En Perspectiva

Lectura: 3 minutos

¡Vaya! ¡Vaya!, como dijera el sabio Carlos Slim, “No es lo mismo ser borracho que cantinero”. Ciertamente, las palabras del multimillonario flotan sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como si de un epitafio se tratara.

Veamos qué tenemos. Las finanzas públicas de México enfrentan retos enormes. Los ingresos federales anualizados a 2019 tendrán un faltante estimado de 251 mil millones de pesos en contraste con lo presupuestado para el año en curso. ¿Se preguntará por qué? ¿Quién se lo robó? No, es consecuencia de la falta de confianza en el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y su partido MORENA.

A lo anterior, se suma la incompetencia de los nuevos servidores públicos que han sido capaces de gastar sólo el 21% del presupuesto público federal aprobado, generando en consecuencia una desaceleración económica autoinflingida, definida técnicamente como estancamiento y que amenaza seriamente con convertirse en recesión.

Sin duda en esto, “No es por presumir”, el gobierno de la 4T está “Haciendo Historia”, porque ha perdido de vista que la economía es una ciencia social, en donde el elemento humano denominado “Confianza” tiene enorme valor en el comportamiento del consumo de bienes duraderos y en la inversión. ¿Y quiénes son los que hacen esos desembolsos? Adivinó usted, los denominados “fifís” por el propio presidente López Obrador, y que corresponden a la clase media alta y alta de la sociedad mexicana clasificada en términos de su nivel de ingresos. Son éstos, que probablemente no votaron por AMLO, que observan con desconfianza su incompetencia personal y de su equipo gobernante, los que ven con desconfianza sus decisiones erráticas, plagadas de dichos populares, pero que no alcanzan a estructurar una política pública coherente. A los dueños del dinero no les tienes que caer bien, tampoco te tienen que amar, sólo dales confianza, o en otras palabras certeza o claridad de lo que haces o pretendes hacer. De lo contrario, mantendrán su dinero en sus cuentas o peor aún, comenzarán a moverlo a destinos más rentables.

Pese a lo anterior, el Presupuesto de Egresos de la Federación, prevé ingresos superiores a los seis billones de pesos netos ($6,096,335,800,000 para ser precisos). ¿Y qué cambiará, se preguntará usted, estimado lector?

Pues bien, como se suele decir, “Si quieres conocer las prioridades de un gobierno, no escuches su discurso, lee su presupuesto”, y aquí tenemos la realidad de lo que pretende Andrés Manuel López Obrador.

Lo más interesante sucede en los cambios en los Ramos Administrativos: se incrementa 72% Energía; 56% Función Pública; 25% Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y 11% Bienestar. Y se reduce 90% Gobernación; 31% Agricultura y Desarrollo Rural; 21% Comunicaciones y Transportes; 33% Economía; 35% Trabajo y Previsión Social; 44% Turismo; 43% Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); y 17% en las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.

En los Ramos Autónomos, los principales incrementos son los siguientes: 31% Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 11% al Instituto Nacional Electoral; 11% al Instituto Federal de Telecomunicaciones; y 11% al Tribunal de Justicia Administrativa.

En Perspectiva, Andrés Manuel López Obrador se propone con mucha claridad reactivar el sector energético y lo hará a la vieja usanza con empresas paraestatales; llevará a cabo una cacería de brujas entre los corruptos de anteriores administraciones; y dejará a la economía formal a que sobreviva a su suerte y con sus propios recursos.

Un momento, y ¿qué hay de la seguridad pública? A este respecto la Secretaría de la Defensa Nacional le está reduciendo 3.1%; a la Secretaría de Marina y Armada de México se le incrementa 1%; y a la renovada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se le asigna la nada despreciable cifra de $59,150,695,893, esto último es una cifra ligeramente superior a lo asignado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Todo lo anterior me deja en mi mente la mal lograda administración del expresidente José López Portillo, de 1976 a 1982. Y, claro, aquel hombre era un gran orador y un refinado intelectual, sólo que enloqueció con el poder presidencial.

¿Y usted qué opina, estimado lector?

Lectura: 4 minutos

Cuando pensamos en la administración de Andrés Manuel López Obrador, las más de las veces queremos que el tiempo pase rápido y su gestión concluya sin infringir daños demasiado profundos que comprometan la viabilidad del país.

Sin embargo, no podemos olvidar que el habilidoso presidente en funciones ha logrado una mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en buena proporción de los congresos estatales. Esto significa que a través del denominado constituyente permanente el presidente tiene amplio margen para hacer cambios profundos en el marco jurídico y la institucionalidad del país. Más aún, si su partido resulta favorecido en las próximas elecciones intermedias.

Y la preocupación sobre los profundos cambios no viene del sentido social de los mismos, de convertir a México en un país socialista en el sentido económico y alejarnos del capitalismo oligárquico. En su momento, fue un orgullo que México produjera la primera constitución socialista del mundo (1917, aún vigente con más de 200 reformas). Por el contrario, coincido en que es necesario un cambio profundo en los mecanismos de redistribución de la riqueza, pero la oportunidad está en la reducción de la economía informal, la bancarización y la universalización de la tributación. Ya captada esta riqueza tributaria podrá redistribuirse para fortalecer a la clase media, que es la que genera más empleos y constituye la inmensa mayoría de las empresas del país.

