Latinobarómetro publicó la semana pasada su informe 2017, el cual confirma lo que ya es sabido: América Latina no es fanática de la democracia, pero la ciudadanía y el gobierno de México lo son mucho menos. Lo interesante son algunas de las causas.
La serie 1995-2017 de la encuestadora deja ver que Uruguay es el campeón de la conciencia y apoyo ciudadano a su democracia con rangos que van de 70% a 80% durante ese periodo; los costarricenses también destacan, lo mismo que el apoyo ciudadano a la democracia en Ecuador, que brincó, a partir de 2006, durante el gobierno de Correa, de niveles de 40% al 69% actual.
Son casos con los que contrasta el compromiso de los mexicanos y su gobierno con la democracia. Fluctuante alrededor del 50%, entró en franco declive desde el 2007, quizás por el descabezamiento del Instituto Federal Electoral, para ubicarse este 2017 en apenas 38%.
El caso es que de los 18 países bien encuestados por Latinobarómetro (más de 4000 entrevistas en México), sólo Guatemala, Honduras y El Salvador tienen rangos menores de apoyo ciudadano a la democracia.
La encuestadora sostiene que son los factores políticos y no los económicos los que afectan la caída de esos indicadores; en otras palabras, los buenos y malos gobiernos, y los partidos políticos, son los principales responsables del alto o bajo compromiso con la democracia y del deterioro cultural y político de una parte de la sociedad.
Entre las causas del bajo aprecio por el imperio de la ley como garantía de las libertades individuales, Latinobarómetro destaca la “percepción de que se gobierna para los intereses de unos pocos”.
En el caso específico de nuestro país, 90% de los encuestados respondió que México se gobierna para los poderosos; la pregunta fue: “¿diría usted que México está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo?”. Nueve de cada diez mexicanos sienten desdén del gobierno.
De ese distanciamiento se desprenden múltiples consecuencias, ninguna buena, en actitudes ciudadanas que dejan ver no sólo insatisfacción con la democracia sino menosprecio por lo que le es esencial.
Una de esas actitudes es el desprecio por las normas de convivencia, las que deben limitar a la autoridad a lo que le está permitido y liberar a cada persona para hacer todo lo que no esté prohibido por la ley.
Entre octubre y noviembre de 2014 la UNAM levantó una serie de 25 encuestas nacionales (Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 26 tomos, UNAM, 2015) según las cuales, 44% de los mexicanos piensa que un líder fuerte puede hacer más por el país que todas las leyes; 27% considera que las autoridades deben romper las leyes con tal de aplicar justicia e inclusive, está de acuerdo en que las policías y el ejército maten a miembros de la delincuencia organizada en vez de sólo presentarlos a la justicia.
Para millones de mexicanos, la idea de convivencia se ha transformado en lucha de sobrevivencia.
Afortunadamente son índices todavía minoritarios que sólo evitarán que sigan creciendo una sociedad civil en la que predominen la sensatez y la tolerancia, y el rescate del orden institucional, tanto del desdén del propio gobierno como de la desconfianza ciudadana.