Tribunales europeos avalaron el derecho a borrar datos personales del buscador Google, si el usuario así lo desea.
Ciudad de México.- Google ha sido obligado, de forma legal, a borrar la información personal que guarda en sus servidores de búsqueda, si algún usuario le solicita dicha acción.
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se originó por una demanda presentada por un ciudadano español, quien reclamaba que sus datos personales figuraban asociados a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo de 1998. El usuario solicitaba que los enlaces de esta información fueran suprimidos de los resultados que aparecen en el motor de búsqueda de Google.
El tribunal estimó en su fallo que cualquier persona tiene “derecho a ser olvidada” en Internet bajo ciertas condiciones, en particular cuando estos “datos se consideren inadecuados o ya no pertinentes desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido”.
El TJUE estimó que el gestor del motor de búsqueda “es el responsable” del tratamiento de los datos personales que recolecta. Ahora, los usuarios tienen derecho, bajo ciertas condiciones, a que las informaciones que los involucran no figuren más vinculadas a su nombre en una lista de resultados cuando se hace una búsqueda por su nombre.
“Los enlaces a páginas web que contienen esa información deben suprimirse de esa lista de resultados, a menos que existan razones particulares -como el papel desempeñado por esa persona en la vida pública- que justifiquen que prevalezca el interés del público en tener acceso a esa información al efectuar la búsqueda”, puntualizó el Tribunal.
Por otra parte, Google justifica su actuación argumentando otro derecho fundamental: el de la libertad de expresión. De este modo, evidencia que en sus páginas de búsqueda puedan aparecer datos personales de ciudadanos que enlazan a informaciones (documentos, sentencias, noticias…), ya que el buscador no tiene la responsabilidad sobre esos contenidos y considera que eliminarlos supondría una violación a la libertad de expresión.
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