El 2017 arranco con el llamado “gasolinazo”, que representa un incremento del 20% en el costo de la gasolina para los consumidores. El INEGI reportó en el 2015, que nuestro país cuenta con 38 millones de coches y que el 43.5% de los hogares disponen de por lo menos un auto-transporte.
La medida del incremento en las gasolinas provocó un malestar social sin precedentes, con manifestaciones en las calles y disturbios que incluyeron saqueos a comercios y tiendas departamentales. Un aspecto que llama la atención del “gasolinazo” es como la clase política rápidamente se ha sumado a criticar la medida en defensa de la economía de las familias mexicanas, mientras que, durante lustros, no se escuchó a ninguno de ellos defender el bolsillo de los mexicanos al tener que pagar servicios de telefonía e Internet caros y malos.
Es indiscutible que la gasolina es un bien de primera necesidad para muchos mexicanos, la realidad es que las telecomunicaciones lo son también. Ademas de que si comparamos la penetración del coche en la población vs. la telefonía (88% de penetración de celulares, IFETEL, 2015) la telefonía móvil es significativamente mayor.
En el pasado la falta de una regulación efectiva le permitió a América Móvil tener una de las operaciones más rentables de empresas similares en el mundo gracias a su capacidad para mantener precios altos y una muy baja competencia de otros operadores.
Todos hemos visto los altos costos que representa la telefonía de prepago. Las constantes recargas a precios por arriba de lo que el avance tecnológico permitía, fue algo que la COFETEL en su momento no logró o quiso corregir.
La reforma de Telecomunicaciones fue un enorme paso en reconocer que era necesario acabar con este abuso a los consumidores, sin embargo, un elemento central para que los precios de la industria estén en un nivel de competencia es necesario reducir la participación de mercado del incumbente. De lo contrario volveremos a ver como el mercado de la telefonía móvil se convertirá nuevamente en una plataforma privada recaudatoria de rentas extra normales del público consumidor.
Si el “gasolinazo” representa un enorme enojo por el retiro de un subsidio que menos de la mitad de los hogares recibe directamente, es incomprensible que esos mismos consumidores no se hayan manifiestado en el pasado por años y años de abusos y que presionen al IFETEL para que defienda sus intereses que al fin y al cabo para eso está.