El repunte de la violencia y la delincuencia se presenta con índices nunca antes vistos. Principalmente, los delitos de alto impacto han incrementado y con ellos la violencia recrudece el panorama. Desde los simples asaltos en la vía pública hasta los ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, son la nota día con día.
Encontrar el origen del problema no es muy complicado, sin embargo, aunque mucho se ha dicho, no se ha logrado erradicarlo. Lo mismo es a nivel local que federal. La inseguridad es un fenómeno que ha venido creciendo y ha tenido un impacto muy negativo, tanto porque afecta de manera individual a las personas, pero también al propio desarrollo del país.
El principal antídoto es atacar las causas que originan la inseguridad. No cabe duda que la principal de ellas es la económica. En la medida que no se distribuya equitativamente, persistirá un amplio sector de la población que vea en la delincuencia una manera de subsistir, precisamente por la falta de oportunidades. Asimismo, la carencia de controles eficaces para prevenir y sancionar la corrupción es definitivo para detonar la delincuencia.
Otra causa se debe al fracaso del modelo policial. Llevamos muchos años con un modelo lejos de ser profesional, incapaz, corrupto y en el que, también, los policías están totalmente desprotegidos. Ante esta circunstancia, se ha propuesto la desaparición de las policías municipales por considerarlas más vulnerables y concentrar la seguridad pública en un Mando Único que dependa de cada gobernador.
Razones económicas y políticas han impedido concretar dicho Mando Único. Por un lado, porque los presidentes municipales perderían la oportunidad de manejar los recursos económicos asignados a este rubro. Por otro lado, los argumentos políticos se aducen, por ejemplo, en razón de una supuesta indefensión a la que pudiera dejarse al municipio por no coincidir con el partido político del ejecutivo estatal.
Un último argumento es que el Mando Único sería inconstitucional porque viola las atribuciones del municipio en materia de seguridad; sin embargo, lo anterior se hubiera solucionado de manera sencilla con sólo dejarle funciones en materia de prevención del delito o lo relacionado con las sanciones administrativas o bandos de policía y buen gobierno.
Es importante resaltar que las funciones de prevención son vitales para cambiar las circunstancias negativas en las que vivimos. Precisamente, los policías municipales cuentan con un adecuado perfil para realizarlas. Generalmente, pertenecen a la comunidad en la que prestan sus servicios o, al menos, son cercanos a ella; conocen a sus habitantes y sus costumbres, circunstancias apropiadas para realizar políticas públicas de proximidad social.
Lamentablemente, los cambios normativos e institucionales que requerimos siguen en el tintero. Un mal logrado Mando Mixto Policial y la tan cuestionada Ley de Seguridad Interior, tendrán al menos que esperar el próximo periodo extraordinario de sesiones del Congreso, si no es que hasta septiembre que dé inicio el periodo ordinario.
Sin embargo, respecto de lo ya aprobado como el Programa Rector de Profesionalización Policial (que incluye los mínimos de la formación inicial de los policías), la ciudadanía no hemos percibido efectivamente un desempeño profesional. Es más, en gran medida, los policías están muy lejos de haberse formado según el Programa, lo cual ha repercutido de manera negativa en la población; ya sea porque en su actuar son comunes los abusos de autoridad, el uso excesivo de la fuerza o las violaciones a los derechos humanos.
Ya ni hablar de una verdadera dignificación policial en la que los policías se vean beneficiados en sueldos y seguridad social. Queremos policías de primer mundo con sueldos y prestaciones de tercera.
Pienso que, para realmente lograr todos los pendientes en la materia, es necesario un ente autónomo, constitucionalmente hablando, que regule de manera imparcial y de acuerdo a las necesidades, la asignación de recursos y evitar su politización; también, para que supervise la profesionalización de los cuerpos policiales o, por ejemplo, las modificaciones institucionales necesarias; un ente autónomo que sea autoridad en la materia y de consulta obligada para quienes propongan iniciativas o modificaciones legales.
Por lo anterior, la autonomía constitucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es hoy más que necesaria y con lo que tendríamos mejores circunstancias para lograr los pendientes y cambios necesarios en materia de seguridad pública.
@marcialmanuel3