En estos días me encuentro en la Argentina, compartiendo con colegas del empresariado y de la academia temas de interés regional. Curiosamente, percibo que se vive una ilusión por el advenimiento de tiempos mejores por la atracción de capitales extranjeros que empujen las inversiones en esta región austral de manera importante, en relación a las décadas anteriores.
Pero lo que nos mata en Latinoamérica es el mismo veneno. La falta del Estado de derecho. Los jueces aquí y allá tienen el mismo pasivo. Cobrar un sueldo que, en justicia, no han devengado. Esto, finalmente produce una corrosión social y envenena toda la estructura.
Como por un tema de novela, durante más de 8 días, el submarino tipo TR-1700 que sirve en la Armada Argentina desde 1985 bajo el nombre ARA San Juan, no ha podido ser localizado. Este submarino de propulsión diésel-eléctrica convencional concebido para ataques contra fuerzas de superficie, submarinos, tráfico mercante y operaciones de minado, iba en dirección a Mar del Plata, con 44 tripulantes, y finalmente el 23 de noviembre un vocero de la Armada informó en conferencia de prensa que se había registrado una implosión en la zona en la que el submarino fue detectado por última vez. Luego de ello, ni el gobierno, ni la Armada han hecho mención explícita de la suerte corrida por el submarino, pero los familiares de los tripulantes salieron de la reunión afirmando que el submarino se había hundido y todos habían muerto y el mismo presidente Macri mencionó que harían todo por llegar a sus últimas consecuencias.
En tanto, en la zona permanecen 20 buques militares ‒seis realizando un barrido de fondo‒, 7 embarcaciones científicas, 5 aeronaves y un satélite de Argentina y otros 12 países. Pero lo que más importa de encontrarlo es el trabajo forense para saber cuál fue la razón que puede ir de lo más inverosímil, hasta un tema de un problema de mantenimiento cuando la misma armada ha estado recibiendo cantidades importantes en sus presupuestos para este tipo de labores.
No dejo de admirarme que, así como pasó esto, hace 4 meses sucedió también otro hecho inédito. La desaparición de un avión que por más de una semana estuvo desaparecido y nadie lo encontraba, hasta que vieron que estaba en las márgenes del río Iguazú frontera con Paraguay, y donde se especuló de todo, hasta de la influencia del narco, pero igual que en este caso, no se supo de nada.
Quizá como es el caso del submarino, y por un tema numérico, me pregunta mi interlocutora si supimos finalmente en México qué paso con los 43 muertos de Ayotzinapa, si finalmente habían sido los narcos o el ejército mexicano, donde expertos de la misma justicia argentina, peritos forenses, habían participado.
Todo esto, acompañado de la impunidad, muestra que en la procuración de justicia sólo 20% del total de los casos es resuelto por nuestra Procuraduría, la cual además se encuentra huérfana al no tener todavía a un titular, que manda con esto otra señal de la poca importancia que le representa el tema.
O los feminicidios que se siguen presentando con una terrible frecuencia, como el de la estudiante (Karen Esquivel de 19 años) y una trabajadora (Adriana Hernández de 52 años), quienes han aparecido muertas dentro de dos maletas en el Estado de México, en Naucalpan. No se sabe si hay relación en estos hechos, y sólo gracias a los familiares es que seguramente seguirán en la búsqueda de saber quién fue el cupable.
O los casos de Monica Liliana Delgado, de 18 años, que estuvo once meses desaparecida y finalmente apareció asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sólo como dato de referencia, la base de datos del Colegio de la Frontera Norte tiene registro de 499 feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1993 a 2007, mientras que de 2008 a la fecha se documentan cerca de 1,720 casos en este lugar. Julia Monárrez Fragoso, profesora e investigadora de este Colegio, denuncia que el que no se aplique la ley es una carta abierta para que se sigan cometiendo estos delitos.
Paradójicamente, también ha sido el último Estado del país en establecer en su marco penal este delito. Apenas el pasado 12 de septiembre se aprobaron estos cambios en el Código Penal. Con la Reforma se castiga con una pena de 30 a 60 años de prisión a quien mate a una mujer por razones de género. Una victoria legal y simbólica. No obstante, para que rinda frutos, la misma investigadora advierte que este cambio jurídico implica otros desafíos: la formación de jueces, fiscales, forenses, ministerios públicos y policías con un enfoque de género.
Creo que lo triste de estos ambientes de seguridad, es que la procuración de justicia tiene un cáncer que pudiera ser irrevertible o que su tratamiento puede llevar años. Asimismo, sin que sea una excusa, pero con una situación económica de marginación, se complica mucho ayudar a aquellos ciudadanos que pudieran tener una mística diferente. Todos en México tenemos precio. Ya sea en estados ricos como Nuevo León o pobres como en Guerrero, hay una cuota por matar a un ser humano, y créame que son cuotas mínimas para algo que pudiéramos considerar tan grave como es quitarle la vida a alguien.
Pero esto que es aparentemente grave, se puede ver en homicidios o magnicidios de otra naturaleza. Imagínense que volviendo al caso argentino, me enseñan documentación de cómo la gente que estuvo organizando la recolección de bienes y apoyos durante la guerra de las Malvinas, finalmente dispuso de estos bienes y jamás llegaron a sus destinatarios. ¿Le suena común? ¿Así nos sucedería con recursos del sismo? O ¿de algunas otras catástrofes o desastres donde los bienes van destinados a salvar muchas veces vidas humanas? Si esas cosas pasan, si los recursos que van a destinarse a una obra civil son corrompidos y sucede un “socavón”, si colapsan las estructuras por falta de cumplimiento con las especificaciones o por falta de mantenimiento, ¿no es eso también un homicidio? Quizá el tema es la saña, pero en la conciencia no creo que haya mucha diferencia.
Como dice la esposa de uno de los fallecidos en el trágico accidente del submarino, lo que mata no es el suceso, sino el hecho de no saber qué fue lo que ocurrió, el desasosiego de conocer que nunca se sabrá cuál es la razón del accidente (o del delito) y, finalmente, lo peor de todo, que el “asesino” quede impune.
P.S. En memoria de Adolfo Lagos Espinosa; los causantes de su muerte seguramente serán sujetos a una pena mínima por parte de nuestras leyes.