Como en todo régimen constitucional, la vía institucional es que los Diputados y Senadores exijan a todas las dependencia públicas cuentas completas y satisfactoria.
¿Por qué pagamos impuestos? La justificación automática es que hay que hacerlo porque es la única manera que el Estado tiene para satisfacer el gasto público. Sin embargo, frente a un gasto ineficiente, corrupto y excesivo por parte de las autoridades, esta respuesta nos parece insuficiente.
Hoy el pago de impuestos es una obligación que todos asumimos casi a ciegas, simplemente porque así lo ordenan las leyes y porque el Estado necesita más dinero, pero sin que se nos reconozca el derecho de exigir cuentas sobre el destino del gasto público.
La situación opera a la inversa, como si se tratase de una potestad reservada a las autoridades hacendarias de la que estamos excluidos los gobernados, lo que es ilógico e inaceptable, pues a la obligación de pagar impuestos le es correlativo el derecho de pedir que se nos rindan cuentas.
Dado que los impuestos implican transferir una parte de nuestro patrimonio a la Hacienda Pública, esto nos da el derecho de exigir que la aplicación del gasto público sea racional y de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez establecidos en la Constitución Federal.
Cuando estos principios no se cumplen, la resistencia fiscal se incrementa. Se trata de un concepto que no es nuevo en México ni en otros países. Su existencia es centenaria y sus causas son las mismas: nos resistimos a pagar impuestos cuando nuestra percepción es que el dinero público se malgasta, se despilfarra o no se utiliza en proyectos prioritarios como educación, seguridad pública o salubridad general; o bien, porque los funcionarios se aprovechan de los recursos públicos en beneficio de sus intereses particulares.
La clave está, por lo tanto, en determinar dos cosas. Primero, qué partidas constituyen el gasto público, para así conocer si el ejercicio del mismo es proporcional al sacrificio que para nosotros representa el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y segundo, determinar qué mecanismos tenemos los contribuyentes a nuestro alcance para exigir que el gasto público se ejerza de acuerdo con lo establecido en la Constitución Federal.
Como en todo régimen constitucional, la vía institucional es que los Diputados y Senadores, por cuenta y a nombre de la ciudadanía, exijan a todas las dependencia públicas cuentas completas y satisfactorias -en verdad, no en ficción- sobre el diseño, presupuestación y aplicación del gasto público.
Una opción adicional es que los ciudadanos ideemos vías jurisdiccionales ante los tribunales federales para exigir el respeto de los principios constitucionales en esta materia. Así se hizo en los amparos de #YoContribuyente y Mexicanos Primero, este último con resultados totalmente favorables. Ambos han sido pasos incipientes en una larga batalla que los contribuyentes tenemos que dar en defensa de nuestros derechos y de nuestros impuestos.