La preocupación fundamental que nos debe de ocupar es el advenimiento del totalitarismo y la autocracia, el desmantelamiento de la democracia y el incremento en las restricciones a los derechos humanos, que viene frecuentemente adheridos a los regímenes autodeclarados socialistas. Y para muestra basta un botón: la figura de “Extinción de Dominio”.

El presidente López Obrador hace apenas unos meses promovió la ampliación de las causales de la figura de “Extinción de Dominio”. Esta figura, fue prevista originalmente para debilitar las finanzas del narcotráfico particularmente; pero, tras la reforma impulsada por López Obrador, la figura de “Extinción de Dominio” es aplicable a todo tipo de delitos de delincuencia organizada; secuestro; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud; trata de personas; delitos por hechos de corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita; y extorsión.

El tema tomó nueva vigencia tras la promulgación el 9 de agosto pasado de la “Ley Nacional de Extinción de Dominio”, que reglamenta el Artículo 22 Constitucional, y define en su Artículo 3º como extinción de dominio:

“La pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a los que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes”.

Es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes de una persona, si han sido utilizados supuestamente en la comisión de un hecho ilícito y, como consecuencia, pasan a ser propiedad del Estado, sin que exista contraprestación alguna.

El asunto es muy grave porque la extinción de dominio puede ejercerse aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal. La autoridad puede asegurar los bienes por simple sospecha o denuncia sin bases. La extinción se aplica incluso cuando el imputado ha fallecido, dirigiéndose contra herederos y sucesores. La pérdida puede ser retroactiva, sobre delitos del pasado, infligiendo nuestro orden jurídico. Y en el grado sumo de la ilegalidad, las personas tendrán la carga de la prueba al tener que comprobar que sus bienes no tienen una procedencia ilícita, en lugar de que el Estado compruebe su supuesta ilegalidad. En otras palabras, se rompe también el Principio de Presunción de Inocencia.

Hasta cierto punto se entiende la lógica política y operativa que motiva a esta Ley de Extinción de Dominio. El presidente López Obrador debe actuar de manera contundente, tanto frente a la corrupción como frente a la delincuencia organizada, para así recobrar por terror la gobernabilidad del país. Además, el instrumento será ideal para ajustar cuentas con sus adversarios políticos históricos y será un inmejorable mecanismo para fortalecer las finanzas públicas.

Sin embargo, seamos honestos, nuestro sistema de justicia no atraviesa su mejor momento. Todo el Poder Judicial está desbordado, saturado. Además, es notoriamente ineficiente, incompetente y corrupto. Y ahora, en coordinación con las autoridades de procuración de justicia tendrá en sus manos esa filosa espada.

En Perspectiva… si el objetivo es gobernar sometiendo por terror, sin duda la Ley Nacional de Extinción de Dominio está haciendo una significativa contribución. ¿No te parece?

Lectura: 3 minutos

Parte III: La vida en “El Torito”

Como lo prometido es deuda, en esta última parte de la trilogía “Conduce sin alcohol @CDMX”, les compartiré un poco sobre lo que diversas voces, desde numerosos ángulos y experiencias, me han hecho saber sobre lo que es caer en las manos del “Operativo Alcoholímetro” y pasar de 20 a 36 horas privado de tu libertad.

Ciertamente, en la práctica, es una experiencia aterradora, y el acuerdo es generalizado entre los entrevistados. Al menos para la mayoría de las personas que cotidianamente no experimentan lo que es la vida penitenciaria. Y, aunque se supone que el “Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social”, conocido popularmente como “El Torito”, es por definición un centro de detención con mínima seguridad, el personal a cargo se ocupa, desde la bienvenida, de someterte psicológicamente y dejarte saber lo vulnerable que eres y hasta qué grado. “Mientras estés ahí. Tu vida les pertenece”, señalan los oficiales a cargo.

Las mañas, los trucos y trampas del personal policíaco y operativo del centro de detención son múltiples y quizá infinitas. Una persona me comentó su caso en el cual el policía que materialmente los levantó en uno de los retenes de estos operativos, omitió intencionalmente declarar el nombre de la persona en la boleta de sanción, lo que debió subsanarse con el ingreso de ese ciudadano al respectivo centro de sanciones, sin embargo, no fue así. Ocasionando que la persona estuviera desaparecida para los familiares hasta que éste cumplió con su arresto inconmutable.

Otra sorpresa fabulosa, me comenta Pedro “N”, es que de pronto la cancha social se empareja repentinamente. Los arrestados por alcoholímetro se ven obligados a convivir con aquellos capturados por tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, fumar mariguana, inhalar enervantes e incluso por orinar en la vía pública. Salvo aquellos que, poco informados, optan por el amparo que sólo hace posponer el pago de sus horas de arresto, y que la mayoría de los internos asumen estoicamente el pago de su pena corporal.

