Somos muchos quienes buscamos explicaciones lógicas a lo sucedido en Iguala, Guerrero; tratando de entender qué fue lo que sucedió y enfrentándonos a respuestas que no queremos escuchar.
Ciudad de México.- Somos muchos quienes buscamos explicaciones lógicas a lo sucedido en Iguala, Guerrero; tratando de entender qué fue lo que sucedió y enfrentándonos a respuestas que no queremos escuchar. Si bien es cierto que la incapacidad de muchos gobiernos estatales de poner en práctica el mando único, hace que las policías municipales no estén dentro de los estándares deseables, también lo es que los municipios no quieren perder a su policía porque ésta les da parte del poder del que gozan los presidentes municipales; aunque la verdad es que lo que menos quieren perder los alcaldes es la gran cantidad de recursos económicos que obtienen para sus cuerpos policíacos y que muchas veces no son utilizados en aquello que fue dispuesto originalmente. Es el caso de alcaldes que adquieren vehículos blindados para ellos y sus familias o bien donde ganan comisiones importantes de las compras que hacen para los cuerpos policíacos.
Los gobernadores son corresponsables de este tipo de asuntos, son quienes están al frente de los gobiernos estatales y pareciera que el respeto a la soberanía del municipio libre les impidiera poner orden en su propia casa; visto de esta manera, en una pirámide inversa, la seguridad del país dependería de los alcaldes y he aquí la mayor de las debilidades en materia de seguridad pública. Cada vez que llega un nuevo presidente municipal, este escoge a su jefe de policía, son muchos los casos en que primos y compadres sin experiencia se convierten en los que manejan el orden público, ¡de ahí el desorden! El orden público se inicia en el municipio, si estuvieran bien administrados, seguramente tendríamos un México diferente, más seguro, más productivo, más rico, más educado y hasta más bello. Esto es evidente cuando pasamos de un municipio a otro y vemos las diferencias entre un buen y un mal gobierno, son muchos los alcaldes que llegan sólo para enriquecerse y muchas veces el pueblo es quien escoge a los que no tienen deseo de trascendencia, claro está, lo hace únicamente con el menú de opciones que los partidos le ofrecen y muchas veces, la caballada está flaca.
Cuando entra un jefe policíaco este debe pasar por un examen de control de confianza en el que se le aplica la prueba del polígrafo, un cuestionario socioeconómico, otro psicométrico y una entrevista psicológica; se le realiza también la prueba de voz para ser depositada en un banco de datos en el que se tienen grabadas otras cientos de miles de voces de delincuentes para ser cotejadas; asimismo se le realiza un examen médico, etc. Lo trágico del tema es que quien ingresa a una corporación muchas veces lo hace sin pasar estas pruebas de manera anticipada.
La responsabilidad de los partidos políticos es también digna de analizarse, ¿quién aprueba a los candidatos? ¿Deberían los candidatos pasar por pruebas de control y confianza? ¿Es el INE quien debería sancionar a quienes serán sujetos del voto popular? ¿O deberían ser los partidos políticos? ¿Por fin se hará algo con el financiamiento privado en las campañas? La narcopolítica se ha incrustado principalmente en las alcaldías y se hace urgente revisar caso por caso, para determinar los riesgos existentes.