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La corrupción, AMLO y el T-MEC

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Antonio M. Prida


De Frente y Derecho

De izquierda a derecha, banderas de México, canadá y Estadosw Unidos (Imagen: Go News/Youtube).

viernes 9 de noviembre de 2018

Ante el ayuno de ideas del presidente electo para cumplir con su promesa de terminar con la corrupción en nuestro país, el capítulo 27 del recientemente aprobado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (el “T-MEC”) sobre anticorrupción, brinda valiosos instrumentos para luchar eficazmente en contra de la corrupción y la impunidad en México.

Entre dichos instrumentos destaca la importante labor que pueden desempeñar los “soplones” o whistleblowers como se les denomina en inglés. En efecto, se trata ni más ni menos que de los denunciantes anónimos de actos de corrupción que pueden aportar evidencias y lograr que los responsables no queden impunes. Para que ello sea posible, el T-MEC establece la obligación de los países miembros, de adoptar mecanismos sólidos para su debida protección y evitar la represalia de los maldosos.

Resulta tan iluso pensar que la corrupción se puede terminar por el sólo hecho de que López Obrador asuma la Presidencia de la República, como pensar que dicha tarea puede ser cumplida por el gobierno sin el apoyo ciudadano. Es por ello que en el T-MEC los tres países parte se comprometen a cooperar en la implementación de eficaces mecanismos que logren incorporar a la ciudadanía en dicho esfuerzo.  Es así que el capítulo involucra explícitamente al sector privado y a la sociedad civil. Entre las responsabilidades de estos sectores se incluye el compromiso para que las empresas informen en sus reportes anuales sus controles internos, programas de compliance y código de ética para prevenir y detectar prácticas de corrupción. De esta manera se crea un piso común para que las empresas de los tres países tengan un referente en sus procesos y controles internos.

El capítulo sobre prácticas anticorrupción del T-MEC sigue la línea trazada por el TPP (Trans-Pacific Partnership, negociado entre varios países de la Cuenca del Pacífico), derivada de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de la OCDE Anti-Sobornos y la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA. La innovación del TPP y del T-MEC radica en que a diferencia de estos últimos acuerdos que establecen obligaciones para las empresas, aquellos establecen principalmente obligaciones a cargo de los países miembros, esto es para sus respectivos gobiernos como parte integrante de un tratado de libre comercio, cuyo incumplimiento puede provocar pérdidas comerciales.

El nuevo capítulo se enfoca en la prevención y el combate a los sobornos, y en la corrupción en la inversión y el comercio internacionales que incluye una lista de las conductas que los gobiernos deben prohibir en las empresas de sus respectivos Estados, tales como la de llevar doble contabilidad, la descripción errónea de líneas de captura y de pago para ocultar un pago de cohecho, el registro de gastos inexistentes, la destrucción de documentos contables antes de lo permitido y el ofrecimiento de beneficios indebidos, entre otras.

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Foto: ShutterStock.

Se espera que los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México tomen en serio estas responsabilidades, lo cual implica, en el caso de México, la necesidad de realizar cambios legislativos. Entre otras, habrá que proteger a los denunciantes anónimos. Al efecto, será importante cambiar la mentalidad para que quien acuse una actividad de corrupción, sea visto como un virtuoso ciudadano comprometido con el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y no como un soplón.

Ya la llamada “Ley 3de3” incluyó una incipiente legislación en materia de protección a los denunciantes, pero la protección que se requiere es mucho mayor.  En el Tratado está consignada la obligación de los países parte de contar con legislaciones adecuadas que brinden protección suficiente e incentivos a los denunciantes y dicha legislación deberá ser aprobada e implementada por el Congreso mexicano.

Otro elemento novedoso incluido en el T-MEC se refiere a la obligación del gobierno de dar talleres y capacitación anticorrupción a sus funcionarios. Desde luego, habrá que definir el contenido académico de dichos talleres, pero ciertamente deberán permitirles identificar y gestionar posibles conflictos de interés, a fin de evitarlos. El problema de la corrupción no es tan simple como la recepción por parte de un funcionario público de recursos de los particulares, sino que incluye casos en los que aunque el funcionario público no reciba un beneficio del particular, puede incurrir en prácticas de corrupción si atiende, por ejemplo, la orden de su jefe en el sentido de eximir alguna obligación a un particular determinado. Esto es, realizar una actuación a modo o de facilitación por parte de la autoridad, así como el tráfico de influencias.

