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De gastos e imprudencias públicas

deuda publica federal México.

Antonio Reyes


Economía


lunes 18 de junio de 2018

A pesar de los ingresos extraordinarios del petróleo hasta recientemente obtenidos, las bajas tasas de interés internacionales y las remesas del exterior, México hubo experimentado desde 2000 un acelerado gasto federal con un mayor crecimiento de la deuda pública. Por lo que se presentó el fenómeno de que a mayor ingreso mayor deuda pública; tijera asociada al síndrome de la voracidad fiscal. Lo sorprendente es que con ello no se obtuvo el efecto correlativo de crecimiento del PIB; situación que sistemáticamente debió haber sido del conocimiento de los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, de todos estos años.

Las imprudencias de un mayor gasto acompañado de más deuda pública hicieron perder a México una extraordinaria oportunidad para crecer, que pudo haber sido alentado con la inversión pública. Hoy, ante tal hecho, el presupuesto público federal y estatal, enfrenta restricciones forzosas, como ha sido aceptado oficialmente desde 2016, mismas que en el futuro inmediato serán más agudas.

Así, considerado 2000 como año base 100, el Presupuesto Público[1] en 2016 fue 398.5,[2] en tanto el Saldo Histórico de los Requerimiento Financiero del Sector Público (SHRFSP), como expresión de la deuda pública, llegó a 489.1,[3] mientras el PIB durante el mismo periodo, a precios de 2013, logró un acumulado de únicamente 309.2.[4]

La dinámica de gasto, deuda y PIB fue totalmente desfavorable al crecimiento, haciendo que la carga de la deuda pública sobre el PIB creciera, pero también que su servicio afectara sustancialmente su sostenimiento presupuestal, que se mantendrá durante los próximos años.

El estrés presupuestal desatado, previsible y hecho público desde el Senado de la República desde hace casi diez años, fue finalmente atemperado con la llamada “reforma fiscal”, de relativo éxito, que ha sido acompañada con ajustes presupuestales, afectando la inversión pública y los apoyos públicos para la producción. Sin embargo, los ajustes presupuestales iniciados desde 2016 no lograron revertir sustancialmente la situación imperante. Baste considerar cifras agregadas nominales de los tres conceptos aludidos.

El gasto público se incrementó al pasar nominalmente de 1.2 billones de pesos en 2000, a 4.9 billones de pesos en 2017, 4 veces más elevado. De igual forma, la verdadera deuda pública federal, identificada como el saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), pasó de 2.1 billones de pesos al umbral de los diez billones al cierre de 2017, lo que significó una cifra casi cinco veces más alta, aún más alta que el crecimiento del gasto público y del PIB.

Los relativos aumentos elevados del gasto público y de la deuda pública contrastan con el bajo crecimiento nominal del PIB, que en 2000 era 6.9 billones de pesos y en 2017 logró la cifra de 22.7 billones, resultando un aumento de un poco más de 2.5 veces. Los tres rubros se vieron, obviamente, afectados por el choque petrolero internacional y nacional. El externo por la gran caída en el precio del petróleo y el nacional por la baja sustancial en la extracción petrolera.

El choque petrolero afectó las finanzas públicas, cuya sostenibilidad siempre estuvo en riesgo, en virtud de que los ingresos petroleros extraordinarios conceptual y técnicamente no son “recurrentes” y porque la balanza petrolera nacional mostraba desde 2013 claramente su tendencia deficitaria. Hoy agravada por la elevada importación de gasolinas.

Comprensiblemente, menos exportaciones petroleras y mayores presiones sobre los ingresos públicos desataron una presión bajista sobre el PIB y una astringencia presupuestal, que seguirán estructuralmente manifestándose en los próximos años.  Además, el mayor gasto público y la deuda significaron una dinámica de afectación a la economía nacional, al restringir los recursos disponibles para el financiamiento privado. En este ambiente de bajo financiamiento, la reforma fiscal terminó transfiriendo recursos de las empresas y las familias a las arcas públicas.

Mientras más ingresos públicos hubo, los funcionarios de la hacienda pública más endeudaron al país, sin generar mayor crecimiento. Sin acuse de recibo, hoy nos toca pagar el costo de tal voracidad presupuestal e irresponsabilidad hacendaria.  Pronto veremos si otras imprudencias de gasto y deuda pública emergen con quien sea el candidato triunfador a la Presidencia de la República.

[1] SHCP. Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000. Disponible en: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2000/documentos/decreto/decreto_plano.htm#Articulo04

[2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PEF_2016_abro.pdf

[3] SHCP. Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (2000-2017). Disponible en: http://presto.hacienda.gob.mx/presto/files/system/mashlets/app_menu/index.html?param_lenguaje=1&param_tema=1&param_subtema=5#

[4] INEGI. Producto Interno Bruto a Precios de Mercado. Producto Interno Bruto trimestral, base 2013. Banco de Información Económica, Cuentas nacionales. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=102000340080

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

Un comentario

  1. juan Fernando Romero

    Excelente artículo y muy bien documentado. Es la clase de información que necesitamos los mexicanos y que se nos oculta o dispersa con la famosa transparencia presupuestal.

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Sobre Antonio Reyes

Antonio Reyes
Economista con diversos estudios de postgrado en Varsovia, Polonia; Manchester, UK; Berkeley, USA. Es Doctor en Finanzas por la Universidad de Strathclyde, Glasgow, Escocia, UK. Ha ocupado diversos cargos en el sector paraestatal del Gobierno Federal y trabajó en el Instituto de la Comunicación Educativa (ILCE) y el Senado de la República. Actualmente se desempeña como consultor y asociado a Dartmouth Research & Consulting, Boston, MA, USA.