Taxistas concesionados denuncian pérdidas de 24 millones de pesos diarios, según las estimaciones que el mismo sector hace.
Ciudad de México (elsemanario.com).- Después de que el día miércoles los Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) se reunieran a las afueras de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para exigir que el gobierno capitalino prohíba el servicio de Uber y Cabify; y después de que Uber se pronunciara argumentando que los ciudadanos del Distrito Federal tienen el derecho de decidir cómo quieren moverse en su ciudad, Ignacio Rodríguez, vocero de los taxistas organizados en contra de estos últimos, habló con el semanario.com y aclaró algunos puntos sobre el tema.
En primer lugar, el vocero menciona que el objetivo de la reunión del pasado miércoles fue para solicitar al procurador que tome cartas en el asunto en el tema del servicio Uber, empresa que presta el servicio público de pasajeros sin contar con autorización o permiso por parte de la autoridad competente, asevera.
“Nos recibió el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, el maestro Óscar Montes de Oca Rosales”, junto a Moisés Cornejo, y ofrecieron, dice, darle seguimiento a la averiguación a consecuencia de la denuncia expuesta por los Taxistas Organizados de la Ciudad de México, desde el 10 de diciembre del año pasado, misma que enuncia la omisión de funciones en contra de Rufino H. Leon Tovar y de Uber y Cabify, que no cuentan con una concesión para llevar a cabo el servicio que ofrecen de manera legal, “cometiendo el delito de la transportación ilegal de pasajeros, según la nueva ley de movilidad”, asentado en los artículos 258 y 260 de la misma ley, refiere el vocero.
También mencionó que el día miércoles, a manera de refuerzo, presentaron una denuncia de hechos y se les tomó la ratificación de la misma por órdenes de Montes de Oca, comprometiéndose a dar resultados del avance de la averiguación “para el viernes de la próxima semana”, alega. “Estamos citados nuevamente en la procuraduría para que se nos informe qué estado guarda la averiguación”.
Exigencia y prospectiva.
“Nosotros también estamos exigiéndole al secretario de movilidad Rufino H. Leon, que denuncie (…) la comisión de este delito”, ya que él tiene conocimiento de que se está dando a través de estas dos empresas, dice, y agrega que “en el uso de las facultados que la ley le confiere, la misma ley de movilidad en el artículo 12, fracción 40, establece que el titular de la secretaría debe denunciar los hechos cuando trate de comisiones de delitos en materia de transporte”.
Piden la actuación del secretario de movilidad como titular de la dependencia para que actúe con las herramientas que la ley le proporciona, pero no han recibido respuesta clara por parte de la secretaría ni de su titular y “el sector está a la espera de que haya una respuesta y un pronunciamiento”. También argumentan que están esperando que el jefe de gobierno se pronuncie, incluso a través de su consejero jurídico, José Ramón Amiela, si es que ellos consideran legal o ilegal estos servicios, apunta.
Informa que tienen programadas una serie de acciones “encaminadas (…) a exigirle a la autoridad a través de sus diferentes órganos que actúen para enfrentar el problema” y también planean estar en contacto con la Asamblea Legislativa a través de Claudia Cortés, presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad y con el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias, para que atiendan el tema desde el ámbito legislativo y esto no se regule, pues “nos dejarían en situación de desventaja” a los concesionados. Exigen a la procuraduría que le dé continuidad a la averiguación y piden resultados; a INVEA y a la Secretaría de Seguridad Pública para que apliquen los reglamentos correspondientes, y para que, interinstitucionalmente, todos estos órganos “enfrenten el problema y le den una solución”.
Si esto procede… ¿qué pasa con los trabajadores?
Ignacio Rodríguez, vocero de los taxistas unidos, dice que piden que los trabajadores se integren a un esquema legal, a través de unidades legalmente autorizadas para dar el servicio. Los autos de Uber carecen de una autorización, de una placa, de concesión de taxis. Los operadores no tienen la licencia que por regla se requiere para que puedan trabajar legalmente, el tarjetón, etc., asevera Rodríguez.
Los TOCM van a seguir actuando, llevando a cabo medidas, convocando a ruedas de prensa, “el próximo martes vamos a estar en zócalo, frente a las oficinas de gobierno”, para exigir a Miguel Ángel Mancera que se giren las instrucciones y se atienda el problema, añade el vocero.
¿Cuánto pierden?
Ellos, como taxistas concesionados bajo los requerimientos que la ley en la materia les exige, hacen un estimado y mencionan que “estamos perdiendo el 30 por ciento de nuestro ingreso debido a la existencia de esta competencia ilegal”, mismo que representa, por el número de concesionarios (140 mil, en el DF, aclara), una “afectación al sector de 24 millones de pesos diarios”; según las estimaciones que el mismo sector hace, agrega.
Lo que sucedió en las instalaciones de la procuraduría “es sólo una de varias acciones que tenemos determinadas (…) nos declaramos en una campaña abierta contra estas empresas, por ser ilegales, por venir operando de una manera en la que las leyes de esta ciudad se están viendo transgredidas”. Los taxistas, en pleno uso de sus derechos “como ciudadanos y como trabajadores”, subraya, continuarán con la serie de acciones en contra de que estas empresas sigan trabajando de esta manera.
Por Alberto Cedeño.