Le pedí a David “N” que me contara ¿qué tal estaban las instalaciones? y ¿cómo había podido dormir en esas circunstancias? Lo que reflejó su rostro me comunicó de inmediato la substancia de su experiencia. Situación que a su vez me asombró, pues le comenté que había visto unos increíbles videos sobre el programa y sus instalaciones en YouTube (0.40 El Límite de Tus Sentidos – Alcoholímetro La Película). David “N” se ríe, y entre muecas me dice: “Eso fue hace años, cuando el programa empezaba”, y con una expresiva mirada reflejó lo mal que la pasó. Mira, me dice, “Basta decirte que en las celdas diseñadas para 4 personas meten hasta 14”. Y profundiza, “En realidad la capacidad de diseño de “El Torito” debe ser de alrededor de 80 personas, considerando el número de literas disponibles, pero meten en un fin de semana promedio fácilmente 240 personas. Esto es un promedio de 12 internos en un espacio para cuatro, que mide 2.5 metros cuadrados, aproximadamente”.

Ahora, me cuenta, “Ya te puedes imaginar la calidad de los alimentos; pero eso no es lo más grave. Lo grave es nuevamente el sobrecupo, que hace que roten tres o cuatro veces la misma charola plástica que hace las veces de plato y los mismos vasos”. No obstante, te cuento, que fue una experiencia estremecedora como, incluso ahí adentro, nuestra sociedad se decanta en por lo menos dos capas. “Los hambrientos, capaces de dormir en cualquier rincón; y los otros, que prefieren no comer a probar lo que les ofrecen, y buscan sentarse donde no se manche su ropa de marca”.

Y asimismo lo señalan los custodios, donde también hay de todo: “Son ustedes una muestra de la sociedad de esta Ciudad de México, como ustedes muchos otros (más de 14 mil) bebieron y condujeron sin ser detenidos. Algunos llegaron a salvo, otros se accidentaron, murieron e incluso lastimaron a otros ciudadanos. Saquen lo mejor de esta experiencia y lleven a casa y a los amigos este mensaje…”

“Conduce Sin Alcohol. Y ahórrate muchas incomodidades y posiblemente mucho dolor”.

Lectura: 6 minutos

Parte II: El Horror de la Realidad

A los que se perdieron la Parte I: “Del Espíritu de la Ley”, de esta misma columna publicada la semana pasada bajo el título “Conduce sin alcohol” @CDMX”, les recomiendo la consulten. A los que ya siguen esta historia desde la semana pasada, pues no esperen más, continúen leyendo para conocer la Parte II: “El Horror de la Realidad”.

La realidad es que nuestro México sobrevive con un marco jurídico aspiracional y con recursos institucionales propios de un país subdesarrollado. Como diría un maestro de derecho, “En lo que respecta al texto de la Ley, México es una potencia mundial; en lo correspondiente a los recursos institucionales para hacerlas cumplir, somos una vergüenza”. Y el programa “Conduce sin alcohol” de la Ciudad de México no es una excepción.

Aquí viene la realidad:

El Programa Conduce Sin Alcohol es en la práctica un “retén policíaco” que filtra uno a uno los automóviles que transitan a través de más de 50 puntos distribuidos en la Ciudad de México. Puntos seleccionados estratégicamente para captar a los ciudadanos que salen de restaurantes y bares, operando de jueves a domingo normalmente; y en días festivos toda la semana. La corrupción se asoma entre líneas a lo largo de todo el proceso, insinuada, nunca abiertamente: “Si te quieres chispar del alcoholímetro, tiene que ser ahora. Después de la medición ya no te puedo ayudar”, dice el oficial de nuestra historia.

No transiges a la corrupción y te sometes a la medición. Resultado, por mínimo que haya sido tu consumo de alcohol (una cerveza, una copa de vino) estarás arriba de los 0.40 miligramos de alcohol en sangre que admite el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. En consecuencia, eres arrestado desde ese momento; encerrado en una patrulla hasta que completen el máximo cupo de ciudadanos capturados con resultado “positivo” en el alcoholímetro. Y seis puntos de un total de doce (el 50%) son restados a tu licencia de conducir. Ya dentro de la patrulla escuchas a los mandos presionar a los oficiales a cargo para cumplir con la cuota de arrestos que les han marcado, “en caso contrario serán reasignados a tareas más peligrosas”, declara confidencialmente un oficial.

En contraste para los policías el alcoholímetro es casi un premio. Una faena cómoda, divertida y potencialmente hasta lucrativa, capturando ciudadanos alcoholizados, que en su mayoría rebasan el límite por menos de 0.1 miligramos de alcohol en sangre. Es decir, poco son los casos que acumulan 0.5 o más en la métrica de referencia.

El abuso de la fuerza policíaca emerge a la menor provocación. Bien saben los policías que la ley los respalda al autorizarlos a usar la fuerza si el ciudadano se resiste o no obedece puntualmente sus indicaciones. Incluso el uso de los “Candados de Mano”, conocidos coloquialmente como “esposas”, está permitido según el Protocolo de Actuación Policial de la CDMX, si y sólo si el ciudadano desobedece o se resiste a las indicaciones de la autoridad. Cuando esto ocurre la situación jurídica del ciudadano pasa de Infractor (Falta Administrativa) a Delincuente, situación que es muy posible en el contexto de la aplicación del alcoholímetro y abre la puerta a toda clase de abusos por parte de los policías en el terreno. La lectura de los derechos del ciudadano, prescrita por el propio Protocolo de Actuación Policial, es letra muerta en puntos clave como el derecho a: guardar silencio; ser asistido por un abogado o defensor público de su elección; presentársele sin demora ante un Juzgado Cívico; y a ser asistido, en caso de ser necesario, por un traductor o intérprete.

