El presidente Peña anunció que en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión promoverá una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
Ciudad de México.- El presidente, Enrique Peña Nieto, anunció diez medidas específicas para estructurar un programa: “Por un México en paz con justicia y desarrollo”. A reserva de comentar dichas medidas con mayor detenimiento, quiero referirme al tema de la justicia cotidiana.
La séptima medida se refiere al impulso de acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la justicia. Señaló que el lunes 24 de noviembre entró en vigor en los Estados de Durango y Puebla los juicios orales en materia penal para el fuero federal. Expresó también que castigar al responsable de un delito y proteger al inocente, es un mandato constitucional que no se debe posponer. Pero precisa que la justicia no se agota en el ámbito penal. Hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer, a quien le niegan el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario, o quien no puede cobrar una deuda. Esto pone en claro lo que significa la construcción de un verdadero Estado de Derecho para la mayoría de la población, más allá de los grandes temas que acaparan la atención mediática, y que perfilan el tipo de país que vivimos. Pero a la mayoría de la población también le afecta en forma directa la falta de esta justicia cotidiana.
El presidente señaló otros ejemplos, como la justicia cotidiana que exige el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario al que no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto (o el servicio) por el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad. Esta justicia, señaló el Ejecutivo Federal, suele ser lenta, compleja y costosa. No se han presentado, añadió, soluciones de fondo a estos problemas. Por ello, anunció que se promoverá una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
Esta falta de Estado de Derecho es lo que afecta directamente a la mayoría de la población. Es un aspecto fundamental que hace la vida difícil en el país. Es la mujer que no recibe la pensión alimentaria para los hijos, o la que sufre violencia en el seno del hogar o es objeto de acoso en el centro de trabajo y de humillación en el transporte público.
Es el caso de la víctima del asalto a transeúnte, del robo frecuente, de la violencia siempre impune, en la que la denuncia va a ser difícil y engorrosa porque la autoridad se va a encargar de disuadir al agraviado por comodidad o complicidad.
Se trata también de la dificultad y complejidad de hacer valer los contratos, los acuerdos, los arbitrajes; de la relación con quienes simplemente no quieren cumplir las reglas, como el condómino que no paga el mantenimiento o el gas, que toma sin autorización el estacionamiento que no le corresponde, que lleva una conducta agresiva e irrespetuosa; del vecino ruidoso e indolente, del que no construye contrabarda en el predio contiguo, que abusa a la primer oportunidad.
Es el caso del oligopolio que abusa con la total y absoluta indefensión del consumidor, del gasolinero que sabemos que nos roba y del cual también sabemos que nunca le va a pasar nada.
Esto es lo que motiva que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del INEGI, más del 93 por ciento de los delitos del fuero común ni siquiera se denuncian, porque los ciudadanos saben que no tiene caso y que se van a enfrentar con autoridades negligentes y omisas.
En tal virtud, el presidente Peña anunció que en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión promoverá una amplia agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana.
En suma, al lado de esta iniciativa, es necesario insistir en construir una cultura de la legalidad, en la que si bien todos estemos conscientes de nuestros derechos también lo seamos de nuestros deberes y responsabilidades, que exija el cumplimiento de la ley para todos. Una actitud basada en la ética, de respeto hacia los demás, al país, a las instituciones, a su historia y a su futuro. Una cultura de respeto a nosotros mismos. Porque no basta con medidas legislativas y de políticas públicas, es necesario un cambio de actitud y de respeto en el país.