El Chayote en México es una institución, informal claro está, profundamente enraizada en la cultura político-periodística de México, y que, como normalmente suceden en un país tan campechano como el nuestro, resulta ser infinitamente más respetada y honrada que cualquier otra institución formalmente establecida. Julio Scherer narra en uno de sus libros que durante la campaña presidencial de Gustavo Díaz Ordaz un funcionario, parapetado detrás de unas enredaderas, repartía pagos a los periodistas que cubrían la gira: el “chayote”. Esta remuneración económica se otorgaba en función de la servidumbre que la prensa nacional tan gustosamente le profesaba al régimen Priista. Una simple cortesía, a final de cuentas, ya que el viejo sistema contaba con mecanismos mucho más efectivos, y brutales por supuesto, para imponer el discurso oficial.
Ahora, sin embargo, en supuestos tiempos democráticos, como en los que actualmente vivimos, encontramos que la antigua práctica del embute sigue vigente, dimensionando sus alcances y manteniendo preponderancia en las relaciones que el poder mantiene con los medios de comunicación. Si antes estos no representaban más que uno de los muchos frentes del corporativismo de estado, cooptados al igual que los demás sectores a través de jugosas prebendas, ahora, con una sociedad plural y en un concierto político enriquecido por diferentes expresiones e ideologías, asumen un rol siniestro y sumamente peligroso para la democracia.
¿Por qué? Porque la evolución del cuerpo social mexicano, la inviolabilidad de la libertad de expresión, no ha venido acompañada de un ejercicio ético del periodismo. La relación mercantilista de los medios de comunicación con el poder se mantiene intocada, sólo que ahora hay muchos jugadores, lo que significa que hay muchos potenciales clientes. Ya no es el sistema premiándolos, dándoles una palmadita en la espalda por sus buenos servicios; ahora más bien existe una lucha descarnada entre los Partidos Políticos, los Gobernadores, la Presidencia y demás actores por gozar del favor de su atención, es decir, por salir en sus páginas, por tener espacio en sus pantallas o programas de radio. Esta lucha, sobra decirlo, se resuelve a base de dinero, y es que el que paga más es el que mayor difusión obtiene. Todo esto a sabiendas de que quien no desembolse altas cuotas de “comunicación social” está sentenciado a la marginalidad política; al olvido, a la derrota.
Según datos de Fundar, desde el 2007 la Presidencia de la República ejerce el doble de lo aprobado por los legisladores para el concepto de “Comunicación Social y Publicidad”. Tan sólo en el 2011 esta instancia erogó 5,027 millones de pesos. En los estados la situación es aún más grave, un tercio de los Gobiernos Estatales ni siquiera publican sus gastos de comunicación, lo que representa una flagrante violación al derecho de Transparencia y Acceso a la Información. Los que si publican estos datos revelan que su gasto se duplicó del 2005 al 2010.
Estos miles de millones de pesos, del erario público, van a acabar en manos de los concesionarios de Radio y Televisión, así como en las de los dueños de los periódicos. Basta con hojear la prensa local de cualquier estado para atestiguar hasta qué grado se está violentando la libertad de información de la ciudadanía; el gobernador en todas las primeras planas, odas, disfrazadas de notas, a la administración local. Encomio comprado, con los impuestos de la gente. La situación es muy grave, toda vez que no hay una regulación a este tipo de compras publicitarias.
Las repercusiones de esta lógica “periodística” rebasan cualquier juicio moral; constituye en sí misma una modalidad más de la compra del voto. Notas banales presentadas como si fueran de real interés público; posicionamiento de candidatos; inequidad en la contienda política. Cabe mencionar que las cifras aquí presentadas son las del “chayote oficial”, presupuestos legales destinados a comprar líneas editoriales. El pago por debajo de la mesa, las cifras negras, son, mucho me temo, aún mayores. ¿Democracia? ¿Libertad de información? ¿Equidad en los procesos electorales? Claro, como no.