Si hiciéramos el ejercicio de preguntar a la gente más cercana a nosotros, qué es lo que opina de la seguridad pública en México, la gran mayoría mencionaría que está muy mal.
Ciudad de México.- Hasta antes de lo ocurrido en Ayotzinapa, nuestro país gozaba de toda la popularidad; medios de comunicación de todas índoles y nacionalidades, se referían al contexto por el que atravesábamos como “el momento mexicano”, en alusión a todo lo bueno que se estaba realizando desde el gobierno, principalmente, para incentivar la economía a través de las reformas estructurales históricas que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, había propuesto y logrado con el apoyo de la mayoría en ambas Cámaras legislativas federales y locales.
México atravesaba por un gran momento sustentado en dichas reformas y todo parecía indicar que no sólo nos consolidábamos hacia adentro, sino también hacia afuera con la comunidad internacional. Todo eran elogios y excelentes expectativas, hasta que llegamos a los días 26 y 27 de septiembre pasados. Después de los trágicos y brutales sucesos, dolorosos no sólo para las familias de los estudiantes secuestrados, torturados y asesinados, sino para todos en México e, inclusive, a nivel internacional; el camino ascendente por el que transitábamos de repente, de pronto se irrumpió para convertirse en una estrepitosa caída.
Todos los buenos augurios quedaron atrás para dar paso a una insistente recriminación y equivocada responsabilidad, como se ha querido dar a entender, del gobierno federal. Una incesante comunicación del horrendo crimen, ha incidido, por supuesto, en el sentir de la ciudadanía, pero sobre todo, en su percepción respecto del estado que guarda nuestro país en materia de seguridad.
Si hiciéramos el ejercicio de preguntar a la gente más cercana a nosotros, qué es lo que opina de la seguridad pública en México, la gran mayoría mencionaría que está muy mal; en seguimiento, si preguntáramos a esas mismas personas cuál es el motivo de su opinión, la gran mayoría, nuevamente, haría referencia a lo sucedido en Ayotzinapa, Guerrero.
Es necesario discernir entre percepción y realidad, ambas en materia de seguridad pública; la realidad se refuta en los hechos, mismos que nos demuestran una reducción de los delitos de alto impacto. Comparando cifras de los años 2013 y 2014 el secuestro presenta una disminución del 18 por ciento; la extorsión se ha reducido en un 30 por ciento; el homicidio doloso ha bajado en un 15 por ciento; el robo de vehículos y de casa habitación presentan un trece por ciento y 15 por ciento menos, respectivamente. La percepción sólo muestra lo que aparentemente es y, peor aún, ésta es totalmente susceptible a ser influenciada por falsedades y opiniones mal intencionadas, que lo único que pretenden es desestabilizar con el objeto de beneficiar intereses individuales y de grupo ajenos a los del país en general. Digo lo anterior en razón a que, siguiendo el ejercicio anterior, se nos ha olvidado el cómo y dónde se originó el terrible crimen, por lo que es un error seguir creyendo que es responsabilidad del gobierno federal lo sucedido y, sobre todo, suponer que es una realidad que se extiende a todo el territorio nacional.
La muerte de los estudiantes fue autoría intelectual del presidente municipal de Ayotzinapa, Guerrero, así como de su esposa y del titular de seguridad pública, que en su momento fungía en el mencionado municipio. Elementos de ésta corporación detuvieron, secuestraron y entregaron a los llamados Guerreros Unidos a los normalistas y, finalmente, estos criminales ultimaron sus vidas.
El problema fue primeramente municipal y pasó a ser, por supuesto, estatal. Ante la comprobada relación de las autoridades del primer orden con el crimen organizado, correspondía, y era obligación del gobernador en turno, intervenir para dar respuesta y solución inmediata, pero no fue así. Dicho gobernador fue destituido por su omisión e incapacidad y ante la sospecha de un contubernio por parte de las autoridades estatales y de su probada ineficacia y habiendo agotado los procesos jurídicos, el gobierno federal asumió el caso.
Hoy, todos los autores del crimen, tanto intelectuales como materiales, están detenidos y sujetos a proceso, como resultado de los trabajos de investigación y detención de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de Seguridad. Dicha investigación es inédita en la historia de nuestro país en cuanto a los recursos humanos, materiales y económicos destinados para ella. Prácticamente, todas las dependencias relacionadas con la seguridad pública del ámbito federal estuvieron involucradas para el esclarecimiento de los hechos, lo cual evidencia que el gobierno de la República no escatimó en nada con la intención de lograr la detención de los culpables para castigarlos y dar respuesta de lo sucedido.
¿Cómo un problema de origen meramente municipal y estatal escaló a ser responsabilidad del gobierno de la República? Sobre todo, ¿por qué sería responsabilidad o culpa de ésta lo sucedido en Ayotzinapa, cuando lo que hizo fue dar respuesta y castigo a lo sucedido? Los hechos en este municipio no son el acontecer de todo un país, por lo que repito, no es lo mismo percepción que realidad. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del INEGI muestran resultados positivos; si bien es cierto que hay puntos rojos que atender de manera inmediata, lo cual ya se está haciendo, como lo es en los casos de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, en la gran mayoría de nuestro territorio hay una notoria mejoría y muestra de lo anterior son las cifras que actualmente se tienen de los Estados de Chihuahua, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora en los que hace no mucho era una situación totalmente contraria, por mencionar los más significativos. Inclusive, el Observatorio Nacional Ciudadano, en su más reciente informe, señala que siete de los ocho delitos de mayor impacto van a la baja. Por supuesto, lo anterior, es gracias al esfuerzo propio que realiza cada entidad, a través de sus Secretarías de Seguridad Pública u homólogas, para asumir su propia responsabilidad a lo que se suma la del gobierno federal, para que de manera coordinada se haga frente a este flagelo. Por lo que repito nuevamente, no es lo mismo percepción que realidad a pesar de lo que mediáticamente se pretende lograr.
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