La SEDENA y el combate de los delitos

Una vez más quedó demostrada la incapacidad del ejército mexicano para realizar tareas de seguridad pública. Lo ocurrido en Palmarito Tochapan (Puebla) la noche del pasado 3 de mayo, donde un soldado ejecuta a un delincuente ya indefenso, no hace más que corroborar lo que el propio secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha expresado en diversos foros respecto de que los militares no estudiaron para perseguir delincuentes.

De igual forma, dicha situación, pone de manifiesto que las policías estatales y municipales no están haciendo su trabajo. Es cierto, el delito de robo de hidrocarburo está clasificado como de orden federal, mismo que tendría que ser atendido por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República; sin embargo, las tareas de prevención, proximidad social y de coordinación operativa a las que están obligados los estados y municipios en materia de seguridad púbica únicamente destacan en la ley, porque en los hechos están muy lejos de ser realizadas.

Existe un gran número de especialistas y académicos dedicados a la materia que han vertido críticas injustificadas y con argumentos endebles a las tareas que militares y marinos realizan en algunas zonas de nuestro país. A estas críticas se han sumado un sinfín de organizaciones ciudadanas “defensoras” de derechos humanos, las cuales le dan la espalda a la realidad de violencia que acontece y, de manera sesgada, reprochan la actuación militar. Sería muy valioso que dichas críticas se dirigieran, también, a la inacción de la Policía Federal, la cual, es la principal responsable de combatir los delitos del orden federal y es la que tuvo que estar en Palmarito y no el Ejército.

Hay un consenso generalizado de que por el momento sería un grave error regresar a sus cuarteles a los soldados, pues son ellos, y sólo ellos, los que combaten al crimen organizado. La falta de una ley que regule estas acciones está siendo muy costosa para las fuerzas militares de nuestro país, sin embargo, siguen cumpliendo con su deber a pesar de todas las inconveniencias.

Cuando se trata de delitos del orden común (de los que ni si quiera se responsabilizan debido a la incapacidad de sus instituciones policiales), tanto gobernadores como presidentes municipales exigen la intervención de las fuerzas federales, principalmente de la SEDENA y de la SEMAR. Pero lo ocurrido en Palmarito demuestra que cuando es el caso contrario, la falta de compromiso para cumplir con la coordinación operativa que debe prevalecer, según lo estipulado en la obsoleta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se vuelve inexistente por parte de las autoridades locales.

Nada justifica la acción realizada por el soldado que asesinó a un delincuente ya controlado en el suelo, mismo que tiene que ser juzgado con todo el peso de la ley. Pero, tampoco, nada justifica que pobladores de una comunidad como la de Palmarito, o cualquiera otra, se dediquen a formar parte de la delincuencia y hagan del delito un medio de subsistencia.

Lo ocurrido el pasado 3 de mayo en Puebla es alarmante no sólo por lo que todos vimos en el difundido video, sino porque muestra la realidad de nuestro país en el que el principal problema es la corrupción. Está claro que la venta ilegal de combustible es un gran negocio que deja miles de millones de pesos en ganancias. Sólo bastaría seguir el camino que éstas siguen para encontrar a los verdaderos responsables y erradicar este mal.

Precisamente, como también ha dicho el General Salvador Cienfuegos: la violencia no se resuelve con balazos.

@marcialmanuel3

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Arnulfo Martinez

Estimado don Marcial – Coincido en mucho con lo que nos dice en su artículo publicado hoy bajo el
título “… SEDENA y el combate de los delitos”. Solamente creo oportuno mencionar que el Ejército no podrá nunca cumplir con sus funciones para las que salió a las calles si no se legisla en favor del pueblo dándole las facultades que requiere para no tener que cuidarse de que, cuando sus elementos sean emboscados e inclusive mueran en acción, no sean acusados de “abuso” de fuerza al repeler a sus atacantes. ¿Por qué no aceptar que el país está en guerra? Atentos saludos.

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