Bueno, pero hasta ahora todo muy bien. ¿No es así? Una sanción para un comportamiento potencialmente peligroso, no sólo para el infractor sino para las personas que se encuentre en su camino.

Sin embargo, lejos quedó el propósito original del Programa Conduce Sin Alcohol que iniciara el Dr. Manuel Mondragón y Kalb hace más de 15 años. Se buscaba cambiar la percepción de la sociedad con respecto a la policía. Mostrando a la ciudadanía al oficial policíaco como un agente de prevención y protección de las personas. Pero no, en definitiva, eso no se ha logrado.

Según fuentes oficiales –Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental (INEGI 2017)–, actualmente sólo uno de cada tres ciudadanos cree que la policía está dispuesta a ayudarle ante cualquier eventualidad; sólo 19% de los ciudadanos de la CDMX afirman que la policía ayuda a que el ciudadano se sienta seguro; sólo 15% de los ciudadanos se sienten muy satisfechos o satisfechos con el servicio que brinda la policía. Lo anterior es sólo una muestra que explica por qué la Ciudad de México es la segunda entidad federativa donde menos se confía en la policía; y donde la causa que más víctimas de actos de corrupción aglutina es el contacto con las autoridades de Seguridad Ciudadana, con 61 mil 661 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Ahora, si a la efectividad nos vamos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI 2018, el porcentaje de la ciudadanía que considera Muy Efectivo el desempeño de la Policía de Tránsito, alcanza con dificultad el 5%, frente a la percepción de la Marina y Armada de México que sobrepasa el 50%.

Si hablamos de victimización, a partir de cifras de la Organización Panamericana de la Salud, sabemos que 200 mil conductores en todo México se movilizan bajo el influjo del alcohol cada semana (10 millones 400 mil anuales); lo que ocasiona 461 fallecimientos por esta causa en el mismo periodo (24 mil anuales). Esto significa que menos de 0.23% de los conductores alcoholizados fallecen en accidentes de tránsito, ocasionados previsiblemente por su estado de embriaguez.

En consecuencia, si trasladamos estas cifras proporcionalmente a la población de la Ciudad de México, tenemos que la habitan 8 millones 918 mil 653 personas. Esto es 7.43% del total de la población del país estimada en 119 millones 938 mil 473 habitantes, según la Encuesta Intercensal de INEGI 2015.

A partir de lo anterior, ante la ausencia de cifras oficiales de defunciones por accidentes de tránsito en los que está involucrado el alcohol para la Ciudad de México, podemos inferir que, en proporción directa, 14 mil 860 conductores se movilizan bajo el influjo del alcohol cada semana (772 mil 720 anuales); ocasionando 34 fallecimientos por esta causa en el mismo periodo (1,768 anuales).

Ahora bien, no desestimamos el valor de cada una de las vidas que caen a manos de estos comportamientos y el dolor que esto ocasiona a las familias de estos, pero la pregunta que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez deben responder es si: ¿el Programa “Conduce Sin Alcohol” atiende los principios de eficiencia y efectividad que deben regir toda política pública?

Consideremos que al programa se asigna un mínimo de 300 oficiales, con sus vehículos y armas. Esto significa 1,200 elementos semanalmente y 62,400 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dedicados a salvar 34 vidas semanalmente. Esto sin considerar el personal de los juzgados cívicos y del “Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social”, conocido coloquialmente como “El Torito”.

Sólo a manera de ejemplo: ¿acaso usted ciudadano no preferiría a estos 62,400 elementos policiales investigando y capturando a los responsables de los 1,367 homicidios sucedidos en la CDMX en 2018? ¿O a los 786 homicidios acumulados a junio de 2019, ya bajo la responsabilidad de la actual administración de la Ciudad de México? Que si el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no es responsable de la investigación de ese tipo de delitos, pues reasígnenlos, para eso fue electa, para tomar decisiones de fondo. ¿Acaso no es ése el sello de Morena como partido gobernante? ¿Acaso la promesa de la Cuarta Transformación no es lograr un cambio profundo y un efectivo y austero uso de los recursos públicos?

Aquí, Señora Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene una oportunidad para transformar con sentido en uno de los temas que más nos preocupan y lastima a los ciudadanos. ¡Enfóquese en lo verdaderamente prioritario! ¡Como ciudadanos se lo demandamos! Y, de ser el caso, ¡Se lo reconoceremos!

A ti mi estimado lector, como siempre te agradezco tu tiempo y atención, y te ofrezco la próxima semana contarte un poco de lo que es la vida en el “Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social”, conocido coloquialmente como “El Torito”. No te pierdas la Parte III, de esta trilogía.

