A un año de que se implementó el Programa Frontera Sur, no se ha visto ningún beneficio para los grupos vulnerables en esta materia; al contrario, ha aumentado la discriminación y todo tipo de ataques en contra de los migrantes.
Ciudad de México (elsemanario.com).- El día de ayer la legisladora perredista Yesenia Nolasco Ramírez presentó la propuesta para que las autoridades federales den a conocer los resultados del Programa Frontera Sur, pues a un año de su puesta en marcha, los migrantes siguen padeciendo agresiones y se sigue atentando contra sus derechos, señaló, al endurecerse las acciones en contra de los pasantes y sus defensores.
Por ello es que Nolasco exhorta a la autoridad pertinente para que a través del Instituto Nacional de Migración (INM) haga públicos los alcances de dicho programa. Y así, por parte de la institución señalada y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se garanticen y supervisen las garantías de los migrantes, quienes en su trajinar por una mejor vida caen o reciben tratos denigrantes y son víctimas de discriminación.
Según la página oficial de la Presidencia de la República, el Plan Frontera Sur “tiene como propósitos proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región”.
Sin embargo, es menester recordar lo siguiente, un simple ejemplo:
El Viacrucis Migrante 2015 tuvo que posponer su andar debido al hostigamiento que los migrantes sufrieron en el camino y por lo que se detuvieron en el albergue “Hermanos en el Camino”, que dirige el padre Alejandro Solalinde, ubicado en el estado de Oaxaca, aunque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ya había concertado diversos apoyos con autoridades del DF para recibir a la caravana.
¿Quién los hostigó?
El padre Solalinde y distintas organizaciones señalaron que el mismo INM y la policía federal fueron los encargados de acosar la caravana. Hostigados a pesar de las recomendaciones emitidas por las comisiones al cargo de los derechos humanos. De esta manera, Amnistía Internacional México instó a las autoridades para que detuvieran la criminalización contra la caravana y dejó clara su preocupación por la seguridad de los migrantes y sus defensores debido al dispositivo de seguridad del Instituto Nacional de Migración e integrantes de la policía federal.
Sin embargo, el Viacrucis no tuvo una actitud “confrontativa”, sino que buscó el diálogo con las autoridades para pronunciarse contra el Programa Frontera Sur, que criminaliza a los migrantes, los detiene y los deporta sin tener acceso a la ayuda consular o representación legal. Así lo compartió en alguna ocasión -en entrevista para EL SEMANARIO– Julio Campos Cubías, coordinador general del Colectivo Migrantes LGBT quien es uno de los organizadores de dicho viacrucis.
Y ¿de qué va el Programa Frontera Sur?
Según el activista a favor de los derechos de los migrantes, este plan tiene como objetivo militarizar la frontera y poner más controles migratorios. Desde Tapachula hasta la ciudad de México son 17 retenes, menciona Julio Campos.
En ese sentido, lo que se busca es endurecer las políticas migratorias para que no haya tanto acceso y las personas puedan regularizarse en México. Por ello, las personas que vienen de Centroamérica utilizan vías alternas para poder pasar. Al llegar se encuentran con el crimen organizado, son asaltados, violados y violadas; y quienes usan el tren, son mutilados.
El Plan Frontera Sur no respeta los derechos de libre tránsito y tampoco tiene un plan de acción para personas que han sido víctimas de delito, más que la deportación, reitera Campos.
Bajo una separación sistemática, la idea del Plan, refiere, es la de detener a las personas y llevarlas a una estación migratoria y ver quienes son candidatos para regularizarse.
Es decir, son candidatos para “regularizarse” y las personas que huyen de sus países debido a la persecución de pandillas, del Estado; a que han sido víctimas de delito y no pueden seguir viviendo en sus comunidades, “eso es en cuanto refugio”, refiere el activista.
En lo que tiene que ver con las visas humanitarias, son candidatos las víctimas de delito en territorio mexicano. Y aunque hombres y mujeres ponen su denuncia por estos actos, no son escuchados por Migración, dice Campos.
Pareciera que hay tintes discriminatorios y estigmatizantes en torno a lo anterior; conductas xenófobas por parte de quiénes deberían proteger a estas poblaciones; “normalmente nosotros somos tratados con xenofobia por migración”, agregó Campos, además de mencionar que hay una actitud represora de no permitir el libre tránsito, “pero por todo el Estado mexicano”.
A un año de que se implementó el Programa Frontera Sur, los migrantes siguen pasando desapercibidos y se invisibilizan ante autoridades de la materia sordas y ciegas. Claro ejemplo es lo que documenta La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes, que apunta que sólo en este año más de 60 mil personas han sido deportadas. Además, han sido victimas de:
-Asaltos: 461.
-Secuestros: 42.
-Abusos por parte del INM: 336.
-Abuso de autoridad: 224.
-Extorsiones: 128.
A pesar de todo esto, muchos prefieren guardar silencio y no denunciar, ya que de hacerlo se llama a las autoridades de migración, arriesgándose a ser deportados. Ante esta realidad, muchos prefieren callar los delitos de los que son víctimas por pasar en estas rutas o estados, arriesgando su integridad física y tolerando humillaciones de todo tipo.
Por Alberto Cedeño.