Todo lo creíble es una imagen de la verdad.
William Blake.
El esfuerzo por la credibilidad electoral, iniciado con la Reforma Política de 1976, se ha tropezado con una realidad que nos atribula: la de la simulación, el engaño y la impunidad. ¡Cuarenta y dos años! Sólo el electorado podrá impedir que, en unas cuantas semanas, se tiren por la borda principios fundacionales de nuestra democracia: la juridicidad, la política y la ética.
La sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el sentido de incluir en la boleta electoral a Jaime H. Rodríguez Calderón, “El Bronco”, como candidato a la Presidencia de la República, exhibe la discrecionalidad con que se puede interpretar el marco jurídico-electoral, lo que pone en riesgo la confianza ciudadana y alienta el abstencionismo.
Al acatar la resolución del TEPJF, el Consejo General del INE hizo públicas las razones conducentes a desestimar los apoyos presentados por el aspirante. Con datos duros y argumentos sólidos, el órgano electoral explica las causas de la negativa en primera instancia que, a pesar de su contundencia, fueron recurridas ante la autoridad judicial, que ordenó dar cabida a un personaje cuestionado, en vez de la restitución del procedimiento. No se midieron las consecuencias —para hoy y el futuro— respecto del daño a la figura de las candidaturas independientes y sobre todo al Estado de Derecho.
El susodicho “Bronco”, en efecto, combinó a la perfección los tres pilares de la corrupción: el engaño, la simulación y la impunidad.
Pero así es la política —diría algún cínico moderno—. Si la realidad estorba, que se fastidie la realidad, y si la ley estorba, haz lo que sea necesario para interpretarla conforme a las exigencias del poder.
¿Dónde queda entonces la política electoral que, nada más y nada menos, funda la integración de las instituciones de gobierno? Se fue al olvido.
El pragmatismo político que experimentamos probablemente sea capaz de asimilar el golpe y poner la esperanza en que mañana habrá otra noticia que opaque a la de hoy. Sin embargo, el daño ya está hecho.
¿A quién ayuda el fiasco procedimental? Independientemente de restar o sumar votos para cualquiera de los candidatos coligados, bajo ninguna óptica abona al sistema, más bien lo desprestigia.
El embrollo constitucional y legal, dispuesto a fin de posibilitar el acceso a puestos de elección por la vía independiente, determinó requisitos inalcanzables para los ciudadanos con legítimas intenciones que lo pretendieran. Desde el diseño, se dibujó su fracaso, debido a la sobrerregulación que adultera el propósito de la norma y a la burocratización que dificulta su materialización.
Aún con la conciencia de que difícilmente se podría cumplir, los legisladores, por supuesto provenientes de partidos políticos, decretaron la meta del uno por ciento de la lista nominal, disperso en diez y siete entidades federativas, como apoyo a las candidaturas independientes, supuestamente en prevención de participaciones carentes de respaldo ciudadano. Fue así que la capacidad de movilización de los Independientes resultó insuficiente.
A pesar del hartazgo hipotético de la ciudadanía acerca de los partidos, fue escaso el interés frente a esta innovación presuntamente construida para estimular la democracia.
Por si fuera poco, no se constató la probidad de los promotores de cada candidatura ni las dificultades técnicas para el acopio, la transmisión electrónica de los datos ni la verificación de los apoyos en tiempo y forma.
Las condiciones para eludir o evadir la norma estaban dadas. Ello condujo a excluir, hasta ahora, a ochenta y cinco de los ochenta y siete aspirantes a la Presidencia inicialmente inscritos. El derecho a ser votado quedó en segundo término. En cambio, se optó por un procedimiento cuyo mérito consistía en demostrar una fuerza meramente cuantitativa, alcanzable mediante la estrategia de tomar atajos para llegar a la meta.
Así, el ensayo resultó insuficiente y mezquino para la ética pública. El aprendizaje ha consistido en corroborar que la vida democrática de nuestro país demanda mejores instrumentos para afianzar la credibilidad de la ciudadanía en sus instituciones.