Lectura: 4 minutos

Parte I: Del Espíritu de la Ley

No cabe duda de que la ingesta de alcohol es un elemento vertebral de nuestra cultura grecolatina, y quizá, en mayor o menor medida, de todas las culturas del mundo. Sin embargo, es claro que en México tenemos un problema con ese tema. Tal vez el mismo error de enfoque que tenemos en el control de otras adicciones, se ha criminalizado a los bebedores de alcohol, en lugar de abordarlo como un grave problema de salud pública.

En respuesta a esta situación, el gobierno de la Ciudad de México creó, el 19 de septiembre de 2003, por recomendación de Rudolph Giuliani (ex-alcalde de Nueva York), el “Programa Conduce Sin Alcohol”. La iniciativa, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; se considera a la fecha muy exitosa; sin embargo, es claro que se ha desnaturalizado el programa.

En palabras del entonces director del “Programa Conduce Sin Alcohol”, Othón Sánchez Cruz, el sentido de este esfuerzo institucional es:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]“Servir y cuidar a la ciudadanía. Recuerden ustedes (le dice a los elementos policíacos a cargo de la implementación del programa) que debemos ser tolerantes y comprensivos con la sociedad. Estamos trabajando con ciudadanos que han cometido faltas administrativas, no con personas dedicadas al crimen. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos con el trato y muy tolerantes”.[/box]

En aquel tiempo de 2006 a 2012, con Marcelo Ebrard Casaubon, como Jefe de Gobierno, y Manuel Mondragón y Kalb, como Secretario de Seguridad Pública, se buscaba cambiar la percepción de la sociedad con respecto a la policía. Mostrando a la ciudadanía al oficial policiaco como un agente de prevención y protección de las personas.

Las anécdotas de personas protagonistas o víctimas de accidentes automovilísticos con conductores en estado de ebriedad es tan vasto y multicolor para sensibilizar a cualquiera de la urgencia de contener este comportamiento. Actualmente conducir alcoholizado constituye una Falta Administrativa al infringir el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, excediendo el límite de 0.40 miligramos de alcohol en el aire expirado por el conductor de un vehículo automotor. Límite que se rebasa con la más mínima ingesta de alcohol, tal como una cerveza o una copa de vino, ya ni mencionar cualquier bebida destilada como el tequila, el ron o el whisky. Por lo que los policías de tránsito están obligados a poner inmediatamente al infractor frente a un juez cívico.

Ahora que si la persona se niega a soplar en el famoso alcoholímetro comete ya un delito y se llama “Desobediencia de Particulares” (6 meses a 2 años de prisión) y a lo que se le puede agregar, si hay oposición por parte del ciudadano, el delito de “Resistencia de Particulares” (6 meses a 3 años de prisión). Lo anterior obliga a los policías de tránsito a poner inmediatamente al infractor frente al Ministerio Público, mismo que cuenta con hasta 48 horas para resolver la situación jurídica de la persona.

Otro bonche de anécdotas surge entre los elementos policíacos, jueces cívicos y custodios sobre lo que significa lidiar con personas que conducen alcoholizadas: sobre su prepotencia; influentismo; los clientes frecuentes; y las excusas más comunes de los infractores.

Una de las peculiaridades del programa consiste en que la sanción es “Arresto Inconmutable” hasta por 36 horas; dependiendo de las circunstancias, el juez cívico impone la pena correspondiente, considerando como pena mínima 20 horas. Lo que se debe tener en cuenta, como ciudadanos comunes que somos, antes de cometer la infracción, desobedecer u oponer cualquier tipo de resistencia a la autoridad, que pueda agravar nuestra situación jurídica.

En una narrativa tan colorida, no podían faltar los mitos y leyendas, que a veces nos llevan a cometer esta Falta Administrativa, tales como: tomar pastillas de menta; jabón o tabaco para modificar el aire que exhalamos y así engañar al alcoholímetro; o resistirse a soplar más de una vez en el dispositivo en la creencia de que el resultado es acumulable. Nada de esto es cierto, la exhalación profunda que exige el alcoholímetro viene de los alvéolos pulmonares, en contacto directo con la sangre, por lo que esa exhalación no puede ser camuflajeada.

Pero, ya capturados por el Operativo Alcoholímetro, ¿cuáles son nuestros derechos?

En primera instancia, si vamos acompañados, podemos entregar el vehículo a un familiar o amigo que no haya bebido una sola gota de alcohol, que muestre licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación del vehículo, licencia de conducir del infractor y que este último firme una responsiva que autorice que su acompañante se lleve el vehículo. Ahora que sí el conductor alcoholizado va solo, el vehículo es remitido al corralón correspondiente, que señale la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pagando los proporcionales derechos por concepto de arrastre y piso que ascienden a cerca de $800 pesos diarios actualmente.

En segunda, si vas acompañado de un menor de edad tienes derecho a llamar a alguien para que vaya por él al punto de tu detención.

