La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) ha generado una dosis de incertidumbre adicional –inesperada en gran medida– sobre un escenario económico de por sí complicado.
Difícilmente podría ser diferente, considerando obras con una tercera parte de avance y con el 70% de los requerimientos financieros asegurados y aportados por el sector privado. El grado de extrañamiento por la decisión también se explica por el precedente de que se había aceptado que, en última instancia, el proyecto de Texcoco podía completarse si se financiaba en su totalidad sin que se usaran recursos públicos.
En cambio, se optó por una alternativa que quizá tenga racionalidad política, según los objetivos y necesidades de quienes en breve estarán al frente del gobierno federal, pero no una lógica económica evidente, cuando se había mostrado que el costo de cancelación era cerca de 100 mil millones contra 88 mil millones de pesos para terminar la obra.
Desde luego, no por ello habría una crisis inminente: la valuación del proyecto ronda los 13 mil millones de dólares; la economía nacional, 1.1 billones de dólares. Sin embargo, hay y habrá efectos importantes en el corto plazo y difícil de medirse en el mediano y el largo.
Costos para el gobierno federal, los inversionistas y el país, incluyendo el de oportunidad, al no contar con un hub logístico de clase mundial: un gran aeropuerto para la gran Ciudad de México. Asimismo, fracturas en la confianza con el sector privado nacional e internacional que es preciso remediar.
Expectativas y volatilidad
Ya previo a la decisión sobre el NAICM se perfilaba un comienzo sexenal complicado. Así se vislumbraba en la encuesta de Banxico a Especialistas del Sector Privado de octubre.
La estimación de crecimiento en 2018 bajó de 2.13 a 2.12%, y para 2019, de 2.17 a 2.15%. La inflación quedó en 4.6% para 2018 y 3.7% para 2019. El tipo de cambio, en 19.10 al cierre de este año y 18.97 para el siguiente. La IED esperada se recortó de 27,750 a 26,730 millones de dólares en 2018 y de 28,000 a 26,730 millones en 2019.
Llama la atención que, a diferencia de la tónica de años recientes, los especialistas consultados colocaron como principal limitante para el crecimiento la gobernanza, debido a la incertidumbre política interna.
Tras la decisión del aeropuerto, otros ejercicios de análisis y prospectiva han mostrado un deterioro en los pronósticos, como es el caso de la encuesta de Citibanamex a economistas de instituciones privadas. De entrada, prevén que la tasa de interés de referencia se ubicaría en 8% al cierre de este año, contra el 7.75% de la edición previa. En su escenario, los efectos, aunque se moderaron, sí se reflejan en el mercado de dinero.
En espera del Paquete Económico
Un punto fundamental para tener mayor claridad, generar certidumbre e incentivar la inversión y las actividades productivas serán la Ley de Ingresos y el Presupuesto Federal que se presenten en los próximos días.
Se ha adelantado que el Presupuesto está prácticamente listo, en lo general, y que contemplará alrededor de 324 mil millones de pesos para los programas y proyectos prioritarios del próximo gobierno, de acuerdo con lo prometido en campaña.
Asimismo, se ratificó el compromiso con el equilibrio macroeconómico: que no se gastará más de lo recaudado. Ese balance, y el que cuadren las cifras en ese sentido, es fundamental, en un entorno de mercados de alta sensibilidad.
De cualquier modo, se presentan condiciones complejas en el panorama que no pueden ignorarse para efectos de diagnóstico y planeación, tanto para el gobierno como para las empresas y los ciudadanos, en general.
Resumo 5 retos muy claros sobre desafíos y riesgos en el 2019.
- Por descontado, las políticas monetaria y fiscal apuntan a la restricción.
En materia monetaria, sobre todo por el escenario internacional de alza en las tasas de interés en el mundo y la fortaleza del dólar.
En el plano fiscal, además del costo financiero de la deuda, el nivel persistente de ésta y su presión sobre el balance público, destacan los planes de ahorros y recortes que el próximo gobierno piensa llevar a cabo, en contraposición con la presión de las nuevas inversiones y gastos que han prometido.
