de desarrollo regional, tal como se hizo en el pasado con infraestructura, caminos, puentes, presas, cuando México era un líder latinoamericano y el BID estaba dirigido por un gran mexicano, como lo fue Antonio Ortiz Mena. 

Muy encomiable también sería que las autoridades hacendarias transparentaran la naturaleza, destino y objeto de los recursos que se derivan de las operaciones que México realiza con los organismos financieros internacionales.  Ello no tan sólo permitiría una mejor transparencia financiera, sino que evitaría asumir riesgos innecesarios, tal como lo hacen los principales socios del FMI, BM o el BID. 

Bien se dice que los pobres asumen los riesgos y los ricos cosechan las ganancias.