Se espera que en 2022 el gasto en pensiones y jubilaciones sea de 1.2 billones de pesos o 4.4% del PIB.
El gasto en pensiones y jubilaciones continuará con su trayectoria ascendente, siendo 3.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 o 720 mil millones de pesos, y según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia 2022 se prevé que sea el porcentaje sea de 4.4 o 1.2 billones de pesos.
Expertos consultados por Excélsior explicaron que el esfuerzo realizado por el gobierno federal para contener los pasivos pensionarios públicos aún está lejos de la solución definitiva que se requiere para detener la “la bola de nieve” que significa el pago de jubilaciones en el presupuesto.
Pedro Vázquez Colmenares, socio-director en Marpex Consultores, y Enrique Díaz-Infante, director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), comentaron que la solución de fondo pasa por reconocer lo antes posible los pasivos laborales dentro del balance financiero del sector público y transitar hacia un sistema único de pensiones fondeado por trabajadores y patrones, desde los actuales modelos de beneficio definido.
“A su vez, estos modelos deben reconocer los derechos adquiridos de los trabajadores hasta cierto periodo y a partir de ahí ser de contribuciones definidas”, coincidieron los especialistas citados por el medio.
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Los expertos manifestaron que el costo de no reformar los sistemas pensionarios públicos es que seguirán absorbiendo cada vez más recursos presupuestarios en detrimento de las demás políticas públicas, como se observa en el Paquete Económico 2017.
Enrique Diaz-Infante dijo que la reforma a las pensiones debe acotar los privilegios de los sistemas de beneficio definido, con una regla que reconozca los derechos laborales hasta cierto periodo y a partir de ahí ser fondeados por los trabajadores y patrones, como lo ha propuesto la OCDE.
El especialista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias aclaró que se pronuncia a favor de esta medida pese a que es beneficiario directo del régimen de transición, es decir cuya pensión correría con cargo al presupuesto público.