Las disposiciones contenidas en el nuevo tratado incluyen como parte de la cooperación internacional, la obligación de compartir información sobre prácticas de corrupción, la coordinación para realizar investigaciones multinacionales y la posibilidad de llamar a consultas a aquel gobierno que haya incurrido en algún incumplimiento del tratado en materia de corrupción, lo que pondría en evidencia al país infractor exponiéndolo a la vergüenza pública.  Desde luego, este mecanismo para ser eficaz requiere la voluntad política de los otros países involucrados para ejercer dicho derecho de llamar a consultas, lo que derivará seguramente de la estrategia geopolítica que tenga dicho país y las posibles consecuencias políticas de realizar tal extrañamiento.

Seguramente este nuevo capítulo anticorrupción no será una panacea, pero deberemos aprovechar los instrumentos legales que ofrece para desarrollar en México una cultura de prevención y combate a la corrupción que permita robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción apenas en ciernes.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

8 comentarios

  1. Como ideas y contenido anticorrupción tanto nacionalmente como en forma internacional, son herramientas muy valiosas aunque para su implementación, es necesaria una objetiva educación y voluntad social, empresarial y política que Ojalá pronto se logre.

    • De acuerdo con tu apreciación, estimado Carlos. Hagamos lo que nos toca y exijamos a los demás, especialmente al Gobierno, lo que les toca.

  2. PEDRO VERÁ CERVERA

    Será una tarea titánica erradicar la corrupción que existe en todos los niveles y actividades comerciales con el gobierno, ejército y Marina. El SAT y prácticamente todas las dependencias en el gobierno y las Alcaldías están saturadas de corruptos. Raros son loa funcionarios o las empresas que no hagan actos de corrupción
    Un flagelo que no ha sido erradicado desde que Herman Cortés llegó a México

    • De acuerdo con tu diagnóstico, estimado Pedro, pero no podemos aceptar que éste triste panorama será para siempre nuestro destino. De todos y cada uno depende el cambio. Responsabilicémonos de lo que nos toca.

  3. La cultura es fundamental para eliminar la corrupción:
    En un desarrollo cultural en el que la corrupción es inadmisible culturalmente como comportamiento social. Si apareciera un corrupto, su esposa y sus hijos le harían la vida difícil, sus amigos lo erradicarían de su círculo social y la sociedad toda lo excluiría. La corrupción es deslegitimada por la cultura de esas sociedades. Eso no es magia. La cultura se construye, es un ejercicio permanente a través de familia, de la educación de los medios, de los modelos de referencia y de instituciones concretas.

  4. Antonio Cruz Galera

    La corrupción es un cáncer en nuestra sociedad que año con año causa un daño económico incalculable a nuestro País, pero el más grande daño de la corrupción es la pérdida del honor de quien la práctica. Su erradicación es una tarea titánica, una tarea que exige el total involucramiento de los tres órdenes de Gobierno y ciudadanos y es una tarea urgente de ejecutar si queremos vivir en un país equitativo y seguro para todos. Esta tarea debe incluir una fuerte campaña educativa, que incluya a todo el país y dirigida a realizar un radical cambio cultural en este orden.

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Sobre Antonio M. Prida

Antonio M. Prida
Antonio M. Prida Peón Del Valle es abogado de la Escuela Libre de Derecho y Consultor Legal Extranjero admitido por la Suprema Corte de Nueva York y Texas. Socio de Curtis, Mallet-Prevost Colt & Mosle (NY) y socio fundador de su oficina en México. Fue Director Regional de ProMéxico en Europa, con rango de Ministro, y actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Es miembro y ha sido integrante del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y Vice-Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; es Vice-Presidente Honorario Vitalicio de la Association Internationale des Jeunes Avocats y fue Consejero del Presidente de la Unión Internacional de Abogados. Miembro fundador, ex-Presidente y Presidente Emérito de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y miembro fundador y secretario de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación y de Mexicanos Primero. Presidente del Comité de Mediación del Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio y miembro del Instituto Mexicano de la Mediación. Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana y la Western State University de California. Tuvo una columna diaria en El Economista, fue corresponsal en Nueva York del mismo, de Expansión y del programa radiofónico “Mundo Empresarial”, condujo programas sobre el TLC en “Radio VIP” y fue colaborador del noticiero de Gutiérrez Vivó en Radio Red y de Rentería en Radio Fórmula.