Covid-19 ayuda al desarrollo de la justicia digital: expertos

En tiempo del coronavirus el uso de la tecnología ha obligado a desarrollar mecanismos a favor de la justicia digital y la protección de datos.

El confinamiento, el trabajo desde casa y la planeación de programas escolares a distancia, han llevado a las personas a hacer mayor uso de la tecnología, incrementando el flujo de datos y los riesgos de seguridad cibernética, lo que ha obligado a prestar mayor atención en la importancia de garantizar la justicia social a nivel mundial.

En el marco del Foro Internacional “El Derecho a la Información en la Era Digital y la Protección de otros Derechos Humanos”, especialistas ahondaron en la importancia no sólo de garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, sino de una mejor asistencia jurídica y social a los usuarios en defensa de los Derechos Humanos y la protección de datos personales.

En esta materia, los expertos coincidieron en que la llegada de la pandemia del CLVID-19 agilizó los trabajos que se desarrollan sobre la justicia digital en diversos países, entre ellos México.

En su participación como moderadora del panel “Derecho de Acceso a la Información y Acceso a la Justicia”, la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), Marina San Martín Rebolloso, destacó que el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de derecho y este no puede ir sin el acceso a la información.

La Comisionada detalló que de acuerdo con el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 5.5 mil millones de personas no tenían acceso a servicios básicos de justicia, siendo mujeres, niños, niñas, personas con mayor pobreza y discapacitadas, las que enfrentan mayor problemática.

Expuso que 235 millones de personas viven en condiciones de injusticia extrema; 1.5 mil millones de personas no pueden resolver sus problemas jurídicos y judiciales y 1.5 mil millones de personas también están excluidas de oportunidades que la ley les debería facilitar.

Por su parte, la magistrada de Sala en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia y Coordinadora de la Comisión de Género en esa Jurisdicción, Alexandra Sandoval Mantilla, hizo referencia a la justicia transicional y explicó que en estos procesos de cambios judiciales, diversos países han recogido principio de máxima divulgación, en el entendido de que toda la información derivada de ese mecanismo es pública, además de que la transición pone de por medio la protección de datos personales a víctimas de algún delito.

COVID-19 como propulsor de la justicia digital

En su oportunidad, Juan Pablo Olmedo Bustos, Cofundador, Presidente de la Fundación Pro Acceso y referente en el emblemático Caso de la “Última tentación de Cristo”, catalogó el derecho de acceso a la información y el de acceso a la justicia como dos derechos que apenas estamos descubriendo.

Mencionó que el COVID-19 ha generado un estrés social que aceleró un proceso de adecuación a las nuevas tecnologías, lo cual ha sido bien recibido; no obstante, añadió que existen problemas con las garantías del debido proceso.

En su intervención, Juan Carlos Paz Mena, Ex Secretario de Amnistía Internacional y Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Ecuador señaló que se avanza para que existan marcos legales que permitan la digitalización de la justicia, destacando que avanzar hacia esa ruta mejorará el acceso a los servicios de justicia en línea y a su vez implica una reducción en los costos de los servicios de justicia.

“La transparencia mejora el acceso a la justicia y reduce las posibilidades de corrupción, por ello la importancia de que jueces y operadores de justicia trabajen en este nuevo esquema de la era o justicia digital.”, destacó.

Durante su ponencia, Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, puntualizó que la justicia digital o electrónica tiene que ver con una mayor expedites de los procesos y el combate a la corrupción y enfatizó en que “la justicia digital llegó para quedarse, para combatir la corrupción y alcanzar a más población.”

Combate al ciberacoso, una tarea pendiente

Dado que el ciberacoso está catalogado como un delito, la Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, Elsa Bibiana Peralta Hernández, reconoció que faltan avances por lograr en el combate contra la impunidad en estas conductas por lo que consideró que el siguiente paso es no ampararla por el anonimato y tampoco por la falta de normativa internacional o coordinación de las autoridades.

