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Preocupante la baja inversión pública

baja inversión

Guillermo Knochenhauer


Contracorriente

Imagen: Freepik.

viernes 20 de septiembre de 2019

Dando por buena la posibilidad de solventar el gasto público sin aumentar impuestos ni el endeudamiento del país, sino mejorando la recaudación y elevando la extracción de petróleo con participación privada, es momento de concentrar la discusión sobre el paquete económico 2020 en la disminución del gasto en inversión física y en fomento productivo que propone la Secretaría de Hacienda.

El paquete privilegia el gasto social, pero hacerle llegar más dinero a los pobres sin el acompañamiento de inversiones y apoyos a sus actividades productivas, reduce todo a acciones meramente asistencialistas.

Ése es el claro riesgo que se corre en el sector rural.

Los programas de impacto productivo que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) tendrían, si los diputados no cambian la propuesta, una reducción presupuestal de 29.3 por ciento con respecto a los 65,434.9 millones de pesos de este año.

Reducción de infraestructura.

Ilustración: Nexos.

Desaparecerían 20 programas y otros quedarían en la inopia; con seguridad, esos programas han favorecido a las grandes unidades agropecuarias y se han usado para atraer clientelas políticas; sin duda hay que rediseñarlos, pero no desparecerlos porque el apoyo de gobierno es indispensable para el desarrollo tecnológico agrícola y su difusión, para el mejoramiento de suelos y del uso del agua, para el acceso de los campesinos pobres al financiamiento, y para mucho más.

¿Cómo espera el gobierno que Segalmex, el organismo responsable de “impulsar la productividad y contribuir al logro de la autosuficiencia alimentaria (en maíz, arroz, trigo panificable, frijol y leche fresca) a través del apoyo a pequeños y medianos productores”, tenga éxito con sólo llevar un poco más dinero a los pequeños productores?

El apoyo a los pequeños y medianos productores a que se alude, son los precios de garantía por encima de los de mercado, pagaderos solamente a campesinos en pequeño, y la entrega a los mismos de 1,600 pesos por hectárea.

Por ejemplo, campesinos que cultivan hasta 5 hectáreas de maíz, en temporal, apenas cosechan entre 1 y dos toneladas al año; si las venden por mediación de Segalmex, reciben 5,610 pesos por tonelada, en vez de los 3,400 a 3,800 pesos que paga el mercado; también se les entregan 1,600 pesos por hectárea que cultiven.

Agricultor.

Imagen: Pinterest.

En el óptimo de los casos –dos toneladas y cinco hectáreas– la familia rural recibe 28 mil pesos de subsidio al año.

Esos subsidios elevan el ingreso de quienes ofrecen algo de su escasa producción a la venta, pero sin crédito, ni canales permanentes de comercialización, ni otros servicios e infraestructura necesarios, no pueden servir para mejorar las prácticas productivas, además de que en la pobreza hay urgencias, como mejorar la compra de alimentos en el mercado o pagar deudas con los agiotistas, o hacerle mejoras a su casa.

Es demasiado suponer que la elevación subsidiada de sus escasos ingresos la aplicarán los campesinos a rehabilitar suelos, canalizar el agua, a comprar semillas certificadas y agroquímicos en fórmulas adecuadas a cada región.

Si de lo que se trata es de aprovechar el potencial de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias para elevar la seguridad alimentaria del país, según la declaración de la política rural, el gobierno federal y los estatales tienen que hacerse cargo de acciones de impacto productivo que el presupuesto 2020 no contempla.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.

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Sobre Guillermo Knochenhauer

Guillermo Knochenhauer
Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Egresado del Programa Avanzado en Dirección de Entidades Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública. Miembro del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado de Morelos, e integrante del Comité Técnico para la evaluación de programas sociales. Escribe en el periódico El Financiero desde el 2002. En el sector público fue Director General de Comunicación Social del Sistema Alimentario Mexicano (1980-1982); Coordinador de Asesores del Subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (1983-1984); Director de Planeación del Sistema de Distribuidoras Conasupo y Director de Empresas Industriales y Comerciales de Conasupo (1988-1991); Coordinador de Asesores de la Dirección General de Banrural (1991-1994); y Coordinador de Asesores del Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT (2001-2003). Fue productor y conductor del programa radiofónico “Sembrando Juntos en XEX” de Radiópolis/Televisa y de su réplica a través del Sistema Morelense de Radio y Televisión. Dirigió la revista Análisis XXI, mensuario de economía/política. Autor del libro Organizaciones Campesinas, Hablan Diez Dirigentes y co-autor de diversos libros, entre los que destacan: México Hoy, Por una Nueva Política Alimentaria, y El Sector Social de la Economía, una Opción ante la Crisis. También ha escrito decenas de ensayos, publicados en revistas como Comercio Exterior, Nexos, Este País, Quorum, Revista Mexicana de Ciencia Política.