Esta movilización propuesta por AMLO significaría un gran reto, ya que en la Administración Pública federal trabajan actualmente cerca de 3 millones de personas, y de esta cifra, el 80% se concentran en CDMX.
México es considerado uno de los países con mayor desigualdad del mundo. De acuerdo con el informe,“México justo: políticas públicas contra la desigualdad”, presentado en enero por la organización Oxfam, en el país diez personas concentran tanta riqueza como el 50 por ciento más pobre de la población del país.
Pero eso no es todo. En el caso de las regiones, México también presenta graves problemáticas y una brecha económica muy importante. Por ejemplo, en el norte, centro y occidente se concentra la industria, la logística y los servicios, mientras que en el sur persiste el rezago en estos ámbitos.
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En ese sentido, la promesa de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, ha planteado la descentralización de dependencias como un mecanismo que permita cerrar esta brecha.
La estrategia
Cabe destacar que llevar algunas secretarias a los estados de la República, generaría mayor actividad en éstos, en los sectores de la vivienda, los inmuebles, la infraestructura, el consumo, así como un mayor crecimiento general en las regiones.
Sin embargo, los críticos de la propuesta también han señalado que llevar las dependencias a los estados también plantea retos en materia de costo y tiempo necesario para desarrollar de manera efectiva el proyecto, toda vez que se estima que se requerirá entre el 2 y el 3 por ciento del presupuesto de ingreso total.
Kristobal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), explicó a El Economista que una de las primeras maneras de impulsar el desarrollo económico de las localidades en donde sean reubicadas las dependencias es contratando a personal local.
“Sí, podría haber un desarrollo económico en el sentido de que algunos estados se podrían ver beneficiados con el hecho de que algunos individuos de algunas de estas entidades federativas estarían siendo contratados y normalmente hay personas con una capacidad intelectual importante al interior de la República; entonces, podrían obtener puestos importantes dentro de sus entidades federativas”, señaló el experto.
Esta movilización, sin embargo, significaría un gran reto ya que en la Administración Pública federal trabajan actualmente cerca de 3 millones de personas, y de esta cifra, el 80% se concentran en la Ciudad de México.
De igual forma, Gustavo López Montiel, catedrático del Tecnológico de Monterrey, precisó al diario citado que el desarrollo económico de las localidades a través de las dependencias tiene sus límites.
“A final de cuentas, trabajar en el gobierno implica una actividad económica, pero no necesariamente significa desarrollo como tal porque para que haya desarrollo necesitamos actividades productivas y si bien el gobierno implica una actividad económica, no necesariamente es productiva en términos de la generación de riqueza”, aseguró.