Durante la moderación del Segundo Panel, denominado” Datos Personales, Seguridad y Delitos”, Peralta Hernández subrayó que en esta era digital debemos aprender a cuidar nuestra información de cualquier circunstancia, ya sea que nosotros lo propiciemos o sean otros.

Christian A. S. Perrone de Oliveira, investigador senior del Instituto de Tecnología y Sociedad de Rio de Janeiro y ex-Secretario del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por su parte señaló que cuando se reflexiona sobre la protección de los datos personales también se habla de una situación compleja, especialmente en estos momento de pandemia mundial por cómo se deben tratar los datos personales.

Reflexionó sobre el intento de regulación global del acceso a datos personales y el intento de regulación de un Estado para el control de los datos dentro de su propio territorio, en virtud de la complejidad en el tratamiento de los datos personales.

El Diputada del Congreso de la Ciudad de México y precursora de la Ley Olimpia, Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, comentó durante su participación en el panel que con la revolución tecnológica cambió la forma de relacionarse; ya que las redes sociales facilitan la comunicación e interacción, pero también son un medio digital peligroso porque afecta todas nuestras actividades incluyendo la íntima y llega a niveles de generar violencia de género.

“Se hackean correos, dispositivos electrónicos, nubes o cuentas con el objetivo de obtener información para amenazarnos o extorsionarnos. Los hombres utilizan los medios digitales para hacer negocio a costa de nuestra intimidad y sufrimiento. La violencia digital es una forma de violencia contra las mujeres”, explicó.

Aseguró que para combatir la violencia digital de género es indispensable la unión de todos los sectores y es la sociedad civil quien pone el ejemplo de ello.

Miriam Padilla Espinosa, Subdirectora de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), explicó que las tecnologías van avanzando cada vez más y se debe tomar en cuenta cómo garantizar la protección, ya que como usuarios se expone información sin advertencia previa de cómo se utiliza.

“Hay que reforzar los elementos que debemos tener presentes para hacer un uso adecuado de la tecnología; debemos incorporar el enfoque digital, garantizando que se proteja nuestra información y conociendo nuestros derechos. Asimismo, es importante identificar que podemos estar ante situaciones como el Covid-19 que implicarán un tratamiento de datos personales en nuevos entornos y debemos adecuar nuestras estrategias de protección de datos y de seguridad de la información, considerando que existen amenazas que quizá ya estaban presentes, pero cambian a un entorno en el que emplean la tecnología para obtener información personal”.

Comentó que desde el INAI se han generado diversos materiales sobre cómo proteger los datos personales de menores de edad, ya que debemos formar ciudadanos digitales conscientes de los derechos que tienen, como  el de la protección de su información personal.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Norma Solano Rodríguez, Directora General de Operación Institucional de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que el gobierno de la Ciudad de México ha impulsado plataformas digitales en beneficio de los ciudadanos mediante datos abiertos en los que se puede observar a detalle el presupuesto, el manejo de los programas sociales o bien decidir sobre proyectos o acciones que impactarán en sus vidas.

La funcionaria mexicana explicó que esas políticas de gobierno abierto siempre buscan proteger los datos personales de las personas. Asimismo, indicó que la emergencia sanitaria obligó a acelerar procesos tecnológicos, como el plan digital que se tenía previsto iniciar dentro de dos años.

Solano Rodríguez destacó que, entre los temas de digitalización, se generó una Cédula Ciudadana, la cual es una ficha de todos los documentos personales que obran en poder de los entes públicos y permite a los ciudadanos ubicar en dónde se encuentran, esto con el fin de generar menos cargas administrativas y agilizar trámites y servicios en la capital del país.

Señaló que en la ADIP los desarrollos creados tienen como principio base la privacidad: no solicitar más datos de los necesarios y vigilar que en las plataformas no se vulneren los datos personales de las personas.