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¿Es la democracia un juego?


viernes 9 de marzo de 2018

Aprender a convivir con reglas

Criminalizar la política equivale, si se me permite el símil, a asumir la actitud berrinchuda de un niño que decide abandonar el juego de mesa porque siente que va perdiendo o siente que no puede tomar ventaja al ritmo que quisiera. Pero no sólo lo abandona, sino que además toma el tablero y de un tirón acaba con todo y echa a volar las fichas y los dados por todas partes, sin importarle si los demás jugadores quieren o no seguir en la competencia.

Y no piense el lector que el símil está sobrado o que peca de simplismo, pues lo cierto es que la democracia en buena medida es un juego, es decir, una competencia reglamentada, con un instructivo que debe respetarse para que el juego discurra dentro de su propia lógica (avanzar, ganar, aventajar, premiar, castigar, etc.). Pero si alguno de los jugadores deja de seguir el instructivo y opta por jugar según sus propias reglas (haciendo trampa) o decide acabar con el juego de forma dramática y violenta, no hay remedio: el juego termina, y termina definitivamente.

¿Por qué decimos que la democracia e incluso la política misma es un juego? Hay en el alma del ser humano, en su naturaleza, en su cerebro, una especie de instinto básico de agresión que puede transformarse en violencia y destrucción. Instinto que proviene de nuestra parte animal. Por ello, la convivencia de los seres humanos nunca ha sido fácil. Desde tiempos inmemoriales las personas forman grupos gregarios que intentan convivir con cierta armonía estableciendo reglas de respeto, tolerancia y racionalidad en las que señalan los límites y, por ende, su transgresión y la posible pena para tal caso.

Gracias a esa capacidad de regular la convivencia y de establecer límites y consecuencias, el ser humano ha podido acotar campos que le permiten disolver y solucionar conflictos sin recurrir a la violencia irracional o bestial. Esos campos se denominan instituciones.

Instituciones acotadas por el Derecho son, por ejemplo, los parlamentos, los foros de discusión, los tribunales, los espacios de diálogo y negociación, arbitraje o conciliación de las partes. No nos referimos, obviamente, a los espacios físicos o sedes que ocupan esas instituciones, sino a los campos de resolución de conflictos, acotados mediante reglas para que se lleve ahí una discusión, un debate, un litigio o una deliberación.

Todas esas instituciones constituyen campos en los que tiene lugar la transformación de la violencia y del instinto predatorio del ser humano en un juego de posiciones, donde las armas se sustituyen por las razones (argumentos) y, el encuentro fatal, por un juego de desgaste.

El campo más amplio en el que se reúnen y regulan todos esos campos inhibitorios de la violencia se llama Estado, o de manera más clara aún: Estado de Derecho. Que no es otra cosa que un tablero o campo imaginado por el ser humano para que ahí convivan los seres humanos en supuesta paz, siempre conforme a las reglas del juego a las que se llama precisamente, Derecho.

Hay una actividad que el ser humano realiza en ese campo reglamentado o Estado de Derecho, que constituye sin duda el eje de muchas otras: la democracia.

Irracionalidad del Sistema Político

La democracia, según nuestra Constitución Política, es una forma de vida, consistente en mantener la convivencia bajo los límites de la racionalidad normativa y dentro del sentido de responsabilidad personal para que cada uno asuma el papel que le corresponda sin pretender interferir en el de los demás, salvo que deba hacerlo en razón de una causa extraordinaria.

Asimismo, de acuerdo a dicha Constitución, la democracia es una forma de acción política que consiste en que todos los ciudadanos se autogobiernen, ya sea tomando las resoluciones en asambleas (democracia directa) o delegando la facultad de tomar esas resoluciones en un conjunto de personas a las que corresponde el poder de dar y derogar leyes, personas a las que se elige por medio del voto universal en un proceso electoral que sigue unas reglas en un contexto de legalidad (democracia indirecta).

Como sabemos, el régimen político de México consiste (según la misma Constitución) en ser una república federal, democrática y representativa. Luego entonces, nuestro sistema político se acoge a los principios universales de toda democracia representativa: formación de partidos, procesos electorales, elecciones, votos, instituciones de escrutinio (Instituto Nacional Electoral o INE) y tribunales que dirimen las controversias.

