El desastre como oportunidad de maduración

La resiliencia es una adaptación positiva ante la adversidad.

Suniya Luthar.

Del sismo del 19 de septiembre de 1985, México obtuvo dos grandes lecciones: abrazar la cultura de la protección civil y asumir, queriendo o no, la apertura del sistema político.

El espíritu solidario del pueblo mexicano quedó demostrado hace 32 años, pero no contábamos con la organización institucional y social requeridas. Hoy, México es reconocido por la Global Platform for Disaster Risk Reduction (ONU), dada su efectividad frente a tales eventualidades.

A manera de maleficio, también un 19 de septiembre este año un terremoto en la capital ha cobrado cerca de 200 vidas, número significativamente menor a las víctimas mortales del 85, calculado en 10 mil y casi otro tanto de desaparecidos; los números exactos jamás podrán conocerse.

Se puede afirmar que, entre ambos sismos, los efectos fueron muy diferentes: de las estructuras se colapsó 1% respecto a las de hace tres décadas; en cuanto a construcciones dañadas, en el 85 fueron 68 mil, mientras que hasta ahora se han contado cuatro mil.

La respuesta de la sociedad fue espontánea e inmediata en ambos sucesos, sin embargo, en el primer 19 de septiembre hubo que improvisar, ni sociedad ni gobierno estábamos preparados; en este 19 de septiembre, la reacción fue inmediata: las instituciones públicas prontamente se sumaron a acompañar a la joven sociedad en las labores de rescate, atención a damnificados, evaluación de daños y tareas de mitigación, con la utilización positiva de las nuevas tecnologías. Hoy se regularizó 98% del servicio eléctrico en menos de 24 horas; en el cataclismo anterior, después de ocho días, apenas 38%; algo similar aconteció con otros servicios. No obstante, las vicisitudes, el auxilio está y seguirá presente.

Todo esto no es casual. Después de 1985 se conformó una política pública de Protección Civil en todo el territorio nacional, a la que se dotó de organización, recursos y capacidad social y humana, desde los individuos, familias, escuelas hasta las instituciones en los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, se emitió un nuevo reglamento de construcción para el Distrito Federal, observado en términos generales, salvo en los casos de indolencia y corrupción que están emergiendo.

Independientemente de afirmaciones irresponsables en la Red, la organización social y las autoridades han logrado coordinarse para las acciones inmediatas; se empieza a planear el resarcimiento tanto en la Ciudad de México, como en los lugares afectados en otros Estados desde el 7 de septiembre.

Esta conexión entre la ciudadanía y el gobierno debe mantenerse para garantizar el futuro de la ciudad y del país. De lo aprendido en 1985 y con la experiencia de 2017, estamos ante la oportunidad de encauzar la iniciativa social desde la sociedad misma, no manipulada, evitar que quede a merced del populismo; aprovechar los liderazgos manifiestos ante el siniestro y legitimados en su desempeño. Se trata de unir no de enfrentar, de aceptar la responsabilidad de cada actor en el espacio público. Es cierto que la sociedad civil no gobierna, sino critica, exige, demanda, pero también es verdad que colabora al ser portadora de una responsabilidad social.

Los partidos políticos deben entender que no son gobierno, sino organizaciones de interés público, interlocutores, canalizadores de demandas y necesidades auténticas, responsables de formar conciencias colectivas, proponer mejoras a las relaciones intercomunitarias; en suma, construir ciudadanía. Para ello tienen que alejarse de la banalidad, abandonar la soberbia y recuperar la visión e inteligencia que se espera de ellos en la responsabilidad de representación que les asigna la Constitución. En el momento actual ningún partido se salva de estar en la lona: los noqueó el terremoto evidenciando su falta de sensibilidad y oficio.

Las instituciones gubernamentales deben coordinarse en los tres ámbitos de gobierno con líneas de interacción congruentes. Estar convencidos de que supervisar el trabajo público no depende de lineamientos unilaterales, emitidos por el gobierno para el gobierno mismo. Son bienvenidas las instituciones de control, pero en ausencia de una decisoria participación social, todo esfuerzo continuará siendo estéril.

El sector privado tiene ahora la oportunidad de participar con mayor intensidad en la rehabilitación de ciudades e infraestructura con tecnología de vanguardia en todo el país, es necesario apartarse de prácticas que busquen medrar con los escasos recursos de los damnificados, a contrario sensu será indispensable que se sumen a la política de transparencia y anticorrupción, más allá del discurso.

La forma de apuntalar la eficacia será la creación de un Consejo Nacional institucionalizado para la reconstrucción, no sólo de los lugares afectados, sino extendida a todo el territorio; con la participación del Congreso, de los especialistas de la sociedad civil: ingenieros, arquitectos, constructores, abogados, financieros, sociólogos, politólogos, etcétera; cámaras empresariales, academia, y otros.

Un paso más firme en la apertura del sistema político es la inclusión de todos los actores, considerados como pares, no como mandantes y subordinados, ubicados en una relación madura, entre adultos conscientes de sus capacidades y responsabilidades sociales. No debe olvidarse que la restauración más importante es la del tejido social, única posibilidad de restablecer la confianza en nosotros mismos.