Derecho Colaborativo. Otra forma de resolver conflictos

Aunque el Derecho Colaborativo fue concebido a finales de la década de los ochenta, no es sino hasta ahora que llega con vigor a nuestro país. Se trata de otro de los métodos de gestión y resolución de conflictos, alterno al proceso judicial, que complementan el espectro de los llamados MASC’s (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) que incluyen la negociación, la conciliación, la mediación, el arbitraje, el medarb, el minitrial, el summary jury trial, la valuación imparcial de expertos y los dispute boards, entre otros.

En efecto, ante la crisis de la administración de justicia ofrecida por los tribunales, la hiperjudicialización de las sociedades, cuyos constantes conflictos suelen terminar en las Cortes, y como reacción a la cultura confrontativa prevaleciente entre los abogados, en el mundo han proliferado centros de administración de justicia o Multidoor Court Houses que ofrecen a las partes en conflicto diversos mecanismos para evitar terminar en las manos de los jueces.

Sin embargo, los MASC’s han enfrentado importantes reticencias por parte de los abogados, jueces y justiciables que hacen necesario un cambio de mentalidad, una apuesta institucional, una cobertura legislativa y un empoderamiento del justiciable que le permita hacer frente a su responsabilidad para la solución del conflicto que enfrenta.

Es así que, en algunas partes del mundo, existe el deber deontológico de los abogados de informar a sus clientes sobre las vías alternativas de solución de controversias. Así surge el Derecho Colaborativo como una propuesta para trabajar fuera de los juzgados, utilizando las herramientas de la negociación, la mediación y la conciliación, renunciando a la vía judicial.

Para ello, se requieren abogados y justiciables con una nueva mentalidad dispuesta a utilizar este método de gestión y resolución de conflictos, alternativo al proceso judicial, que persigue el acuerdo de las partes a través de la negociación privada, contando con el asesoramiento de sus respectivos abogados y de otros profesionistas que pudieren ser necesarios, tales como psicólogos o especialistas técnicos en la materia de la controversia de que se trate.  El objetivo es lograr una solución integral y adecuada con la ayuda del abogado de cada una de las partes, quienes no actúan como neutrales y que, en cambio, trabajan en equipo con los otros profesionistas y en red.

El Derecho Colaborativo implica el compromiso de los abogados de las partes de no acudir a los tribunales, así como el compromiso de abandonar el asunto en caso de no lograrse un acuerdo satisfactorio para las partes. Tal como sucede en la mediación y en la conciliación, los abogados de parte cuentan con la protección legal de la confidencialidad de los documentos que generen en el proceso, hasta en tanto no se formalice un contrato de transacción que ponga fin a la disputa y la garantía de no poder ser llamados a juicio como testigos ni como peritos.

En el Derecho Colaborativo cada parte actúa con su respectivo abogado, quienes deben tener conocimiento de las técnicas de negociación y mediación. La ruptura de las negociaciones desde luego deja expedita la vía judicial para los judiciables.  El propósito es satisfacer los intereses de las partes, quienes son los principales protagonistas del proceso.

Para sugerir a las partes la utilización del MASC adecuado, es necesaria la valoración de la idoneidad del método y de la aptitud y actitud del judiciable por parte del abogado de parte.  El procedimiento comienza con un compromiso inicial de colaboración en el que se identifica a las partes, quienes asumen el compromiso de compartir información y de guardarla en confidencialidad, se describen los temas a ser solucionados y se incluye la cláusula de inhabilitación de abogados y neutrales para que no puedan acudir a tribunales.

La negociación debe ser preparada mediante la definición de la agenda, la identificación de los intereses y los obstáculos y la planificación del proceso. Una vez logrado el acuerdo, debe realizarse la homologación judicial, con el propósito de que tenga efectos de cosa juzgada y eficacia ejecutiva.

A diferencia de la Mediación, en el Derecho Colaborativo, los abogados de las partes siempre participan, pudiendo haber o no terceros neutrales (mediadores o conciliadores), quienes en todo caso participan en equipo. Se trata de un proceso más complejo, ya que implica la negociación planificada y una solución integral del conflicto.  Entre las ventajas que ofrece, las partes retienen el método y el poder para solucionar la controversia que enfrentan, el procedimiento es flexible y ajustable a las necesidades de las partes, los abogados mantienen el control de la legalidad y ejecutividad del acuerdo y los neutrales equilibran el poder de las partes para lograr el acuerdo.

Aun cuando generalmente se actúa en sesiones conjuntas con las partes y sus respectivos abogados, es común realizar sesiones en caucus, en el entendido de que en las reuniones entre abogados no se puede negociar.

Generalmente el Derecho Colaborativo no requiere una legislación especial, aun cuando en algunos países existen leyes que regulan los mínimos necesarios para llevar a cabo el proceso.

Para la promoción del Derecho Colaborativo a nivel internacional, existe la International Academy of Collaborative Professionals (IACP) y a nivel regional la recientemente creada Federación Iberoamericana de Cultura de Paz, Medios Alternos de Solución de Conflictos y Derecho Colaborativo, impulsada por el incansable psiquiatra y mediador Óscar Ortíz Salcedo, quien también montó recientemente el primer Diplomado en México sobre la materia, en colaboración con la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y el Dr. Emiliano Carretero de la Universidad Carlos III de Madrid.