El apartado en que el representante del presidente de Estados Unidos en comercio –Robert Lighthizer– plantea lo que espera en la revisión del TLCAN en materia sanitaria y fitosanitaria, es tan invasivo y desastroso para nuestro país como el resto.
Entre lo que quiere el gobierno de Trump, destaca que se establezcan reglas que “aseguren que las medidas sanitarias y fitosanitarias que se apliquen estén diseñadas científicamente y aplicadas con transparencia y de manera predecible y no discriminatoria”.
Suena razonable, pero es todo lo contrario.
Monsanto, la transnacional de las semillas genéticamente modificadas que lucha desde hace años por introducir las de maíz a México, sin éxito hasta ahora, exhibe documentos de las Academias Nacionales de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina de Estados Unidos para negar que causen daño a la salud humana o al ambiente.
Europa, sin embargo, rechaza esas semillas y Rusia lo hizo absolutamente; el Papa Francisco, en su encíclica sobre “el Cuidado de la Casa Común” advierte que “la expansión de la frontera de estos cultivos arrasa con el complejo entramado de los ecosistemas, disminuye la diversidad productiva y afecta el presente y el futuro de las economías regionales”.
Pero en Estados Unidos la siembra de semillas transgénicas no está sujeta a ninguna regulación y eso es lo que pretende lograr Trump en México; aquí su siembra a nivel piloto, previa a la fase comercial, había sido autorizada por la Sagarpa y por Semarnat, pero una orden judicial de 2013 la suspendió.
Fue un grupo de cincuenta y tres ciudadanos y 20 organizaciones no gubernamentales de productores, indígenas, académicos y ambientalistas quienes lograron la suspensión judicial de permisos para sembrar maíz transgénico con miras a su comercialización, al presentar pruebas de la dispersión y contaminación ambiental de los genes patentados.
El 85% de las siembras campesinas de maíz en México es con semillas seleccionadas de su cosecha y el resto con semillas certificadas; la libre comercialización de maíz transgénico terminaría por contaminar el medio centenar de variedades que se utilizan en el campo mexicano, lo que significaría la pérdida de esa biodiversidad y la dependencia campesina de la oferta transnacional.
Aun suponiendo -sin conceder mientras no esté clarificado-, que no hagan daño a la salud, la difusión de los transgénicos convierte la agricultura en un negocio de patentes de tres grandes empresas trasnacionales: Monsanto, Agrosciences y Pioneer en perjuicio de la biodiversidad y de economías regionales del país.
Ojalá que la batalla legal que se ha librado en México con éxito para evitar la siembra comercial de maíz transgénico no termine en un capítulo del TLCAN y en un desastre económico, ambiental y social del agro mexicano.
no se dejen… totalmente en contra de que se adueñen del campo mexicano, ya de por si en situación difícil.
Uno de los aspectos más perniciosos es que el agricultor se ve en la necesidad de comprarle una nueva dotación de semilla cada ciclo, ya que ésta es estéril y no se reproduce, impidiendo que pueda guardarse una parte para la siguiente siembra.