Mi ideal político es el democrático.
Cada uno debe ser respetado como
persona y nadie debe ser divinizado.
Albert Einstein.
La capacidad de decisión del ciudadano a prueba
La semana pasada reflexionamos sobre la institucionalización del Sistema Nacional Electoral. Esta transición, si bien lenta, ha sido efectiva para dar cabida a expresiones diversas, para dirimir conflictos derivados de intereses políticos, sociales y económicos contrapuestos y para encauzar las decisiones nacionales.
A pesar de lo logrado, el sistema ha resultado insuficiente para dotar de plena credibilidad a los procesos. Entre muchas otras especulaciones aún subsisten numerosas interrogantes: ¿Cuánto cuestan las elecciones en México? ¿Cómo se integra el Consejo General del INE? ¿Qué es el Programa de Resultados Preliminares (PREP)? ¿Cuál es el papel del Tribunal Electoral? ¿Cómo se sanciona a los Consejeros que se equivocan en sus decisiones? ¿Cómo se penaliza a los partidos? ¿Por qué hay incredulidad en torno a las campañas, partidos y candidatos? ¿Qué tan amplia será la abstención?
A fin de comprender mejor la complejidad que supone organizar y llevar a buen puerto una elección presidencial, nueve gubernaturas, la renovación del Congreso de la Unión y de dos mil seiscientos noventa y siete cargos locales, quiero referirme a las múltiples variables que concurren a este ejercicio. Veamos:
- El presupuesto del INE para 2018 asciende a 24 mil 215 MDP. De esta cantidad, los nueve partidos políticos nacionales con registro recibirán casi 12 mil millones de financiamiento público.
- De esa misma bolsa los Organismos Públicos Locales destinarán $5 mil 130 millones a los partidos aprobados por las legislaturas de los estados.
- El costo estimado de un sufragio, en caso de que votaran todos los inscritos en la lista nominal (casi noventa millones), sería de alrededor de ochenta pesos (equivalente a tres coca-colas familiares). Este costo aumentaría en la medida que se incremente la abstención.
En comparación con los de otros países y por las características de nuestra democracia electoral, los comicios se encuentran sobrerregulados. Para quien desconoce la cultura política mexicana y la desconfianza que le rodea, puede sorprenderle la abundancia de disposiciones jurídicas involucradas.
Actualmente puede contemplarse una gama extensa de ordenamientos a partir de nuestra Constitución Política (artículos 35, 39, 40 y 41); la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y los códigos electorales estatales ajustados a la misma. Se suma la Ley General de Partidos Políticos; la Federal de Consulta Popular; la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la General en Materia de Delitos Electorales; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo relativo al Tribunal Electoral; los tribunales electorales estatales; el Estatuto del Servicio Electoral Nacional y de la Rama Administrativa; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que incluye a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); el conjunto de acuerdos emitidos por el Consejo General del INE y las regulaciones establecidas en las constituciones locales en cuanto a las elecciones por usos y costumbres de los pueblos originarios.
Con este sustento jurídico, el Instituto Nacional Electoral dirige la política pública en todo el país y el voto de los mexicanos en el extranjero. El INE cuenta con una estructura centralizada con la que ejerce la rectoría en todo el sistema y homologa la organización electoral en el territorio nacional. A través de los Órganos Públicos Locales aplica de manera descentralizada la legislación y las prácticas en cada uno de los estados. Sucede lo mismo con los distritos electorales federales y locales y en los municipios. Así se integran los propósitos democráticos en toda la Federación. Las elecciones concurrentes de este año son un ejemplo de ello.
El INE cuenta con once Consejeros Electorales, con representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo. Distribuye, asimismo, sus tareas en nueve comisiones permanentes (Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación, Prerrogativas, Fiscalización, Radio y Televisión, entre otras) y ocho comisiones temporales establecidas para el proceso electoral actual.
El personal permanente del INE suma 17 mil servidores públicos (12 mil en plazas presupuestales y 5 mil por honorarios), más 3 mil 800 adscritos a órganos locales. El Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa representa +/- el 20% del personal. A ello hay que agregar al personal que trabaja en el Tribunal Electoral y en la FEPADE.
Se han impreso 520 millones de boletas (cada una con un costo de 74 centavos). Se instalarán 156 mil casillas, en las cuales 1 millón 400 mil mexicanos actuarán como funcionarios electorales honoríficos, que constituyen una ciudadanización verdadera del sistema electoral. Estos ciudadanos fueron incluidos voluntariamente. Se capacitaron, se les dotará con material electoral y los apoyos necesarios para esta jornada.
La adquisición de bienes, servicios y recursos tecnológicos se sujeta a las leyes federales y/o locales correspondientes. Se firmó un acuerdo de transparencia entre el INE y el INAI en materia de protección de datos personales.
Serán procesadas 460 mil actas que se publicarán en internet, alimentarán el muestreo del PREP (+/- 7000 casillas); éste es un sistema estadístico que provee información sobre tendencias de resultados con un margen del +/- 95% de confiabilidad. Adicionalmente se cuantificará el voto de ciudadanos en el extranjero.
¿Qué pasa si se presentan impugnaciones? De acuerdo con la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, están previstos tres recursos: Revisión, Apelación y Reconsideración, y tres tipos de juicio: de Inconformidad, de Revisión Constitucional Electoral y de Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.
Todo lo que hemos compartido constituye un escenario formal que cotidianamente confronta una pseudo-realidad, producto de estrategias mercadológicas que hoy se hacen presentes con obstinación inusitada. La insistencia en resaltar errores o fallas atribuibles a los partidos y la denostación entre candidatos, propician un clima de enfrentamiento que no ayuda a encauzar una competencia leal.
Es evidente que se ha construido una sólida estructura electoral, pero no está exenta de conflictos. ¿Cuáles de ellos son previsibles?
- El desconocimiento de resultados: presidencial, para gobernador en alguno de los nueve estados, legislativas federales y/o locales, de ayuntamientos o en la Ciudad de México;
- Denuncias de presuntos delitos electorales en casillas y distritos,
- Extensión de la violencia.
A fin de avanzar en la tarea democratizadora de México, debemos superar estas circunstancias. Un elector, llevado por la mercadotecnia política, puede ser presa de emociones ajenas a la razón, arriesga su derecho de elegir con libertad.
No debemos descalificar, a priori, nuestro Sistema Nacional Electoral. De ser así, estaríamos cultivando el campo de la desconfianza. Los ciudadanos contamos con elementos suficientes para emitir un voto informado. ¡Somos corresponsables de un destino colectivo!