Ése es el campo dentro del cual los mexicanos necesariamente debemos jugar. Hace años que decidimos abandonar el campo de batalla de la guerra o la violencia con fusiles, y ahora representamos esa batalla, pero sólo en su forma lúdica. Por ello la democracia es lo más parecido a un torneo, un juego de mesa o a una justa donde se aplican estrategias de guerra, pero trasladadas al campo de la política. Gracias a esas reglas los partidos y los candidatos saben cómo moverse, cómo fintar, cómo hacer campañas y conocen bien los límites de su actividad, pues están contenidos en un dispositivo normativo, que funciona como si fuera el instructivo de un juego.

En ese juego, el enemigo a muerte o enemigo personal (privado) se transforma en un adversario o enemigo público, y los ataques de unos y otros se afrontan, pero nunca deben traspasar los límites tácticos permitidos por la ley. Si lo hacen serán castigados legítimamente con multas, suspensiones, advertencias, prohibiciones y una serie de medidas previstas en las leyes que regulan el juego democrático.

Del juego político al odio antidemocrático

Debido a que el enemigo político no es enemigo privado ni personal, el odio no tiene cabida en el juego democrático. El odio es la antítesis de cualquier juego. El que odia no juega; el que odia golpea para destruir; enfrenta un duelo para exterminar. El odio no produce juegos de suma cero, sino guerras en las que uno tiene que morir para que el otro viva, pues los odiantes consideran que no caben ellos y sus enemigos en el mismo campo o tablero ni, quizá, en el mismo planeta. Por ello, el odio impide la vida política y no hace posible la democracia. El que odia no sabe jugar, no quiere jugar, no le gusta jugar. Por ello cuando parece que el odiante entra al juego, no tarda mucho para recurrir a la trampa vil, al engaño severo o violencia en detrimento de los demás jugadores, o a la desnaturalización del juego, la cual tiene lugar cuando uno de los jugadores no sabe perder y recurre a otras lógicas de competencia diversas a “la lógica del juego”, en el que necesariamente unos pierden y otros ganan. Por ello, como bien afirma Moisés Naím, la criminalización de los rivales es una táctica común de políticos autócratas (Naím, El populismo: manual para usuarios, El País, 2017) y no de políticos que saben jugar, y que se atienen a las reglas aceptando su triunfo o su derrota.

Hay datos para demostrar que, en países como Rusia, Turquía, Venezuela, Cuba o Nicaragua, por ejemplo, las amenazas contra los líderes de los partidos de oposición no se quedan en eslóganes.

Criminalizar al contendiente político acusándolo de delitos que no ha cometido o amenazándolo con la cárcel o, peor aún, como lo ha hecho el dictador Maduro en Venezuela o como lo hizo Castro por años, encarcelando a quienes no estén de acuerdo con sus ideas siempre termina mal, es la negación del juego democrático. Así que, por mucho que algunos líderes políticos levanten la bandera del aparente bien público y en su nombre destruyan el tablero del juego democrático, acudiendo a tácticas de criminalización, en realidad son enemigos y destructores de la democracia. Por ello debemos estar atentos para que nadie rompa el juego, para que se cumplan sus reglas y para que todo proceso, como el electoral que vive -o padece- México, entre otros países, no salga de ese campo acotado cuya finalidad, no lo olvidemos, es jugar un juego llamado democracia.

Acción social, Carlos Requena

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

Un comentario

  1. Todo lo que ha dicho lo sabemos, esto no es nuevo, se refiere a toda la estructura positivista cuya punta del icberg es la economía solapada por el derecho. ¿Por que criticar casos que no corresponden al positivismo? ¿por qué no ser autocrítico con este sistema positivista que está colapsando? ¿Sabes que defiendes una utopía tan grande como el materialismo histórico y que sin embargo es convertida en realidad con una desigualdad social jamás antes vista ni en la época de las cavernas? Autocrítica señor primero ya después habla todas las tonterías que quieras

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Sobre Carlos Requena

Carlos Requena
Abogado Penalista, experto en Responsabilidad Penal de Empresa y Compliance Penal. Promotor de #LeyesParaTuBien y #PorLaLibertadMx. Articulista de la columna #DerechoReservado. Miembro de la International Bar Association. Profesor de Derecho Penal en la Universidad Panamericana. Cuenta con estudios en Criminología; Human and Civil Rights; y Crisis Managment & Bussines Continuity en MIT.