En tercera, la obtención de un Amparo ante los Juzgados de Distrito, solicitando la suspensión del acto reclamado que es el arresto inconmutable. Estos amparos pueden ser gestionados por un abogado debidamente acreditado o por los llamados “coyotes” (personas que actúan como abogados sin contar con la Cédula Profesional correspondiente). Gestión que oscila en un costo por honorarios de entre $1,500 y $2,500. Obtenido el amparo el infractor es puesto en libertad y tiene que regresar, en un lapso no mayor a tres meses, a pagar las horas de arresto inconmutable que le falten para cumplir la pena que le fijó el Juez.

¿Te gusta el espíritu de la Ley? ¿Te ha sido útil o informativo? Te invito a que sigas la próxima semana la segunda parte de esta columna sobre “Conduce sin alcohol @CDMX”… Espera grandes sorpresas.

Lectura: 3 minutos

En una ocasión escuché sobre la relación existente entre la productividad y los niveles de confianza en una sociedad. No le sorprenderá que, según recuerdo, la relación era directamente proporcional. Es decir, a mayores niveles de confianza interpersonal, mayor productividad en la sociedad de referencia.

Aquí me encuentro revisando un reciente estudio de Parametría, empresa muy seria que genera información para temas sociales de interés público, y una fuente de conocimiento veraz y ciertamente confiable.

Me interesé en el tema, pues es bien conocido que uno de los problemas centrales de México es la baja productividad. Esto es así, en términos generales, pues se sabe que hay regiones en el país de muy alto desempeño como la Ciudad de México, y otras de baja productividad cuyos nombres no mencionaré para no herir a los sectores más sensibles. Al fin y al cabo, el resultado es que la productividad promedio a escala país cae significativamente.

Por eso es importante el estudio de la Parametría que presenta y que responde a una pregunta fundamental: “¿En quién confiamos para protegernos?”. Esto es especialmente importante porque la protección de nuestra integridad física, familia y patrimonio demanda los niveles de confianza más altos que podemos esperar.

Parametría nos presenta sus hallazgos en el contexto del conflicto de los elementos de la Policía Federal que anunciaron su rechazo hacer incorporados a la Guardia Nacional. Y como lo reconoce el estudio, ciertamente la reputación y confianza en las instituciones es un juicio subjetivo. Como también es subjetivo el nivel de calidad de vida que experimentamos, y no por ello es menos importante. Es tan fundamental la visión subjetiva de los ciudadanos que el mismo Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática ha realizado estudios en la materia.

De estos estudios se desprende, qué es la Marina y el Ejército, las instituciones que más confianza inspiran a los ciudadanos en 6 de cada 10 casos, en promedio. En contraste, sólo dos de cada 10 ciudadanos confían en el Ministerio Público, la policía local y los agentes de tránsito. Lo anterior evidencia claramente que la mayor desconfianza ciudadana encuentra su origen en el comportamiento y la reputación de los gobiernos municipales. Y es importante hacer la distinción, ya que para un ciudadano promedio no hay diferencia entre los niveles o órdenes de gobierno, ni mucho menos entre las ramas que lo integran. Para el ciudadano promedio el gobierno es una sola entidad amorfa, una caja negra de la cual salen innumerables motivos frustrantes y experiencias decepcionantes.

Entonces, cabe preguntarnos: ¿cómo podemos recuperar la confianza de los ciudadanos?; ¿qué tiene que hacer el gobierno para generar confianza?; ¿qué podemos aprender de la Marina y del Ejército en cuanto al bien hacer?; y ¿qué podemos rescatar de las experiencias del ministerio público, de la policía local y de los agentes de tránsito?

En realidad, no resulta tan difícil identificar aquellos factores de la Marina y el Ejército que los han llevado a gozar de la mayor confianza entre las fuerzas armadas e instituciones de procuración de justicia en México. En especial, si contrastamos con aquellos de peor reputación.

La Marina y el Ejército deben su buena reputación, en mi opinión, a la existencia de un Servicio Profesional de Carrera bien remunerado y con un adecuado paquete de prestaciones laborales; al contacto positivo con la sociedad, particularmente en las situaciones de desastres que se presentan anualmente en todo el país; al adoctrinamiento cívico y patriótico al que son sometidos sus elementos; así como a la continua rotación de mandos que previene la colusión de las Fuerzas Armadas con los grupos criminales locales. Y por qué no mencionar, el desfile de las Fuerzas Armadas con sus mejores galas y sus brillantes armas cada 16 de septiembre todos los años. Y claro, a la extensa difusión positiva que se da de sus actividades por todos los medios de comunicación.

Entonces, ¿sabemos cómo lograr la confianza en las instituciones? Sí, parece que sí, pero ciertamente cuesta una fortuna. Y si a ello le agregamos una buena estrategia de comunicación de multimedios, pues estamos hechos.

No obstante, ¿qué pasa?, ¿acaso no estamos dispuestos como gobierno, como sociedad, como ciudadanos a invertir lo que sea necesario para fortalecer nuestras instituciones? Yo creo que sí, sin embargo, me parece que no hay un cabal entendimiento de cómo lograrlo y de que vale la pena hacerlo.

¿Y usted qué piensa? ¿Le invertimos a la confianza?

Lectura: 4 minutos

Estimado lector, comparto con usted algunas reflexiones surgidas de la revisión del libro El legado de Jehová, Tomo I de la Colección “Historia Crítica del Cristianismo”, del reconocido politólogo e historiador José Antonio Crespo, a quien tuve el gusto de tener como maestro en la Universidad Iberoamericana, por cierto, institución jesuita de inspiración cristiana.

