Participé en la Comisión Especial de Reclusorios durante la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Fue una experiencia que me llenó de grandes incógnitas, tanto sobre nuestro sistema de justicia como sobre lo que realmente se buscaba con la reclusión de los seres que, privados de su libertad, pareciera que, en lugar de buscar una reinserción social, van cayendo cada vez más profundo.
Nos dimos a la tarea, como primer paso, de visitar todos los reclusorios de la Ciudad de México (como dato importante les comparto que actualmente existen 11 reclusorios varoniles, entre ellos, uno especializado en hombres con problemas de trastornos mentales, y dos para mujeres, ninguno especializado).
Visitar el reclusorio de Santa Martha Acatitla me llenó de asombro. No sé por qué, quizás nadie nos hacemos ese tipo de preguntas jamás, pero jamás imaginé ver tantos pequeñitos ahí dentro: niñas, niños y bebés.
Pasada la visita, busqué una cita urgente con el subsecretario del sistema penitenciario del entonces Distrito Federal para dialogar sobre el tema. El sistema penitenciario depende de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad. Muy amable, el subsecretario me dio la cita inmediata y le platiqué mi impresión tan fuerte al ver a los menores en reclusión. Jamás imaginé que mi asombro apenas comenzaba.
“Mire Diputada –me dijo sin mediar preámbulos al tema– el problema de fondo es el abandono de las mujeres”. Pienso que no terminaba de abrir grandes los ojos cuando continuó su explicación. “Cuando un hombre comete un delito, nadie lo abandona; en cambio, cuando una mujer comete un delito, el primero en abandonarla es su pareja, seguido de la familia. Debería de ver un 10 de mayo en los reclusorios, para el mediodía hay un silencio sepulcral en Santa Martha Acatitla, no así en todos los reclusorios varoniles, donde toda la tarde hay fiesta y hasta mariachi porque sus mujeres van a festejar con sus hombres, nadie falta, incluyendo madre, esposa y amantes”.
Bajar la cabeza y tratar de imaginar aquellas escenas no era lo único que podía yo hacer. —¿Y las niñas, niños y bebés?, pregunté.
Cuando una mujer se embaraza dentro del reclusorio empieza a recibir un trato especial; para empezar, se le aleja del resto y se les localiza en un espacio diferente. Aquello es un motivo fuerte para que más de una busque embarazarse. Enseguida nace el bebé y pueden asistir a una linda guardería que se les construyó dentro del reclusorio, con educadoras y personal especializado. El problema viene cuando los menores están por cumplir sus 3 años, edad límite permitida para que convivan con sus madres en prisión. Ahí entonces inicia un gran reto para el sistema penitenciario: localizar al familiar más cercano a la presa para llevarle al menor. Primero ver si existe madre, luego padre, luego hermanas, hermanos, tías, tíos y hasta cuarto grado de consanguinidad. Luego llevar al menor a aquella dirección y dar la noticia de la existencia de la pequeña o pequeño a quien les dejarán a su cargo. “¡Viera luego las caras de sorpresa!” –continuó. “Cuando ya nos retiramos casi los escuchamos decir: Mira mocosa(o), aquí no hay para mantenerte, así es que puedes quedarte en este techo, pero aquí tienes esta cajita de chicles y sales a vender, sólo puedes regresar a dormir”.
Imaginé toda la escena que el subsecretario me describía y mi indignación se tradujo en un punto de acuerdo que subí a tribuna, aunque muchas sabemos que los puntos de acuerdo son como llamadas a misa, quien quiera escuchar qué bueno, si no, tampoco pasa nada. Y no pasó nada.
Propuse generar familias alternas por cada menor en reclusión, y así darles un entorno que les permita salir del reclusorio de vez en cuando, con la autorización de la madre y generar vínculos sobre todo para los casos en los que la madre se quedara por largo tiempo encerrada más allá de los tres años del menor. Además, para ofrecer la posibilidad de un futuro con mejores oportunidades de desarrollo en caso de que el menor pueda quedarse con esa nueva familia mientras la madre cumple su condena.
En la pasada Legislatura, la Dra. Carla Angélica Gómez Macfarland realizó un estudio sobre los menores que viven con sus madres en centros de reclusión en México. Las cifras son crueles y retratan la discriminación que se vive como mujer también en el sistema penitenciario.
¿A qué nos referimos con el “interés superior del menor” si en muchos casos son invisibles? ¿Acaso un ser invisible es importante? ¿Y qué decir sobre las políticas de género? Niñas y niños aislados de la sociedad, niñas y niños que aprenden a caminar esquivando personas, en ocasiones tiradas en el piso, que gatean queriendo agarrar cosas que una madre no les dejará tocar por representar peligro. ¿Qué futuro para estos seres invisibles? Podemos defenderlos no sólo por los derechos humanos y garantías individuales consagrados en nuestra Carta Magna, sino también con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal, diversas jurisprudencias y los tratados internacionales signados por México.
En el estudio en comento de la Dra. Gómez Macfarland, encontramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) halló en reclusorios de todo el país deficiencias en cuanto a condiciones materiales respecto de las áreas o espacios para actividades o servicios: sin planchas para dormir, poco mantenimiento a servicios sanitarios, condiciones de ventilación deficiente, presencia de fauna nociva como cucarachas, chinches, ratas o moscas; y también se observaron deficiencias en la alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, entre otros. Asimismo, en el tema de legalidad y seguridad jurídica existe el autogobierno, cobros y privilegios, prostitución, inadecuada separación y clasificación, irregularidades en imposición de sanciones disciplinarias, entre otros elementos ilegales.
Triste situación para una nación con más tratados internacionales signados que cualquier otro país en el mundo, donde cada tratado es un compromiso hecho por escrito para cumplir con cánones de legalidad indiscutibles.
Hoy presto mi voz a todas estas mujeres, niñas y niños que deben saber que un mejor futuro sí es posible. Nacer pobres o en el infortunio no fue su culpa, pero a dónde llegarán es responsabilidad de toda la sociedad.
Referencia:
Gómez Macfarland, Carla Angélica (2017), “Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México”, Cuaderno de Investigación, No. 34, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.
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