Después de un magro desempeño productivo en 2013 y en medio de un amplio consenso, nacional e internacional, de que la economía mexicana no crecerá en 2014 de acuerdo a lo prometido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Baja CEPAL estimado del PIB de México, Cartera, El Universal, lunes 28 de abril de 2014), fue dado a conocer el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI).
El Programa resulta impresionante por el monto de la inversión pública y privada involucrada, la distribución sectorial y regional de la misma y por la importancia macroeconómica que la construcción reviste en sí. Se espera, así, que el PNI impacte hasta en 2% el Producto Interno Bruto (PIB). Según la afirmación de la SHCP (El Universal, Nación, martes 29 de abril, 2014).
En efecto, el PNI contempla una inversión total de $7.7 billones de pesos, que equivale a un 50% más que lo invertido para “infraestructura” en el sexenio anterior. La inversión se destinaría preferentemente a los Estados del Sur-Sureste, sobresaliendo Campeche, Tabasco y Veracruz. Estados identificados con la explotación petrolera y la generación de energía eléctrica. Región, además, que es considerada estratégica porque en ella radica buena parte de los recursos naturales del país.
Con el PNI, el principal sector administrativo beneficiado será el de energía, seguido por el de desarrollo agrario, territorial y urbano y en tercer lugar el de comunicaciones y transportes. Llama la atención que lo que se destinaría a Pemex y CFE sería alrededor de $ 3.8 billones; es decir el sector de energía concentraría del orden de 50% de la inversión anunciada. Sector cuya inversión va más allá de lo convencionalmente asociada a la “infraestructura”.
Este último hecho parece distorsionar la comparación oficial con respecto a lo invertido en infraestructura en el sexenio pasado. Distorsión a la que se podría agregar el peso de la inversión privada directa asociada al PNI y la que resulte de los denominados “proyectos públicos privados”, cuyo financiamiento es privado. Conceptos que computados podrían dar luz al verdadero esfuerzo presupuestal federal destinado a invertir en la infraestructura que tanto demanda el país.
Independientemente de la distribución regional y por sectores de la inversión anunciada y de su posible sesgo comparativo con lo realizado en el sexenio anterior, sin duda el PNI deberá impulsar a la economía, particularmente por la vía de la construcción. Actividad estratégica del sector secundario que manifestó una profunda contracción en 2013 por la política de gasto pública asumida, frente a su manejo estratégico contracíclico en 2009 para paliar los efectos nacionales de la crisis internacional iniciada a fines de 2007.
Como es conocido, el crecimiento en 2013 del PIB fue de 1.1 %, en contraste con el último pronóstico de 1.3% de la SHCP, después de sistemáticos ajustes a la baja de su pronóstico inicial. El crecimiento alcanzado fue el más bajo de los últimos cuatro años, que parece ser olvidado por comentaristas y analistas y que hace prever un panorama restrictivo de crecimiento para 2014.
Tal como fue publicado en este medio (La depresión económica secular de México), el análisis del PIB 2013 evidencia “que el sector secundario, relacionado con la industria y la construcción, se mantuvo en un claro decrecimiento a lo largo de todo el año […]”. Por lo que “La contracción del sector secundario podría ser explicada por la baja calidad del gasto público federal, desde la perspectiva de la inversión física”.
Entonces se dijo “que es clara la pérdida de dinamismo del sector secundario o industrial desde el primer trimestre de 2012, hasta decrecer francamente durante todo el año de 2013. De tal manera que es posible enfatizar que la pérdida de dinamismo industrial en México cumple ya más de 24 meses; probablemente una de las fases económicas depresivas más largas vividas en el país desde mediados de los 1980´s”.
En este comportamiento recesivo del sector secundario observado en 2013, obviamente la construcción desempeñó un papel clave. Tal papel puede entenderse si se analiza la construcción de acuerdo a su valor anual y en una perspectiva más allá de su comportamiento puntual en un año. El análisis agregado arroja un contraste de la política económica del anterior gobierno con el actual.