En este libro de recomendable lectura, el Dr. Crespo reflexiona sobre quién es Jehová, en el marco del longevo cristianismo y la Iglesia católica. Destaca la influencia del pensamiento judeocristiano no sólo en la fe de Occidente, sino en la cultura, la política y la filosofía de nuestra civilización. De especial importancia resulta la diferenciación ética entre la prédica del Antiguo Testamento y el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento que integran la Biblia cristiana.

Pero, ¿en qué consisten estos grandes contrastes éticos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En primera instancia, el Antiguo Testamento es una religión de Estado, con un Dios severo y vengativo; con claros intereses políticos expansionistas por la vía de las armas. Todo se concreta prescribiendo ser implacables con los que no creen, con los enemigos, con los extranjeros, e incluso con los propios creyentes para quienes se establece pena de muerte decretada por Jehová. Un pensamiento mucho más afín al Corán del islam, que al propio cristianismo del Nuevo Testamento.

Jesús habla de un Dios amoroso, misericordioso, compasivo, comprensivo; valores de los cuales da testimonio con su propia vida. Se distancia totalmente de la política con declaraciones emblemáticas como “Mi reino no es de este mundo” o “Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. La doctrina de Jesús es totalmente pacifista, fundada en el amor, la tolerancia y el perdón. Sin embargo, siglos después, cuando el cristianismo se vuelve religión de Estado bajo el Imperio romano, encuentra necesario mantener el Antiguo Testamento entre sus fundamentos para poder justificar sus acciones que entraban en contradicción con la prédica de Jesús.

El libro de José Antonio Crespo cobra especial relevancia al explorar las fuentes bíblicas y la narrativa judeocristiana como un rico fundamento de significados para la comprensión política del hombre contemporáneo. El libro hace una lectura secular, especialmente del Antiguo Testamento, para captar su significado civilizatorio en nuestra cultura actual.

Particularmente importante resulta el florecimiento del cristianismo como religión de Estado, desde sus orígenes europeos con el emperador romano Constantino, hasta el resto de Europa y sus países de influencia en su expansión colonialista.

Dicho lo anterior, destaquemos que el cristianismo es fundamental para entender a México y a América Latina, el catolicismo en particular, la historia de la Iglesia católica como institución política de gran influencia, particularmente en México. No olvidemos que el movimiento independentista, reconocido por la historia oficial como el origen de la vida independiente, aunque hubo muchos otros, se da al amparo del estandarte de la Virgen de Guadalupe enarbolado por un sacerdote católico.

Recordemos que México se independiza estableciendo al catolicismo como religión única del Primer Imperio Mexicano, encabezado por Agustín de Iturbide, y principalmente para escapar de la Constitución de Cádiz, de talante liberal por influencia de la Francia napoleónica. Así, de esta manera, se logran mantener la percepción de los valores conservadores, alimentados mucho más por el Antiguo Testamento que, por la visión más liberal, propia del Nuevo Testamento, que a través de los evangelios describe el pensamiento de Jesús.

Esta tensión moral se mantiene a lo largo de la historia y a lo ancho de la geografía nacional durante todo el siglo XIX, y parece haber quedado resuelta con el fortalecimiento de un Estado mexicano formalmente laico, desde la Constitución de 1857, con Benito Juárez, y más tarde con la culminación de la Revolución mexicana en la Constitución de 1917 (vigente), con Venustiano Carranza. Sin embargo, esto no es así. Es sólo un espejismo, una realidad simulada y tolerada que mantiene en el fondo diferencias profundas entre los mexicanos, su ética y su pensamiento.

Lo anterior se vuelve particularmente relevante cuando llega a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador como el primer politólogo y mexicano de religión adventista (nacido y criado en el corredor evangélico que va del sur de Veracruz hasta Campeche); aunque sus predecesores en el cargo hayan sido en su mayoría católicos no practicantes.

Ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que se declara de izquierda y admirador de Benito Juárez, se reconoce como seguidor de Jesús. Rompiendo una tendencia histórica muy marcada de los presidentes de deslindar su convicción religiosa de sus expresiones públicas. Incluso el expresidente Vicente Fox Quesada, católico practicante, llevado al poder por el Partido Acción Nacional, de ideología demócrata cristiana, nunca mezcló tanto los conceptos religiosos en el discurso y en la política pública como lo hace el actual presidente. Es un hecho que el presidente López Obrador comparte la agenda moral evangélica, pero sobre todo su base social (10% de la población actualmente).

Esta práctica de utilizar la religión con fines políticos parecía ya superada en México, sin embargo, el presidente López Obrador mantiene una abierta alianza con la “Confraternice” (la agrupación más amplia de iglesias evangélicas), con quienes negocia les permita el manejo como permisionarios de medios electrónicos de comunicación y el acceso a las cárceles para evangelizar.

Esta estrategia de los evangélicos no es exclusiva para México, ya ha probado su éxito al amparo de la “Teología de la Prosperidad”, aliándose con el poder político en países como Brasil, Nicaragua, Ecuador, y Venezuela.

