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Espionaje a fuego cruzado

Gobernador de Nayarit y Secretario de Gobernación

Carlos Rodríguez Ulloa


Orden al caos

El Gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.

viernes 23 de febrero de 2018

In memoriam de Alfonso Hernández y Octavio Martínez (PGR-SEIDO).

En contraste de la gran indiferencia colectiva, el pasado 20 de febrero Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, escribió en su cuenta de Twitter: “Expreso mi más sentido pésame a la @PGR y a los familiares de los agentes secuestrados y asesinados brutalmente en Nayarit. Pagaron el precio más alto por preservar #EstadoDeDerecho y ayudar a hacernos más seguros #JusticiaParaEllos.”[1]

El 18 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió el comunicado 130/18 en el que informa que: “derivado de los estudios de genética forense realizados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) (…) se logró determinar que los cuerpos localizados en Xalisco, Nayarit pertenecen a los agentes de la institución que desaparecieron el pasado 5 de febrero. (…)

La Procuraduría General de la República lamenta y condena este terrible hecho,  y expresa su solidaridad con el sentir de las familias.

La PGR en coordinación con otras instituciones de seguridad del Gobierno de la República, continúa con los trabajos para dar con los posibles responsables de este deplorable suceso.”[2]

Las condolencias de la embajadora Jacobson y la PGR se refieren a Alfonso Hernández Villavicencio de 28 años y Octavio Martínez Quiroz de 26, agentes de inteligencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO-PGR), cuyos cuerpos se localizaron sin vida el 15 de febrero en Xalisco, Nayarit, después de ser secuestrados el 5 de febrero y saltar a la agenda nacional el 11 al difundirse un video donde, al más puro estilo de propaganda terrorista, miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) les obligan a leer un comunicado en el que acusan a funcionarios del gobierno federal de atrocidades contra la población civil.

Al parecer ambos jóvenes funcionarios del Estado mexicano asistieron a un evento privado en Bahía de Banderas, Nayarit, el 5 de febrero y durante el traslado fueron secuestrados por el CJNG que debía tener información de las actividades profesionales y la asistencia de los funcionarios al evento, además del vehículo y la hora por donde pasaría. Estamos ante las trágicas consecuencia de una significativa fuga de información completada por un extensivo conocimiento y capacidad operativa en el terreno del grupo delictivo en detrimento del Estado mexicano.

Una segunda postal se dio el pasado martes 13 de febrero, cuando el precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, publicó en sus redes sociales que Durante los últimos días me han estado siguiendo. Hoy es un Tilda. Hace unos días, un Jeep. Uno de los conductores confesó ser del CISEN. En lugar de perseguir delincuentes, espían opositores. Por eso estamos como estamos. Le exijo al gobierno una explicación.” El mensaje fue acompañado de un video donde el precandidato “hábilmente” se da cuenta de que un auto lo sigue y le dice a su equipo que se estacione para increpar al conductor quién francamente se identifica como agente del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional).

En respuesta a dicha exigencia de explicación, el Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida declaró en conferencia de prensa que no es “un asunto clandestino, ilegal (sino que era parte del) seguimiento de las actividades públicas de precandidatos y candidatos, que forman parte del análisis cotidiano que históricamente hace el CISEN”. Subrayando que las autoridades del gobierno de Veracruz estaban enteradas del seguimiento porque fue producto de un acuerdo.

Convenientemente para el político, el video se hizo público dos días después de haberse suscitado el evento y apenas un día después de iniciarse el periodo de intercampaña donde los aspirantes presidenciales no pueden realizar proselitismo de manera pública. Es decir, que esta “denuncia” fue mucho más una maniobra política para llamar la atención pública mediante la supuesta victimización que una afrenta o amedrentamiento a sus actividades políticas, atención que se dio a costa de la credibilidad del órgano de inteligencia civil.

Éstas son algunas de las amenazas reales que enfrentan diariamente miles de profesionales de la seguridad en México (policías, soldados, marinos y agentes de inteligencia). Por un lado, enfrentan a grupos delictivos que son una verdadera amenaza para su integridad física y la de sus seres queridos; y por otro, enfrentan un desdén de parte de los actores políticos que mientras están en el gobierno utilizan a las instituciones de seguridad con fines inmediatos y de grupo, pero cuando están en la oposición no dudan en hacer circo y escarnio de las mismas instituciones en aras de ensalzar su imagen. Un verdadero fuego cruzado.

Estos dos acontecimientos, la muerte de jóvenes funcionarios y el escarnio público tanto de otro funcionario como del órgano de inteligencia civil, se enmarcan en una desafortunada paradoja, ya que mientras la sociedad reclama a las autoridades mayores niveles de seguridad ante los años más violentos en los últimos tiempos, hay una distancia y desconocimiento del funcionamiento de los organismos de seguridad e inteligencia que no ayuda a la contención de la violencia.

Esta distancia se manifiesta en el desinterés de los actores políticos por la muerte de dos representantes del Estado mexicano y, peor aún, en la falta de propuestas serias de los candidatos presidenciales para recuperar la seguridad perdida. Mientras la responsabilidad de los actores políticos no sea debidamente asumida, la sociedad y los agentes de seguridad seguirán siendo las víctimas de este fuego cruzado.

[1] http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2018-02-20/roberta-jacobson-pide-justicia-agentes-asesinados-nayarit/

[2] https://www.gob.mx/pgr/es/prensa/comunicado-130-18-la-procuraduria-general-de-la-republica-informa?idiom=es

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

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Sobre Carlos Rodríguez Ulloa

Carlos Rodríguez Ulloa
Consultor independiente de seguridad e inteligencia. Miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE: www.casede.org). Maestro y Candidato a Doctor en Ciencia Política y Administración Pública por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM). Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos y de Defensa (CHDS) en Washington D.C. y beneficiario del Global Consortium for Security Transformation (GCST), FLACSO-Chile. Asistente de investigación en el Woodrow Wilson International Center for Scholars y en el Institute for National Strategic Studies de la National Defense University, Washington, D.C. (INSS-NDU).