Sin duda, los monopolios son grandes generadores de riqueza y lo son con base de extraer rentas extraordinarias de los consumidores.
Los consumidores por su (nuestra) parte, cuentan con un “Estado” que tiene como una de sus razones de ser, el velar por el bienestar de los ciudadanos, lo cual incluye protegernos de extracciones de riqueza extra normales ya sea por la vía de un monopolio empresarial, o bien, por alguna actividad delictiva.
En el caso de nuestro país, América Móvil / Telmex ha usado históricamente el sistema judicial para proteger su capacidad de fijar precios y desplazar competidores en la gran mayoría de los mercados de telecomunicaciones. Para ello siempre ha dispuesto de un enorme equipo de abogados y “lobistas” a fin de mantener el status quo que mantiene desde su “pecado original”, es decir, desde su privatización y condición de monopolio protegido.
Alguna vez un destacado miembro del sector de las telecomunicaciones me dijo con pesar que “Telmex se ha convertido en una empresa de puros abogados y contadores”, lo cual en su momento me pareció una sentencia que auguraba una situación adversa para nuestro país, ya que la realidad en otras latitudes es que las telecomunicaciones y las tecnologías de la información estaban viviendo una de las etapas innovadoras y de creación de valor más importantes de la historia del mundo.
El resultado de “proteger al monopolio” a base de bajar y ocultar costos (tarifas de interconexión), defender con amparos, y demás argucias legales como la acción del regulatorio del estado, dio como resultado que México tuviera las telecomunicaciones más caras de los países de la OECD y también la menor cobertura de servicios hacia su población.
Mientras en Europa y Estados Unidos las principales empresas de telecomunicaciones instrumentaban fondos del capital de riesgo para invertir en empresas innovadoras y así poder participar del nuevo paradigma de desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Telmex por su parte se convirtió en un duque para el desarrollo nacional.
Así, transcurrió la primera década de este siglo hasta que en el 2014 se aprobó la Reforma de Telecomunicaciones, con lo cual se dotaba al sector de un nuevo marco regulatorio a fin de “combatir al monopolio”. Los resultados de este cambio fueron buenos en el corto plazo al eliminar los cobros por Larga Distancia y establecer la tarifa de interconexión cero para permitir la competencia en telefonía móvil y fija.
Hoy la Reforma de Telecomunicaciones vive momentos aciagos, ya que los resultados de mediano y largo plazo que se esperaban de ella, simplemente no se ven logrables. La falta de una regulación efectiva ha sido evidente y el “armamento” disponible de Telmex para defender el monopolio ha ido en aumento.
Su última adición a su arsenal de abogados y lobistas, es el sindicato de trabajadores de Telmex que ahora se arroja a la defensa de monopolio amenazando con irse a huelga a fin de proteger a Telmex de las medidas regulatorias que buscan que esta empresa deje de inhibir la competencia, y eventualmente dejarnos de sacar dinero de la bolsa a todos los mexicanos por servicios que deberían ser mejores y más baratos.
Es cierto que “defender el monopolio” puede ser considerado legítimo por parte del equipo directivo de Telmex y sus accionistas, lo que resulta inadmisible es que el Estado no denuncie de manera clara el chantaje burdo y efímero de un sindicato que actúa a favor de los intereses del patrón.