¿Hasta dónde llegarán? ¿Usted qué opina?

Lectura: 4 minutos

Para nadie es ajeno la importancia que la familia tiene en la estructura social de México. Sabemos que la familia existe, de una u otra manera, prácticamente en todas las sociedades del mundo; sin embargo, la fortaleza de los lazos familiares entre los mexicanos parece ser comparativamente mayor.

Es convicción del que escribe, que dos han sido los factores que han permitido a México escapar de la guerra civil –en general desde la Revolución mexicana hasta la fecha–, y uno de esos factores ha sido, sin duda, la fortaleza de nuestros lazos familiares que, como una red de protección, ha permitido distribuir el impacto de nuestras recurrentes crisis económicas a lo largo del siglo XX. Así como de nuestro insuficiente crecimiento económico en el siglo XXI, y con ello la precaria creación de empleos, durante por lo menos los últimos 50 años.

El otro factor, sin duda, ha sido la emigración de trabajadores a Estados Unidos y el envío de remesas a la familia que han dejado en México. Tema que abordaremos en un futuro artículo, pero que en el año de 2018 alcanzó un nuevo máximo histórico de US$33,480 millones de dólares (mdd), de acuerdo con datos del Banco de México.

Volvamos al tema central de este artículo, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen ocho millones de hogares en México, que más allá del concepto tradicional de familia, están constituidos por personas que comparten espacio, economía, emociones y proyecto de vida.

Por lo anterior, queda claro que la familia es una institución fundamental para la integridad, la paz social y el progreso nacional. Entonces, ¿qué estamos haciendo para protegerla?

Desde el punto de vista legal, la familia es un elemento estructural de nuestro marco jurídico, desde su origen en el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hasta disposiciones incluidas en el Código Civil Federal, la Ley General de Salud, y la Ley General de Educación, por mencionar sólo algunas.

No podemos dejar de lado tampoco, los tratados internacionales suscritos por México en materia familiar, como: la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres; las recomendaciones específicas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres al Estado mexicano en materia de violencia contra las mujeres; Convención Belém do Pará; y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Adicionalmente, a nivel subnacional, encontramos que cada estado de la República Mexicana, con su propia constitución local, reproduce el mandato constitucional respecto a la familia; por lo cual, a pesar de su evidente debilidad institucional, cada uno de ellos guarda la facultad de establecer la legislación ordinaria en el ámbito de su competencia (códigos estatales civiles o familiares). Así, es importante señalar que existen seis códigos familiares vigentes en México: Hidalgo (1983); Zacatecas (1986); Morelos (2006); Michoacán (febrero del 2008); San Luis Potosí (noviembre del 2008); Sonora (2010); y Sinaloa (febrero de 2013).

De la revisión del tema que nos ocupa se puede sostener que existen bases jurídicas suficientes para argumentar a favor de la autonomía del Derecho de Familia. Queda claro que la autonomía del Derecho de Familia se ve favorecida en países ideológicamente afines a doctrinas socialistas más que en aquellos de perfil liberal. En estos estados incluso se ha desarrollado una institucionalidad para velar por la observancia del Derecho Familiar y atender las obligaciones que el Estado asume en consecuencia.

El caso mexicano, podemos considerarlo un asunto en proceso de transición hacia la autonomía del Derecho Familiar. Lo anterior, ya que los derechos y obligaciones relativos a la familia permanecen mayoritariamente integrados en el Derecho Civil y sus códigos; sin embargo, existe una incipiente institucionalidad y la clara convicción ideológica de que el Estado está comprometido en el desarrollo integral de la familia.

Por mi parte queda claro que el Derecho Familiar no pertenece al Derecho Privado. Las realidades familiares escapan por mucho substancialmente a los principios jusprivatistas; su orientación ideológica no coincide con la rama del derecho donde se le ubica; no obstante, hemos de ser conscientes que en tanto se carezca de códigos, procedimientos, tribunales y enseñanza especializada, el Derecho Familiar continuará sin tener plena autonomía.

Dicho lo anterior, debo señalar como una posición personal que el Estado, y en particular el Estado mexicano, no debe asumir en su legislación compromisos mayores a sus capacidades. De tal manera que la ley no deberá ser nunca una aspiración o una visión de futuro, sino una realidad cuyo cumplimiento es imperativo.

En consecuencia, considero que el reconocimiento del Derecho Familiar como derecho social es pertinente, e incluso procedente su codificación independiente, como garantía de protección a una institución que, en México más que en ninguna otra parte, es pilar fundamental de la sociedad, presente y futura. Lo anterior, siempre y cuando no derive en obligaciones para las instituciones del Estado, sin su necesaria y suficiente previsión presupuestal.

Y, finalmente, considerando la generalizada debilidad institucional del Estado mexicano, particularmente en los gobiernos estatales y municipales, proponemos que el gobierno federal asuma, subsidiariamente, la protección de la familia y sus derechos al amparo de un “Código Nacional Familiar”, asumiendo así pragmáticamente un renovado centralismo, con la finalidad de proteger nuestra construcción social más preciada: “la familia”.