De acuerdo a la información publicada por UNITÉ, con datos del INEGI (Reporte Económico, Construcción 2013, La Jornada, lunes 28 de abril de 2014), el valor total de la producción de la construcción en 2013 disminuyó en términos absolutos, respecto a 2012, (Tabla 1). La caída es atribuible totalmente a la disminución del valor de la construcción del sector público, del orden de $20 mil millones de pesos, ya que la construcción del sector privado mantuvo el valor nominal de un año antes.
Tabla 1
El comportamiento negativo de la construcción, indiscutiblemente fue atribuible al sector público, por efecto del rezago del gasto federal durante casi los tres primeros trimestres de 2013. El rezago significó una contracción del ejercicio con respecto a los mismos meses del año anterior, que se estimó afectaría al conjunto de la economía, tanto por los analistas como por representantes del sector privado. Sin vacilación alguna, la contracción de la vivienda, relevantemente por la vía del bajo financiamiento, agudizó el efecto adverso del rezago del gasto público sobre la construcción.
Las consideraciones anteriores pueden ser enriquecidas si se toma en cuenta la variación anual del valor de la construcción total y su desglose entre el sector público y privado. Así, en 2103 el valor total de la construcción se contrajo 3.6% en relación a 2012 (Gráfica 1).
Gráfica 1
Más grave aún, la disminución relativa del valor de la construcción del sector público cayó respecto al 2012 en -7.5%, manteniendo el sector privado prácticamente el valor alcanzado el año anterior. Por lo que la disminución del valor de la construcción total se debió a la caída observada por el sector público.
Las variaciones interanuales del valor de la construcción entre 2009 y 2013 patentizan una diferencia sustancial de la política económica seguida en el anterior sexenio y el actual. Así, en 2009 la construcción pública en su valor aumentó 18.3% en relación a 2008, atemperando con ello la caída observada de -22.2% del sector privado. A pesar del gran incremento de la construcción pública, no se logró compensar la caída correspondiente al sector privado, por lo que el valor de la construcción disminuyó en -6.4% en relación a 2008.
De no haberse incrementado sustancialmente la construcción pública en 2009, se hubiera contraído aún más el valor total de la actividad, afectando al conjunto de la economía más allá de la caída del PIB sufrida ese año de -6.5%. Por lo que es posible afirmar que en 2009 se aplicó de manera decidida una política económica anticíclica, que ayudó a atemperar el choque macroeconómico de la crisis internacional sobre la economía nacional.
Lo observado en materia de la política de gasto público y de la construcción pública en 2009, discrepa con la política contraccionista aplicada por el gobierno federal en 2013, vía el rezago del ejercicio del gasto y su afectación a la baja de la obra pública. El contraste de la construcción en 2009 y 2013 pone en duda la capacidad técnica de la SHCP, o al menos la correspondencia entre las intenciones y las acciones públicas.
El Programa Nacional de Infraestructura implica grandes retos, no sólo para hacer efectiva la inversión de los $7.7 billones de pesos anunciados, sino también en la ejecución oportuna de los presupuestos y el aseguramiento honesto en la aplicación de los recursos públicos. En el primer caso, vale la pena recordar que en 2007 el entonces Director general de Pemex, declaró que la entidad petrolera no tenía problemas de financiamiento, sino de carencia de proyectos de inversión. En el segundo caso, es conveniente recordar que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declararon, ese mismo año, ante una Comisión del Senado, que no contaban con personal calificado para llevar adelante la licitación de obras públicas. Finalmente, el ejercicio honesto de los recursos, su transparencia y rendición de cuentas ha sido descalificado con la actuación de Oceanografía en Pemex.
En este contexto, el seguimiento y la evaluación puntual del PNI serían un esperado mensaje político y una buena práctica del gobierno de Enrique Peña Nieto, para que la construcción apoye el crecimiento del sector secundario y de la economía nacional en su conjunto. Esperemos que así sea.