La condena a la memoria

La damnatio memoriae, locución latina que puede ser traducida literalmente como “el daño a la memoria”, constituyó la condena a los actos de los malos gobernantes en la antigua Roma. Era una práctica en la que el Senado intervenía para proclamar, después de la muerte de algún personaje o emperador, que el nombre del mismo debía caer en el olvido, borrando toda huella o vestigio de su persona. En aquél tiempo era común que, además del secuestro de sus bienes, se borrara cualquier signo que pudiera recordarlo. Sus nombres y sus efigies eran suprimidos de estatuas, monedas, documentos, vías, palacios y todo cuanto hiciese alusión a ellos. Célebres emperadores ‒Nerón, Calígula, Domiciano y muchos más‒ fueron objeto de esta sanción, y tal vez se les recuerde aún más por ello, pues es difícil anular de la historia a quienes condujeron a uno de los imperios más poderosos de la Antigüedad, no obstante, los crímenes cometidos durante sus mandatos. Además, la sanción tenía como propósito dejar constancia de los hechos abominados para impresionar y un claro testimonio y ejemplo al pueblo.

Los sedimentos de aquella práctica no han desaparecido. De hecho, a través de toda la historia de la humanidad se han condenado de diversas maneras a los dictadores, déspotas, criminales y tiranos que ha habido en el mundo. Así, desde los Atilas, Tamerlanes y demás depredadores de los derechos de los humanos, hasta arribar a genocidas como Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, Augusto Pinochet, y todos los que la memoria histórica del lector guste agregar, seguirán siendo repudiados de diversos modos por sus actos perversos que lastimaron la conciencia humana.

México no ha sido ajeno en su devenir político y social a este pretérito hecho. Desde los genocidios perpetrados por los conquistadores españoles, en su afán de codicia y la de imponer sus creencias religiosas y diferente sistema económico, hasta la etapa de gobiernos independentistas en las que se registran los nombres de Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa Anna, Maximiliano de Habsburgo, por sólo citar los más relevantes; y posteriormente la del dictador Porfirio Díaz, cuyos restos  mortales reposan aún en Francia, a pesar de varias propuestas de sus admiradores por traerlo a México. Ya en el siglo XX es inevitable consignar al General Victoriano Huerta, autor de los crímenes nefandos del Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

En el periodo de la modernidad no escaparon a la damnatio memorie presidentes de México como Miguel Alemán Valdés, cuya efigie colocada en la Ciudad Universitaria de la capital, fue dinamitada por dos ocasiones; José López Portillo, cuya magnífica estatua ecuestre ubicada en Escobedo, Nuevo León, fue removida y ocultada en alguna oscura bodega, y la dañada por cientos de personas erigida a Vicente Fox, en Boca del Río, Veracruz. Todo lo cual nos lleva a proponer que se integre una comisión, elegida democráticamente por ciudadanos distinguidos y legisladores, para que haga una revisión a fondo y dictamine la eliminación de nombres de personajes que indebidamente ostentan calles, parques, viaductos, edificios, estatuas y obras de diversa índole en todo el territorio nacional, y de esta manera depurar nuestra vida cívica y social al poner a cada uno en su lugar. Esto resulta así porque no es ético ni moralmente adecuado colocar al lado de asesinos y ladrones, a los héroes y líderes auténticos de esta nación. Aprendamos de la historia, que debe ser guía de nuestra vida individual y colectiva. En caso contrario, el olvido nos condenará a nosotros.