Como mencionamos, se ha reiterado la intención de tener un superávit primario, con una profunda revisión del gasto. Sin embargo, al mismo tiempo se alista el arranque de una serie proyectos con un costo importante, como “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Pensión Universal para Adultos Mayores”, Tren Maya, refinería y siembra de árboles.
La cancelación del NAIM seguramente generará cargas presupuestales adicionales y quedan en el aire otras posibles para el mediano y largo plazos: la intención de descentralizar al gobierno o la idea dejar de exportar petróleo para refinar toda la producción en México, lo que pondría en aprietos el servicio de la deuda de Pemex y del gobierno en dólares.
De ser el caso, subiría el costo de producir gasolina, mientras que se ha considerado bajar el IEPS en la materia y el regreso de subsidios y precios de garantía. Al mismo tiempo, podría reducirse drásticamente la recaudación del IVA y el ISR en la zona fronteriza, por la zona franca prometida.
- Todo esto se da en coincidencia con la lentitud con que generalmente se mueve la inversión y el gasto en general del sector público en todo inicio sexenal, por la curva de aprendizaje de los nuevos equipos.
Ahora se añade que muchos equipos experimentados de la administración pública podrían desintegrarse, por las nuevas condiciones salariales y de prestaciones. Además, políticas administrativas anunciadas, como la centralización de compras y contrataciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podría retrasar aún más el ejercicio del gasto y la inversión pública y repercutir en la privada.
- La incertidumbre y espera que, en general, mantiene la iniciativa privada ante el inicio de todo sexenio para el desarrollo de inversiones y nuevos proyectos, podría aumentar o alargarse esta vez con elementos en los que aún no hay claridad.
Existen dudas sobre la continuidad e integridad de la reforma energética y el sector, con inversiones privadas contempladas por 200 mil millones de dólares. Asimismo, se reducen más las opciones si se anulan oportunidades como la extracción no convencional (shale y fracking), donde radican las mayores reservas con que cuenta el país, entre otras cosas, para comenzar a reducir la dependencia del gas de Estados Unidos.
- La cancelación del aeropuerto exacerba estos retos e incertidumbre.
Implica “enterrar” una cantidad enorme de recursos ya invertidos y crear costos adicionales en la indemnización de contratos y bonos. Presiona las calificaciones de la deuda y, con ello, las tasas de interés.
El NAIM pudo haberse completado con 100% de capital privado; ahora es altamente probable que haya que destinar más dinero del erario para la cancelación y la alternativa Santa Lucía-Toluca-AICMX. Todo esto sobre un impacto directo en la actividad económica (46 mil empleos).
- Mientras tanto, crece la preocupación en el mundo por una desaceleración de la economía mundial, con una cada vez más probable recesión en E.E.U.U. en 2020 o incluso en 2019. Son muchas las variables que inciden en ese sentido:
La Reserva Federal continuará con el alza de su tasa de referencia, en su política de “normalización monetaria”: se esperan hasta 100 puntos base. Si suben las presiones inflacionarias en Estados Unidos, podría ser más.
En el entorno también generan gran incertidumbre asuntos como las guerras comerciales, (especialmente la que se da entre Estados Unidos y China); problemas fiscales persistentes en países de la Unión Europea o en emergentes por la misma alza en las tasas y fortaleza del dólar (Italia, Argentina, Brasil, Turquía, Sudáfrica, etc.); una eventual mayor desaceleración en China.
Aunque hay un acuerdo sobre el T-MEC, el talante errático y la discrecionalidad que caracteriza al gobierno de Trump, difícilmente dejarán de generar inestabilidad.
Además de estos factores económicos, el escenario político y social en México presenta enormes desafíos y disyuntivas: desde el camino que se siga contra la inseguridad y la corrupción, hasta la estabilidad laboral.
En este panorama, resulta fundamental fortalecer la certidumbre para la inversión y restablecer la confianza entre el gobierno y el sector privado. Se requiere de la conjunción de ambos para generar y mantener condiciones y sinergias de inversión, productividad, competitividad, crecimiento y creación de empleos.
El desarrollo institucional, la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, es determinante para asegurar el entorno propicio para el emprendimiento, la inversión y la actividad productiva en general.